Joel Hernández, relator para los derechos de personas privadas de libertad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera que la situación que atraviesan los presos políticos, a once meses del inicio de las protestas en Nicaragua, es “inusitada” y está dejando una “marca indeleble” en la lista de zonas de atención prioritaria para la Comisión.
Cerca de seiscientas personas aún siguen presas en los penales por manifestarse contra el régimen de Daniel Ortega.
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“Tenemos en efecto conocimiento que suceden actos de violencia, en donde llegan agentes del Estado a La Modelo, llevan a cabo actos de represión, de golpes, y luego las personas son puestas en celdas de aislamiento o en celdas de máxima seguridad, restringiendo con ello el acceso al aire libre”, lamentó Hernández.
Caso destacable en región
El caso de Nicaragua es destacable en América Latina. “Yo creo que nuestra región no había visto en mucho tiempo una situación similar; el hecho que en tan poco tiempo haya sucedido tal número de violaciones a los derechos humanos en contra de la población, está dejando una marca indeleble en nuestra lista de zonas de atención prioritaria”, expresó Hernández al Diario LA PRENSA, vía telefónica.
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Hernández es también primer vicepresidente de la CIDH. Explicó que la comisión, con base a información de organizaciones de la sociedad civil, había contabilizado alrededor de 777 personas privadas de libertad, pero según el Estado de Nicaragua son 372 personas, entre presas y acusadas; de estas, 345 son hombres y 27 mujeres.
A estas cifras se debe restar las 150, que, según el Ministerio de Gobernación, han sido excarceladas bajo diferentes medidas cautelares desde el 27 de febrero, en el marco de la negociación entre el régimen orteguista y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que busca una supuesta salida a la crisis.
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Tomando como referencia los datos proporcionados por el régimen orteguista, en las cárceles quedarían 222 personas tras las excarcelaciones; sin embargo, según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, en los penales existen aún cerca de seiscientos reos políticos.
“Número altísimo”
Para el comisionado Hernández, aun con la cifra de presos proporcionada por el Estado, es un “número altísimo” e impone a los poderes públicos —poder judicial y Ministerio Público— un trabajo de alta carga, donde son necesarios esfuerzos titánicos para poder proveer un juicio justo y apegado al debido proceso.
“Es muy alto e impone una carga superior para cualquier Estado, sobre todo cuando existe una visibilidad de esta situación (crisis sociopolítica) y existe una preocupación en toda la comunidad internacional por lo que está sucediendo”, expresó.
En estos once meses de lucha cívica, más de trescientas personas fueron asesinadas, víctimas de la violenta represión estatal contra la población que demanda la salida del poder de Daniel Ortega.
A la par, la situación de estos presos políticos es otro de los dramas que se vive en la Nicaragua convulsionada.
Hay personas, familias, y cada una tiene una situación particular, en especial, las personas que se encuentran enfermas, que están en alta vulnerabilidad, explicó el comisionado Hernández.
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El funcionario indicó que se debe empezar a tener un registro certero de las personas que fueron detenidas en el contexto de la protesta cívica, y en ese sentido, la comisión ha pedido en diversas ocasiones al Estado que se sienten a la mesa a cotejar los datos, pero a la fecha eso no ha pasado.
Las razones por las que el comisionado Hernández cataloga la situación de los privados de libertad en Nicaragua como una situación “inusitada” se basa en las detenciones a personas que no estaban cometiendo ningún delito, es decir, fueron capturas sin una orden judicial; detenciones por parte de personas vestidas de civil.
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La CIDH ha conocido relatos de mujeres que estaban en el Chipote y las levantaban durante las madrugadas para que tomasen baños de agua fría, o para que hicieran sentadillas desnudas.
“Son tratos inhumanos y degradantes”, lamentó.
Estado es el garante
Cuando una persona se encuentra privada de la libertad, el Estado es el garante de la seguridad y de la integridad física y psicológica de esa persona, explica el relator para los derechos de personas privadas de libertad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese sentido, las personas se encuentran realmente desprovistas de cualquier mecanismo de defensa, “están auténticamente en las manos del Estado”, por lo tanto, el Estado tienen esa obligación de brindar un trato digno a las personas encarceladas.