La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó a Nicaragua recientemente para evaluar el manejo gubernamental de la economía nacional expresó en el informe al concluir su trabajo, que dadas las circunstancias internas y exteriores la situación del país es buena en términos generales.
Nicaragua “mantiene un sólido desempeño económico, sustentado en políticas macroeconómicas prudentes y flujo de remesas muy fuertes”, reconoce el FMI. Admite que sigue habiendo mucha pobreza en el país, pero asegura que se ha reducido en los últimos años y la economía sigue creciendo, aunque no con la dinámica deseable. En ese sentido el informe indica que se podría y debería crecer más económicamente, si se ejecutan las recomendaciones que se indican en el documento entregado al gobierno y luego hecho público.
Las recomendaciones del FMI se basan en la constatación de que “las acciones recientes que afectan a los derechos de propiedad y las reacciones a las sanciones internacionales pueden obstaculizar las decisiones de inversión”. De manera que, según el informe, es necesario tomar las medidas apropiadas para “mejorar significativamente el Estado de derecho y salvaguardar la independencia judicial para apoyar a los inversores”.
Añade el reporte de los expertos del FMI que “garantizar la independencia judicial, tal como lo proporcionan los pactos internacionales ratificados por Nicaragua, el fortalecimiento de la transparencia de los procedimientos administrativos y judiciales que impliquen derechos de propiedad y garantizar un recurso adecuado, efectivo y justo”, es indispensable para que la salud económica de Nicaragua siga siendo básicamente buena.
Eso significa, en sentido contrario, que la economía nacional se podría arruinar por el efecto combinado de factores internos, como la persistencia del régimen autoritario y la falta de reformas democráticas socioeconómicas y políticas, y externos como las sanciones internacionales por las violaciones masivas y sistemáticas a las libertades democráticas y los derechos humanos.
Sin embargo, casi al mismo tiempo que la misión del FMI daba a conocer sus sanas recomendaciones para el mejoramiento de la economía nacional, el régimen presentó para su inmediata aprobación una reforma constitucional total y radical con el fin de abolir definitivamente el sistema democrático y sustituirlo con el poder autocrático y autoritario, de marcado corte totalitario. Lo que de hecho ya existe, y funciona con ferocidad, pero a partir de ahora será ya constitucional.
En esta situación las recomendaciones del FMI de reparar y mejorar las instituciones de la democracia para, a su vez, lograr el mejoramiento de la economía, ha venido a parecer una ironía, o sea una burla disimulada, cuando no una mofa cínica y descarada.
Pero lo cierto es que el FMI como institución internacional encargada de velar por la salud económica de los países que son parte de ella ha cumplido su deber y actuado de buena fue al hacer al Gobierno de Nicaragua las recomendaciones mencionadas. Los miembros de la misión del FMI que estaban en Nicaragua haciendo su trabajo no podían saber que al mismo tiempo, y en las sombras, el régimen planeaba abolir de manera definitiva las ya estragadas instituciones democráticas.
La verdad es que para Daniel Ortega y Rosario Murillo su proyecto personal, familiar y partidista de perpetuarse en el poder por medio de la fuerza represiva y los procedimientos políticos más autoritarios, inclusive totalitarios, está por encima de la importancia de que el país tenga una sana y robusta economía. Y de trabajar, como es el deber de los gobernantes en un sistema político decente, por el bienestar de toda la población.
De manera que, al no ser atendidas las recomendaciones del FMI, y por el contrario radicalizar el poder político autoritario y hacerlo totalitario, lo que puede venir es una descomposición total de la economía nacional y popular. Y que Nicaragua caiga en la desgraciada situación en que se encuentran los pueblos de Cuba y Venezuela.