Monseñor Leonardo Urbina, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro, de Boaco, fue sentenciado a 30 años de prisión, por el presunto delito de abuso sexual. La sentencia fue dictada por el juez Edén Aguilar, titular del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Violencia de Managua, mismo que lo declaró culpable el 25 de agosto.
El padre Urbina, de 51 años fue detenido el pasado 13 de julio, se le acusa de los supuestos delitos de abuso sexual en concurso real de violación a una menor de 14 años, y lesiones psicológicas leves en perjuicio de la víctima de iniciales M.J.V.S., de 12 años.
Aunque en la sentencia a la que tuvo acceso LA PRENSA, el juez impone 25 años de cárcel por el supuesto delito de violación y 12 por cada cada uno de los supuestos abusos sexuales, que suman una pena total de 49 años, monseñor Urbina cumplirá una pena de 30, es decir, 19 años menos del castigo impuesto, ya que la pena máxima contemplada en el Código Penal de Nicaragua es de 30, excepto para crímenes de odio que es cadena perpetua.
Según la sentencia, el padre debe cumplir la condena en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo, hasta el 12 de julio de 2052.
Este jueves, la mamá de monseñor Urbina, María Eloísa Rodríguez, pidió ver a su hijo, tras más de 50 días de detención.
Diócesis de Granada lamenta sentencia
La Diócesis de Granada expresó mediante un breve comunicado «su profundo dolor y sufrimiento» al conocer la sentencia contra monseñor Urbina y pidió a los feligreses seguir orando por los sacerdotes encarcelados.
Abogado señala irregularidades en el proceso
El abogado Yader Morazán, experto en administración de justicia y exfuncionario del poder judicial, señaló a través de sus redes sociales una serie de irregularidades en el proceso contra monseñor Urbina.
Primero, indicó, «el juicio se celebró sin ningún tipo de transparencia, sin el acceso o presencia de los familiares cercanos del padre y con la misma defensora pública impuesta por el juez Tercero de Violencia de Managua, de nombre Jennifer Elliett Hernández Granera y el fiscal Emanuel Álvarez G.».
Señaló que según la sentencia, «la condena recayó sobre tres hechos. Los dos primeros calificados como abuso sexual, ocurridos en diciembre del 2021, y enero del 2022, los que tienen como pena 12 años individualmente, y el último calificado como violación a menor de 14 años, con la pena de 25 años».
Además, «al padre se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta, aunque la sentencia no dice de qué lo inhabilitan. También se le remite a participar en programas de orientación, atención y prevención dirigidos a modificar su conducta y así evitar reiteración».
Asimismo, resaltó que lo novedoso en este caso «es que a diferencia de los demás secuestrados políticos del contexto preelectoral 2021, en esta sentencia sí se establece que el lugar donde monseñor pagará su condena (Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa), después de haber sido sustraído de Boaco».
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El exfuncionario del poder judicial reiteró que «sin referirme a que si los hechos acusados son reales o no, lo que acá vemos de nuevo es un proceso anulable por estar plagado de muchas irregularidades, pese a que ellos tenían y tienen a todo el aparato estatal para hacer cualquier cosa que al menos aparente algo de legalidad».
«Trabajé muchos años con víctimas de violencia y conozco muy bien cómo deben de ser estos procesos, por eso digo: si el sacerdote es responsable de algo, que lo procesen y condenen, pero no bajo las condiciones de indefensión e irregularidades en que lo hicieron», añadió el experto.
El segundo sacerdote en ser condenado
El padre Urbina es el segundo caso de un sacerdote de la Iglesia católica al que el régimen condena por delitos comunes, en un contexto de hostigamiento, amenazas y persecución a los líderes y sacerdotes de la Iglesia católica.
En julio pasado, se concretó el primer caso de un sacerdote condenado sin seguir el debido proceso. Fue el caso del padre Manuel Salvador Martínez, condenado a casi 5 años de cárcel, por supuestamente haber amenazado a un grupo de civiles, y lesiones psicológicas y físicas a una mujer.
En agosto se ejecutaron dos detenciones más de religiosos: el sacerdote Oscar Danilo Benavídez, párroco de la iglesia Espíritu Santo, del municipio de Mulukukú, perteneciente a la Diócesis de Siuna; y el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Managua, tras haber sido acusado de “estar intentando organizar grupos violentos”.
La Policía del régimen de Daniel Ortega mediante un comunicado señaló el 19 de agosto, tras el allanamiento a la Curia Episcopal donde mantuvo al obispo y sus acompañantes retenidos durante 16 días, que mantiene al obispo en “resguardo domiciliar” en Managua, mientras que el resto de los secuestrados fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote.
Las personas que están en el nuevo Chipote son: sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz; diácono Raúl González Vega, seminaristas Darwin Leiva y Melkin Sequeira y el camarógrafo de TV Merced, Sergio Cárdenas Flores.
