La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) otorgó medidas urgentes a favor de seis presos políticos en Nicaragua, al considerar que se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables en sus derechos. A la vez, reiteró que el Estado de Nicaragua, bajo el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desatiende las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma Corte.
Los seis presos políticos a quienes se les otorgaron medidas urgentes son: Eddie Moisés González Valdivia, Steadman Fagot Muller, Eveling Carolina Matus Hernández, Lesbia del Socorro Poveda, Carmen María Sáenz Martínez y Víctor Boitano Coleman, “a efectos de que se protejan eficazmente sus derechos a la vida, integridad personal, salud y libertad personal”, según reza la resolución de la Corte emitida el pasado 5 de marzo y firmada por la presidenta de este tribunal, Nancy Hernández López, y el secretario Pablo Saavedra Alessandri.
“En el caso de los seis propuestos beneficiarios a los que se refiere esta resolución, la situación de riesgo es especialmente grave, debido a que no se contaría con información sobre su paradero”, señala la resolución.
Desde agosto de 2021, el Estado de Nicaragua no participa en las sesiones de la Corte-IDH. En noviembre de 2022, este tribunal declaró al Estado en desacato permanente por no responder a las demandas de liberar a los presos políticos.
Desaparición forzada
En todos los casos, la dictadura no informa a los familiares sobre el paradero de los presos políticos, por lo que la Corte señala que se encuentran en desaparición forzada.
“Al respecto, esta Presidencia nota que solo en el caso del señor González Valdivia hubo alguna información inicial sobre su destino. Sin embargo, las familias y los representantes de todos los propuestos beneficiarios, incluido el señor González Valdivia, han informado, a través de la Comisión Interamericana, que no tendrían certeza sobre su lugar de detención actual, por lo que sostienen que los seis propuestos beneficiarios estarían en una situación de desaparición forzada”, señaló la Corte.
Liberación inmediata de los seis presos políticos
La resolución requiere al Estado que proceda con la liberación inmediata de los seis beneficiarios, garantice acceso a servicios de salud física y mental, y permita a los abogados el acceso a los expedientes judiciales.
En su resolución, la Corte requirió al Estado que informe, a más tardar el 19 de marzo de 2025, sobre la situación de los seis presos políticos y las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo resuelto por el tribunal.
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El 19 de febrero de 2025, la CIDH solicitó una ampliación de medidas provisionales previamente adoptadas por la Corte en el caso: “Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua”.
Al menos la mitad de los beneficiarios padecen enfermedades graves
La Corte señaló que al menos tres de los presos políticos, todos adultos mayores, padecen enfermedades que podrían agravarse ante la falta de atención médica adecuada en prisión. Entre ellos, mencionó el caso de Eddie González, de quien señaló que sufre de laberintitis crónica, diabetes, hipertensión y otros padecimientos.
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La resolución también indicó que Fagot, indígena miskito y adulto mayor, padece diabetes, por lo que necesita atención médica y dosis diarias de insulina.
Asimismo, mencionó el caso del exmilitar Víctor Boitano, arrestado en abril de 2024, quien padece hipertensión, diabetes, problemas circulatorios, apnea del sueño y afectaciones a su salud mental.
Dictadura no responde
La Corte expresó su preocupación porque, pese a que la CIDH dictó medidas cautelares a favor de los seis presos políticos, el Estado de Nicaragua no ha suministrado información sobre las acciones adoptadas para garantizar sus derechos.
Además, instó al Estado a no enjuiciar ni ejercer represalias contra los familiares de los presos políticos.
