El Diccionario de la Lengua española en línea ofrece 21 significados de la palabra incómodo, entre ellos, molesto, desagradable, fastidioso y perturbador.
Al parecer todo eso es el régimen de Nicaragua para los gobiernos democráticos centroamericanos, que siguen vetando —de hecho— a todos los candidatos que su socio nicaragüense ha propuesto para el cargo de secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Los cancilleres de todos los gobiernos de Centroamérica debían reunirse este viernes 29 de noviembre para elegir a tal funcionario de entre la última terna presentada por el régimen de Managua, en la que destaca el excanciller sandinista Denis Moncada Colindres. Pero los demás cancilleres encontraron otro pretexto para no hacer la reunión, a pesar de que sería en línea, lo que provocó una airada reacción del régimen nicaragüense.
Es que, de acuerdo con la regla de rotación de la Secretaría General del SICA, a Nicaragua le corresponde ejercerla en el período de 2022 a 2026. Sin embargo, el Gobierno no puede nombrar directamente al secretario general, tiene que proponer una terna al conjunto de cancilleres para que estos lo escojan o elijan.
El cargo está vacante desde noviembre de 2023, cuando sin explicaciones renunció el nicaragüense Werner Vargas, quien con dificultad había sido elegido por los cancilleres de los otros países socios del SICA que evidentemente recelan del gobierno de Nicaragua. ¿Por qué? Pues porque no es un gobierno democrático.
El Protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado internacional creador y regulador del sistema de integración centroamericana, establece en su artículo 3 que el objetivo del proceso integracionista de Centroamérica es “constituirla como región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”.
En el mismo artículo define los propósitos de la integración centroamericana, destacando el primero que es “consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos”.
Pero el Gobierno de Nicaragua no es democrático, gobierna por medio de la fuerza, se reelige una y otra vez de manera fraudulenta, ha prohibido y abolido las libertades fundamentales de las personas y no respeta en nada los derechos humanos.
En la furibunda carta que el régimen orteguista envió a los cancilleres centroamericanos, protestando porque volvieron a suspender la reunión para no elegir al secretario general del SICA, amenaza con “tomar algunas medidas” que no especifica, acusándolos de “negar absoluta y demencialmente la facultad de nuestro País de nombrar a sus propios candidatos”.
Pero es que ningún candidato del régimen de Ortega y Murillo es elegible para secretario general del SICA. De acuerdo con el artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa, el secretario general tiene que ser una “persona de reconocida vocación integracionista, con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad”. Y el artículo siguiente agrega que el secretario general del SICA y su personal “actuarán tomando únicamente en cuenta su servicio exclusivo al Sistema de Integración Centroamericana y no solicitarán ni recibirán instrucciones de Gobierno alguno”.
Obviamente, por su naturaleza política dictatorial, caudillista y absolutista, ninguna persona que proponga el régimen sandinista de Nicaragua para secretario general del SICA puede llenar esos virtuosos requisitos de calidad. Extrañamente, al parecer, Werner Vargas los llenaba y por eso fue aceptado por los cancilleres centroamericanos, pero renunció misteriosamente poco tiempo después de haber sido elegido.
Lo que pasa es que muy difícilmente pueden convivir gobiernos democráticos y respetuosos de los derechos humanos con el régimen de un país que es todo lo contrario. Pero, por las reglas establecidas no lo pueden excluir, de manera que tienen que recurrir a maniobras para por lo menos demorar lo más que sea posible el nombramiento de un funcionario de tanta importancia como es el secretario general del SICA.
Los presidentes que diseñaron la arquitectura política de la integración centroamericana, entre ellos la de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro, eran todos democráticos y no previeron que volvería a haber un régimen como el sandinista. Pero volvió, porque debido a las fechorías de cierta clase de políticos suceden esas recurrencias históricas desagradables.
La verdad es que los gobiernos democráticos del SICA deberían promover una reforma del Protocolo de Tegucigalpa que permita poner en “cuarentena” y suspender sus derechos políticos al país que se salga de la órbita de la democracia para convertirse en una dictadura. Sin que eso implique afectar las relaciones comerciales propias de la integración económica.