El 10 de agosto de 2024 comenzó como un día más en la ciudad de Matagalpa. Poco a poco las calles principales se fueron llenando del ruido de personas rumbo a su trabajo, taxis, autobuses y vendedores ambulantes que vieron cómo varias patrullas policiales iban en caravana a toda velocidad en dirección al barrio Salvador Amador, que está ubicado a solo dos cuadras de la Catedral de San Pedro, el corazón de la ciudad.
Carmen Sáenz se estaba despertando cuando escuchó el ruido de las camionetas y las botas de los oficiales que, armados con fusiles de guerra AK-47, comenzaron a golpear con violencia la puerta de su casa. Eran más de 15 agentes policiales encapuchados. Según lo poco que se sabe, también hubo civiles armados que con el rostro cubierto y a bordo de motocicletas patrullaron aquel barrio céntrico de unas 15 cuadras.
La obligaron a salir de su casa, la montaron en una de las patrullas sin dar ninguna explicación y se la llevaron con rumbo desconocido. Desde entonces permanece desaparecida.
Inmediatamente su familia fue a la estación policial para preguntar por ella. No les dieron respuesta. Esperaron, hicieron llamadas, los recibió un oficial de cargo menor, pero no les dio ninguna respuesta. Al día siguiente, lo mismo.
Carmen Sáenz se especializó en Derecho Canónico
Carmen María Sáenz tiene 49 años. Está casada y tiene dos hijas, una de ellas es aún adolescente. Desde pequeña estuvo involucrada con los grupos juveniles de la Catedral de Matagalpa. Estudió Derecho y posteriormente se especializó en Derecho Canónico. Durante esos años nunca se alejó de la Iglesia católica.
“Siempre fue una mujer correcta, inteligente y preparada. Por eso logró entrar a trabajar en el poder judicial, donde estuvo por más de 20 años y llegó a ser coordinadora del modelo de gestión de Despachos Judiciales”, dijo a LA PRENSA un antiguo compañero de trabajo en el Complejo Judicial de Matagalpa, que por temor a represalias pidió el anonimato.
Lea también: ¿Qué papel juegan las declaraciones de Francisco Díaz como prueba en el proceso contra la dictadura en Argentina?
Esta persona que laboró por más de diez años cerca de Carmen, dijo que durante el tiempo que estuvo en el poder judicial se ganó el respeto de muchos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también recibió odio y envidia por parte de otros trabajadores de dicho poder que miraban cómo ella iba escalando por “méritos propios”, mientras otros se quedaban relegados.
“Doña Carmen nunca fue sandinista. Ella y yo fuimos de las pocas personas que nunca firmamos la famosa militancia. Entonces a los abogados sandinistas les molestaba que ellos, siendo serviles, fueran quedándose en sus mismos puestos, mientras ella iba creciendo”, recuerda este antiguo compañero de trabajo.
Evangelizadora
En los pasillos del poder judicial de Matagalpa la llamaban de forma despectiva como “la iluminada”, porque según amigos y compañeros, ella siempre habla de Dios. “Era reservada y de poca habla, pero te escuchaba y siempre tenía un consejo. Más que una abogada ella en realidad era una evangelizadora”.
Después del inicio de las protestas y la represión en 2018, el odio contra Carmen se incrementó. Una amiga cercana a la familia contó que comenzó a recibir mensajes de amenazas en redes sociales por parte de perfiles anónimos que decían ser miembros del partido Frente Sandinista. Esto la obligó a cerrar sus redes sociales.
“Le poncharon las llantas de su auto, su hija menor recibió presiones en la escuela, incluso la llamaban personas de dentro del poder judicial que le dijeron que tarde o temprano la iban a correr. Todo eso sumado a que ella por su fe no estaba cómoda con la represión en las calles, la hicieron renunciar en 2019”, contó este antiguo trabajador del Complejo Judicial de Matagalpa.
Desaparecida
El 10 de octubre se cumplieron dos meses sin tener noticias de Carmen Sáenz. En esos 61 días, su familia no la ha visto, no saben por qué la detuvo la Policía, de qué se le acusa, no saben cuál es su estado de salud o en qué condiciones se encuentra por lo que organizaciones de la sociedad civil nicaragüense califican su caso y el de ocho personas más como “desaparición forzada”.
El abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, dice que es “alarmante” el incremento de desapariciones forzadas por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Esto no es nuevo, en 2018 lo hicieron con el mismo modo de operación. Las personas son detenidas por la Policía o por agentes paramilitares, los golpean, y luego a los días aparecen en celdas de las estaciones policiales. Las desapariciones antes duraban unas semanas, pero ahora pueden durar muchos meses, como el caso de Brooklyn Rivera (líder indígena miskito), que acaba de cumplir un año desaparecido”, aseveró.
Para Carrión, la práctica de las desapariciones forzadas es una “de las peores torturas” que puede sufrir una persona y su familia. Según el defensor de derechos humanos, esta práctica se utiliza para ejercer un sufrimiento físico, pero sobre todo mental, con el fin de anular a la persona y minimizarla.
“Es horrible, la desaparición forzada es de lo peor para el preso político que está aislado. Ellos pasan las 24 horas pensando en cómo estarán sus seres queridos, le dan vueltas a las cosas en medio de ese aislamiento. Mientras afuera su familia también no deja de sufrir de manera permanente con la pregunta de ¿dónde estará mi familiar? Esta es una de las peores violaciones a los derechos humanos y es un crimen de lesa humanidad”, concluyó el abogado.
La Curia
Gracias a su especialización en Derecho Canónico, Carmen fue nombrada en 2019 por el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, como “promotora de justicia en casos de nulidad matrimonial”.
Según fuentes clericales, este cargo es como el de una jueza en el tribunal eclesial de la Diócesis. “Ella era especialista en Derecho Canónico y Derecho Matrimonial, se encargaba de acompañar los procesos de solicitudes de divorcio. Aunque al final quien recibía la documentación de los casos y quien dictaba sentencia sobre eso era el mismo Vaticano”, afirmó un clérigo que acompañó varios procesos de este tipo.
Este cargo, que era muy importante dentro de la Diócesis de Matagalpa, estrechó la amistad entre monseñor Álvarez y ella. En la oficina central de la curia solo trabajaban cinco personas, una de ellas era Sáenz.
En agosto la Policía arrestó a Álvarez y la curia y sus oficinas siguen hasta la fecha tomadas por los uniformados. La mayoría de personas que trabajan en aquellas instalaciones se exiliaron por temor a ser encarcelados al igual que el obispo Álvarez. De las cinco personas que estaban en la oficina principal, solo Carmen seguía en Nicaragua.
“Ella se quería exiliar. Lo llevaba hablando con su esposo varias semanas y me contactó para hablar sobre la situación, pero no se decidían. Yo le dije a la Carmencita que se fuera, que tarde o temprano iban a ir por ella”, dijo vía telefónica desde el exilio una amiga íntima de Sáenz.
Una semana después fue detenida y desaparecida.
“Fue por su fe”
En agosto de 2024 se publicó la IV entrega del estudio Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida? que detalla 870 ataques cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia católica de Nicaragua, desde abril de 2018 hasta julio de 2024.
El resultado de estos continuos ataques de la dictadura Ortega Murillo es el exilio de 154 personas que son parte del clero nicaragüense y más de 91 religiosos. Además, en ese mismo periodo se han prohibido más de 9,600 procesiones y actividades religiosas en toda Nicaragua.
Lea también: ¿Qué debe hacer la comunidad internacional ante la prueba que le ha puesto Nicaragua al sistema universal de DD.HH?
Un laico que trabajó de cerca dentro de los grupos parroquiales de la Catedral de Matagalpa, desde el tiempo en que el obispo de esa Diócesis era el actual cardenal Leopoldo Brenes, asegura que las únicas razones por las que detuvieron a Carmen Sáenz “fue por su fe, su pasado en el poder judicial, y para hacerle daño a monseñor Álvarez”.
Persecución contra la Iglesia no cesa
El mismo 10 de agosto, unas horas más tarde de la desaparición forzada de Carmen Sáenz, la Policía detuvo a la señora Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, de 58 años, quien también trabajaba con la Curia en un proyecto que otorgaba microcréditos a campesinos de Matagalpa para ayudarlos con sus cosechas.
“Ella era directora del programa de financiamiento rural y era junto a Carmen, dos de las personas que más de cerca trabajaron con monseñor Rolando”, dijo este laico que pidió no ser nombrado.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, hasta el 25 de septiembre de 2024 en el país hay al menos 45 reos de conciencia. De estos, 37 son hombres y ocho son mujeres.
En su informe de septiembre de 2024 también remarca “la condición extrema” de nueve de estos presos políticos, quienes son adultos mayores y son más vulnerables por sus padecimientos de enfermedades crónicas y no reciben atención médica adecuada.
Fuentes cercanas a la familia de Carmen Sáenz aseguran que no quieren hablar con los medios de comunicación por temor a que la dictadura tome represalias en contra de ella o de ellos.
“Están destrozados y tienen miedo. No van a hablar, lo único que los consuela es que saben que la Carmencita es una mujer fuerte, recta y que seguro se está refugiando en su fe para salir adelante”, finalizó una amiga cercana.
