El pasado 10 de noviembre se confirmó la muerte Santos Sebastián Flores Castillo, en una celda de máxima seguridad en la cárcel Modelo de Tipitapa. Según los funcionarios del penal, él se suicidó. Pero organismos defensores de derechos humanos descartan esa posibilidad. Pues en su celda no tenía nada, ni siquiera una sábana, también porque era custodiado permanentemente. Pero este no es un caso aislado en Nicaragua, es uno más en una larga lista de presos políticos y comunes, que enferman o mueren en las cárceles bajo oscuras circunstancias.
“La muerte del señor Flores castillo deja en evidencia los riesgos que enfrentan los reos políticos en las cárceles de Daniel Ortega. Estos asesinatos no son nuevos… los informes del Cenidh recogieron casos desde 1990 y es una práctica que viene desde el tiempo del somocismo. Esto que está pasando confirma que aquí se está dando una reproducción macabra y con creces de la dictadura de Somoza”, dice Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Flores Castillo era abogado y permaneció en las celdas de máxima seguridad desde el 17 de junio 2013. Su caso se considera político porque lo enjuiciaron después de denunciar que Daniel Ortega había violado a su hermana. Una menor con la que Ortega habría mantenido relaciones desde que ella tenía 15 años y con la que habría tenido una hija, que fue inscrita por uno de sus asesores.
Defensores de derechos humanos de organismos nacionales e internacionales han denunciado que el Estado incumple las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Reglas Nelson Mandela
La primera regla establece: “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse
ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes”.
Y el inciso 1 de la segunda regla habla de no discriminar a los reos por su opinión política. “Las presentes reglas se aplicarán de forma imparcial. No habrá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Deberán respetarse las creencias religiosas y preceptos morales de los reclusos”.
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Algunos de los casos más recientes
Al caso de Flores Castillo se suman al menos ocho muertes más, de reos comunes y políticos registrados en los últimos años. Entre los más recientes están los de:
- Santos Orlando Obando Narváez, murió el 13 de agosto de 2021 en las celdas preventivas de la policía en Malacatoya, Granada. La policía dijo que se suicidó.
- Walter Raúl Martínez Barrios, murió el 12 de agosto de 2021 en las celdas preventivas del Distrito Uno de la policía en el Gancho de Caminos, Managua. La muerte se atribuyó a un infarto al miocardio.
- Justo Rodríguez, originario de la Isla de Ometepe y secuestrado el 20 de abril de 2020. Lo acusaron de ser parte de un grupo de ciudadanos que conmemoró el segundo aniversario de la Rebelión de Abril en su natal Ometepe; aunque su familia asegura que simplemente observó lo celebración. A los cuatro meses de estar encarcelado en el Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo, sufrió un derrame cerebral. Esto habría ido causado por los golpes que le propinaron en la cárcel y que le provocaron varios coágulos que le afectaron el cerebro. Rodríguez permanece parapléjico.
- Eddy Montes Praslín, era originario de Matagalpa pero también tenía nacionalidad estadounidense. Fue encarcelado a raíz de las protestas de 2018; y asesinado el 16 de mayo de 2019 cuando un custodio de la cárcel Modelo e disparó con un AK-47.
- Carlos Manuel Blandón López, murió el 22 de junio de 2028 en las celdas preventivas de la estación policial de Waslala, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Según la policía el reo se suicidó.
- Gerónimo Hernández González, murió de neumonía el 4 de mayo de 2016, en las celdas preventivas de la unidad departamental de la policía en Matagalpa.
- Valerio David Romero Hernández, murió el 20 de mayo de 2015, de insuficiencia respiratoria aguda, en las celdas preventivas de Chinandega.
- Eladio Antonio Osorio Medina, murió el 29 de noviembre de 2015 en las celdas preventivas de Chinandega. La policía atribuyó la muerte a las consecuencias provocadas por una golpiza que le dieron sus compañeros de prisión.
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Las muertes de los presos quedan en la impunidad
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, independientemente de que estas personas estén privadas de libertad, sin importar el motivo, todos sus derechos incluida la vida, es responsabilidad del Estado de Nicaragua. Por tanto, estos casos deben investigarse y castigar a los culpables.
“Lo que le pase a todo privado de libertad es responsabilidad del Estado. Ya sea que sufra una agresión por otros privados de libertad o por un funcionario del sistema penitenciario, en cualquiera de los casos debe haber una investigación y máxime si la persona muere”, dice Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más.
Según los especialistas, el Estado está obligado a garantizar la integridad física y psicológica de los privados de libertad, por tanto, deberían evitarse situaciones que pongan en riesgo su integridad. Y cuando estas ocurren, deben realizarse investigaciones exhaustivas, para determinar responsabilidades y sancionar a los responsables. Pero también para darle a la familia la tranquilidad de saber cómo ocurrieron los hechos y cómo se castigó a los responsables.
Otros reos no han muerto, pero quedan mutilados
“Pero en la medida en que el Estado de Nicaragua va restringiendo y limitando los derechos a las personas privadas de libertad sin que haya ninguna investigación los casos van quedando en la impunidad”, dice Flores.
Y es precisamente la impunidad lo que caracteriza las muertes mencionadas anteriormente. Pero también otras que no han tendido mucha difusión o cuando el reo no muere pero queda mutilado. Uno de los casos más conocidos es el de Juan Rafael Lanzas Maldonado. Él fue arrestado en diciembre de 2017 en Matiguás, Matagalpa.
A la golpiza que le propinó la policía, se sumaron las condiciones precarias de encarcelamiento en la delegación policial de Matagalpa a donde lo trasladaron. Donde además, le negaron atención médica oportuna, eso provocó que sus lesiones se complicaran a tal nivel que tuvieron que amputarle ambos pies.
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Agotar vía interna para buscar justicia en tribunales internacionales
Según los especialistas, estos casos deberían denunciarse inicialmente en las instancias respectivas de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Pero ante la falta de independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia en Nicaragua, las familias de las víctimas deben buscar justicia en los tribunales internacionales.
Se ha denunciado en varias instancias que desde el levantamiento social de 2018 se ha agudizado el irrespeto de los derechos. También la violación a las normas internacionales referidas al trato que deben recibir los privados de libertad. Y en el caso de los presos políticos, a la restricción de sus derechos se suman acciones de odio, como limitar la alimentación o el acceso a los medicamentos o comunicación con sus seres queridos. Estas acciones causan deterioro a la salud y con el tiempo podría provocar la muerte de los afectados.
Según Núñez, el régimen Ortega Murillo lo único que ha cambiado son los métodos para asesinar a los presos y no solo a los políticos sino también a los comunes. “Somoza les aplicaba la ley fuga y ahora usan otros métodos. Ahora dicen que se suicidaron o que mueren de alguna enfermedad, pero al final no investigan, entre ellos se encubren y los casos van quedando en la impunidad”, asegura Núñez.
A nivel internacional se debe acudir a la CIDH y el CDH de la ONU
Al no conseguir justicia en las instancias locales, las familias deben elevar las denuncias al Sistema Interamericano de derechos Humanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El otro mecanismo que existe es el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Actualmente existen denuncias de las violaciones a los derechos de los privados de libertad en ambas instituciones.
En ambas instancias los procesos son largos y a veces sus resoluciones no son respetadas por los Estados. Tal como ocurre actualmente con las medidas cautelares y provisionales que tienen varios presos políticos en Nicaragua; sin embargo, lo importante es denunciar para evitar la impunidad.
“Porque en la medida en que los casos no se denuncian los perpetradores van quedando en la impunidad; y esta podría evitarse si se acude a los mecanismos internacionales y se denuncia y se demandan las sanciones respectivas”, asegura Flores.
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Los presos políticos de la DAJ corren más riesgos
Por su parte Núñez, considera que actualmente aunque la situación no se puede generalizar, a lo interno del sistema penitenciario, los presos están en gran riesgo. Porque los funcionarios del sistema penitenciario los pueden agredir, pero también lo pueden hacer otros reos que son usados para acosar y reprimir a sus compañeros de prisión.
Sin embargo, ella considera que actualmente los reos que más riesgos enfrentan, son los 39 presos políticos que permanecen en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote.
“Ellos corren un riesgo mayor por las circunstancias que ya sabemos que enfrentan. Pero también por la amenaza vertida por Daniel Ortega cuando dijo en un discurso reciente que los presos políticos no son nicaragüenses, que dejaron de serlo hace rato. Ellos pueden ser expulsados del país, no sería la primera vez que lo hacen. Hay antecedentes, así lo hicieron con Ana Quiroz. Ella no estaba presa pero la citaron a migración y la fueron a dejar a la frontera de Costa Rica; entonces es justificada la preocupación de los familiares ante esa amenaza pública de Ortega”, señala Núñez.