La nueva Constitución que está dictando el régimen sandinista de Ortega y Murillo reduce el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y de la Contraloría General de la República.
De manera que se eliminan 25 altos cargos parasitarios en la cúpula del Estado, que han consumido por años un cuantioso presupuesto financiado con los impuestos de la gente que trabaja, produce y consume gracias a sus propios esfuerzos.
El abultamiento del aparato de altos cargos en el Estado fue por el pacto que hicieron Daniel Ortega y el FSLN con Arnoldo Alemán y el PLC para repartirse el botín estatal y, supuestamente, con el fin de alternarse en el poder por tiempo indefinido. Eso fue lo que prometió Ortega a Alemán para que le ayudara a ganar la Presidencia de la República a cambio de protegerlo de las acusaciones, juicios y condenas por corrupción.
Ortega cumplió el compromiso durante 17 años, pero solo la parte de la repartición bipartidista de los altos cargos del Estado, pues al de alternarse en el poder presidencial le puso fin cuando se reeligió fraudulentamente en 2011. Y ahora le pone fin del todo mediante el cambio constitucional que está dictando autocráticamente.
De manera que al PLC, que desde hace tiempo dejó de ser fiel a su antiguo caudillo Alemán, Ortega solo le deja unos cuantos diputados que están en la Asamblea Nacional solo para simular un pluralismo que no existe realmente y sobre todo para avalar los proyectos sandinistas.
En abril de 1990, cuando doña Violeta Barrios de Chamorro asumió el poder presidencial, la Corte Suprema funcionaba con siete miembros, de los cuales cuatro eran sandinistas y tres independientes. Durante su período de gobierno la cantidad de magistrados fue aumentada a 12 (ocho democráticos y cuatro sandinistas), de conformidad con la nueva correlación de fuerzas políticas en aquel período histórico.
Sin embargo, como ya lo dijimos, por el pacto de Alemán con Ortega y para repartir entre sus partidarios de más confianza el botín de los altos cargos estatales, aumentaron el número de magistrados hasta 24. Cantidad que ahora es reducida por Ortega porque el pacto con Alemán ya no le sirve.
No obstante, la reducción del número de altos cargos en las instituciones judicial, electoral y Contraloría no significa que habrá en ellas un cambio positivo. Seguirán envilecidas por la corrupción y el sometimiento al poder ejecutivo autocrático.
Y así será hasta que Nicaragua vuelva a ser República, para decirlo con las palabras emblemáticas del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.