El régimen Ortega Murillo sacó de la directiva que controla los aeropuertos de Nicaragua al vicetitular del Ministerio del Interior (Mint), comisionado general Luis Roberto Cañas, que, por su participación en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en 2018, fue sancionado recientemente por Estados Unidos. Pese a la salida de Cañas, el control de las terminales aéreas seguirá en manos de militares, ya que su lugar lo ocupará su subordinado, el comisionado general Juan Emilio Rivas, actual director general de Migración y Extranjería.
Como vicetitular del Ministerio del Interior (Mint), el comisionado Cañas ejerce un papel fundamental en la política represiva de los Ortega Murillo. Desde su cargo controla a quién le entregan o niegan el pasaporte, quién puede entrar o salir del país y, tras la anulación de más de 5,500 organizaciones de diversos ámbitos de la sociedad civil, cuáles pueden seguir funcionando.
Hace dos meses, en ocasión del octavo aniversario del inicio de la crisis sociopolítica que aún afecta al país, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al comisionado Cañas en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026 (Div. F, PL 119-75).
Cañas sancionado por violaciones a los DD. HH.
«Hace casi ocho años la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron a la creciente tiranía, corrupción y abusos del régimen. Hoy, para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados posteriormente, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, bajo la Sección 7031(c) por su participación en graves violaciones de los derechos humanos», dice el anuncio de la designación.
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El comisionado Cañas integraba la directiva de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales (EAAI) desde el 22 de febrero de 2022. Su ingreso a ese espacio se concretó mediante el Acuerdo Presidencial número 15-2022 publicado en el diario oficial La Gaceta el 22 de febrero de ese año.
Dicho acuerdo reformó el Acuerdo Presidencial número 224-2016 publicado en La Gaceta el 7 de diciembre de ese año, para elevar de cuatro a cinco la cantidad de miembros de la junta directiva de la EAAI. Esa reforma también sirvió para oficializar la salida del sector privado de esa instancia, aunque, en la práctica, eso ocurrió antes, cuando a raíz del estallido social de 2018, el entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri Chamorro, abandonó el puesto directivo que le otorgaron en 2016.
Militares controlan aeropuertos
Estos cambios se concretaron mientras miles de migrantes de todo el mundo aprovechaban el puente aéreo que los Ortega Murillo les ofrecían a través del Aeropuerto Internacional de Managua, para que desde aquí acortaran su travesía por tierra hacia Estados Unidos.
En 2025, cuando, a través del Acuerdo Presidencial 53-2025 publicado en La Gaceta el 8 de abril, les quitaron el control de la EAAI a los civiles para pasarla a los militares, Cañas se mantuvo en el puesto. Con dicho acuerdo retiraron de la directiva a Aleyda Isabel Molina Lacayo, que, en su calidad de gerente general, coordinaba la directiva de la EAAI. Ella fue sustituida por el comisionado general en retiro Iván José Escobar Ramírez, que es el director general de la EAAI.
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La EAAI administra el Aeropuerto Internacional de Managua Augusto C. Sandino y las terminales aéreas nacionales de Puerto Cabezas, Bluefields, Corn Island, Ometepe, San Juan de Nicaragua y Costa Esmeralda. A criterio de dirigentes políticos y especialistas en seguridad, que la EAAI esté dominada por militares garantiza la vigilancia y el control de las entradas y salidas de personas de interés para la dictadura Ortega Murillo.
Militares garantizan represión
La salida del comisionado Cañas de esa directiva se concreta mediante el Acuerdo Presidencial número 80-2026 publicado en La Gaceta el 16 de junio. El documento ordena sustituirlo por el comisionado general Juan Emilio Rivas Benites, que, como director general de Migración y Extranjería (DGME), es un subordinado de Cañas.
Además de Escobar Ramírez y Rivas Benites, la directiva de la EAAI la integran también el coronel en retiro Walner Abraham Molina Pérez, director general del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), que actúa como secretario de la junta directiva. También Carlos Selva Hernández, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y Félix Vladimir Granados Echegoyen, en representación del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
A criterio de dirigentes políticos y empresariales que piden no identificarlos, estos nombramientos sirven para pagar lealtades a retirados de la Policía y el Ejército y reflejan que estos nombramientos son fruto de la cooptación de estas instituciones por la dictadura.
«La presencia de policías y militares les garantiza el funcionamiento efectivo de los mecanismos represivos que establecieron para prohibir el ingreso o salida del país de las personas consideradas de interés nacional. Término que se ha vuelto común para designar a quienes les niegan su derecho a entrar o salir del país y a recibir documentos de identidad como el pasaporte», señala un especialista en seguridad que pide no mencionar su nombre.
