¿En qué momento se volvieron enemigos los medios de comunicación social? Cuando Daniel Ortega ganó las elecciones en el 2006, y retornó al poder al año siguiente, los medios de comunicación en Nicaragua estaban en la cúspide de credibilidad. Era una de las instituciones más creíbles en las encuestas de opinión pública, casi siempre detrás del Ejército y la Iglesia que se disputaban los dos primeros lugares.
Esos niveles de credibilidad se mantuvieron a lo largo de los noventa y hasta el 2006, explica el experto en comunicación, Alfonso Malespín, y añade algunos elementos que contribuían a esa credibilidad mediática como la existencia de programas de debates en la televisión y la radio, la fiscalización, las auditorías sociales y el escrutinio permanente que había a la gestión de los gobiernos y las alcaldías.
“Los medios jugaban un rol bien importante en esa época en la que el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) estaba casado con la transparencia”, explica Malespín y recuerda que muchos de los alcaldes que más se preocupaban por la transparencia eran sandinistas.
Algunos de esos funcionarios y alcaldes siguen ahora en el poder, pero su forma de gobernar es completamente opuesta a la de antes, describe Malespín y se pregunta “¿por qué dejaron de ser amigos de la transparencia?”
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TIEMPOS “NEOLIBERALES”
“En el gobierno de doña Violeta (1990-1996) prevaleció un ambiente de libertad de expresión”, agrega por su parte Guillermo Cortés, comunicador y docente universitario, exeditor de la revista Medios y Mensajes.
Incluso después, en los gobiernos de Arnoldo Alemán (1997-2001) y Enrique Bolaños (2002-2006), pese a la confrontación entre medios y funcionarios durante la llamada “lucha contra la corrupción”, el clima de convivencia entre medios de comunicación y actores políticos del país era positivo, refiere en una investigación el catedrático Guillermo Rothschuh Villanueva.
Una década más tarde, en 2016, la fotografía de los medios y, en consecuencia, los niveles de credibilidad para los medios de comunicación, son otros.
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Malespín dice que en las últimas encuestas los medios han caído hasta sexto y décimo lugar como instituciones creíbles.
Y eso tiene su explicación: no solo que se fueron cerrando los espacios de debate en la televisión, que en parte responde a la “tenencia” y “apropiación” de muchos medios de comunicación por parte del Gobierno, sino se cambió el tipo de información que se proporciona a las audiencias.
EL PAPEL DE LOS OFICIALISTAS
En el caso de los medios de comunicación oficialistas, aparte de fieles reproductores del discurso oficial, se caracterizan por un contenido de entretenimiento, mientras en lo informativo se han decantado por las noticias de sucesos, mejor conocidas como nota roja.
La comunicación para el gobierno “se ha convertido en algo de primer orden”, en algo “muy estratégico”, comenta Cortés, y agrega que se hace con el propósito de “garantizar la unidireccionalidad, de modo que todos recibamos la misma información y pensemos lo mismo”.
En el espectro mediático actual, el experto en comunicación, Alfonso Malespín, divide a los medios de comunicación en tres grupos: los oficialistas, que reproducen el discurso oficial, los medios locales, que subsisten precariamente y hacen periodismo de temáticas comunitarias con grandes dificultades y el tercer bloque está compuesto por los medios independientes concentrados casi todos en Managua, que fiscalizan y denuncian la corrupción estatal con muchas restricciones informativas.
“GRACIAS AL COMANDANTE Y LA COMPAÑERA”
En el caso de los medios oficialistas, los que más crecieron en esta década, a criterio de Malespín, no ofrecen noticias de calidad, sino entretenimiento, propaganda y reproducen un discurso oficial con un componente discursivo invariable: “Todo hay que agradecerlo al comandante y la compañera”.
Por otro lado está el bloque de los medios locales que lo componen alrededor de 200 emisoras y 170 canales y espacios de televisión diseminados por todo el país que trabajan con bastantes dificultades.
En algunos casos se “producen contenidos interesantes”, dice Malespín y explica que una característica de estos medios “chiquitos” es el abordaje de problemas muy locales y complejos como el tema de la tenencia de la tierra en Bilwi, que lo ha reportado el canal 7, o la insistencia de radio Voz de Mujer en Bocana de Paiwas, que ha insistido en el proyecto hidroeléctrico de Tumarín y lo que ha pasado con la gente afectada por la construcción de la represa.
Estos pequeños medios como los grandes que cuestionan las políticas y programas del gobierno, tampoco tienen acceso a funcionarios y expertos ligados al aparato estatal, sin embargo exhiben una variedad de voces y, como muchos de ellos temen la censura y el cierre de espacios, acuden a formatos dramatizados para explicar parte de los problemas.
Ante la falta de información de las autoridades locales, estos medios pequeños se han lanzado más hacia el testimonio y las vivencias de los pobladores.
Malespín explica que muchos de estos medios locales funcionan con apoyo de negocios locales y alguna cooperación que todavía queda libre del control del gobierno y el partido FSLN.
“No diría que son espacios de debate puro, pero sí son espacios de discusión donde la gente habla de los problemas que sufren”, afirma el experto y valora que en algunos de estos medios han construido una agenda informativa muy rica ajena a los temas que se discuten en la capital.
Y finalmente, en la otra acera tanto Malespín como Cortés reconocen a los medios independientes que, aunque se han reducido dramáticamente, en esta última década, son los únicos que hacen frente y denuncian los abusos gubernamentales.
El panorama es “descorazonador”, dice Cortés, cuando revisa cuánto ha cambiado ese mapa mediático en la última década.
Ambos comunicadores rescatan el carácter fiscalizador que se hace del periodismo de investigación, en el que invierten los medios independientes, y consideran que se debe profundizar más en estos temas e invertir más recursos.
PANORAMA INVERSO, GRIS…
“En Nicaragua existe una libertad de expresión condicionada”, dice el catedrático Guillermo Rothschuh, en su último libro Asedios a la Libertad.
Ahí explica los factores que llevaron al periodismo a esta situación bajo los dos periodos presidenciales consecutivos de Ortega: “La creación de su propio aparato mediático por la familia gobernante, el control y entrega parcializada de licencias de radio, televisión y telefonía, la supeditación a sus intereses de dos de las organizaciones gremiales (CPN y UPN), el acaparamiento a su favor de la publicidad oficial, el desconocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, la negativa del mandatario de conceder entrevistas y conferencias de prensa, el bozal impuesto a los funcionarios públicos, la exclusión de medios y periodistas en entrevistas y conferencias de prensa en ministerios de Estado, las agresiones físicas contra los periodistas, la existencia de un duopolio televisivo”, entre otros.
Según Rothschuh, el pueblo nicaragüense ha gozado muy poco de la libertad de expresión en los últimos 70 años, con la excepción de periodo del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
Rothschuh indica que en noviembre del 2006, cuando Daniel Ortega ya había ganado las elecciones presidenciales celebradas ese mes, prometió que durante su administración se respetaría el derecho a manifestarse libremente y que no habría espacio para la censura.
COMUNICACIÓN Y DISCRIMINACIÓN
Pero una vez en el poder, en febrero del 2007, el gobierno de Ortega publicó un documento denominado Política de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en el que expresaba que habría “libre acceso a las fuentes, libre difusión de los mensajes y libre recepción de los mismos”.
Además, establecía que se hacía “necesario contar con un nuevo marco legal y con reformas a la legislación vigente…”
Pocos días después, el primero de marzo del 2007, Ortega firmó un Acta de Compromiso con el Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN), en el cual habló de “distribución justa de la publicidad estatal para pequeños y medianos empresarios de radios, prensa escrita, programas de televisión y medios electrónicos a nivel nacional”.
Ahí también dijo Ortega que la política de comunicación sería pública y sometida a discusión, algo que no se ha logrado hasta ahora, dice Rothschuh.
A pesar de todas las promesas de que respetaría la libertad de expresión, de acuerdo con los hechos registrados en el libro de Rothschuh, Ortega comenzó a demostrar lo contrario a partir del 2008, cuando al comentarista político Jaime Arellano lo expulsan del Canal 10 con su programa El 10 en la Nación.
Rothschuh critica que en septiembre del 2009 se creó el Foro de Periodistas Sandinistas (FPS), lo cual según el catedrático constituye un retroceso en la profesionalización gremial y además partió a los periodistas en dos bandos.
Desde entonces, el reporte de abusos y desmanes contra el periodismo ha ido en aumento hasta 2016: medios cerrados y sus equipos confiscados, agresión física y verbal a los periodistas por autoridades y simpatizantes sandinistas en eventos públicos, presión económica y fiscal, descalificación profesional a las informaciones publicadas por medios no oficiales, censura por bloqueo al acceso a las fuentes de información oficial, detenciones ilegales a periodistas durante coberturas y otros abusos.
EL IMPERIO MEDIÁTICO DE LOS ORTEGA-MURILLO
El catedrático e investigador en temas de comunicación, Guillermo Rothschuh Villanueva, dice en su libro Asedios a la Libertad, que el incumplimiento del presidente inconstitucional Daniel Ortega a los compromisos adquiridos, respecto a la libertad de expresión, “provoca dos resultados negativos para el país” y uno de ellos tiene que ver con “la creación de un duopolio televisivo con consecuencias adversas para el pluralismo político y la libertad de expresión”.
Según el libro de Rothschuh, el mexicano Ángel González “se ha adueñado de buena parte de la televisión abierta en VHF y UHF. Junto con la familia gobernante copan el dial televisivo. González es dueño de los canales 2, 7, 9, 10 y 11 y otros canales en UHF; la familia presidencial es dueña de los canales 4, 8, 13 y 22 en VHF y 41 en UHF, además de controlar el estatal canal 6”.
De 18 canales nacionales, que hay en total; siete serían de González y seis de la familia presidencial.
También ocurre que Telcor impuso a los dueños de estaciones televisoras enlazarse cada vez que lo requiera el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Nicaragua. Sin embargo, esa medida que en momentos de emergencia es comprensible, se usa de manera abusiva al obligar que se desactiven los canales internacionales cuando habla Ortega y todos los canales nacionales se enlazan con su discurso.
Rothschuh también se refiere a la compra de El Nuevo Diario y la del Canal 8 como dos actos más negativos que positivos. El libro cita que El Nuevo Diario, otrora crítico el gobierno, cerró El Alacrán, un suplemento de caricaturas políticas.
El libro menciona que la publicidad oficial es manejada de manera discrecional y que los funcionarios públicos son echados de sus cargos cuando brindan declaraciones a medios independientes.
Ángel González también ha sido favorecido por Telcor con la adjudicación de las frecuencias en los canales 17, que lo mantiene con programación musical; el 25, que repite la programación de un canal mexicano, y los canales 32, 34,36 y 38 en la banda UHF. Igualmente tiene asignada la frecuencia de Canal 7 de Televisión, que antes fungía como repetidora de Canal 2.
Telcor también benefició con una nueva frecuencia en televisión a la familia de Ortega: el Canal 22 fue otorgado a Difuso S. A. la productora audiovisual manejada por Juan Carlos Ortega Murillo.
PARA MUESTRA, UN BOTÓN DE LA REPRESIÓN
El gobierno de Daniel Ortega, por medio del ente regulador de las telecomunicaciones Telcor, ha cerrado desde que llegó al poder en 2007, al menos cinco radios comunitarias y dos canales de cable regionales, todos considerados balanceados e independientes en su línea informativa. Gustavo Bermúdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, denunció este 24 de febrero el cierre intempestivo de Radio Emperador de Rivas, que operaba en la frecuencia modulada 97.3, por “ser un medio de protesta contra el canal interoceánico”. Según la denuncia, funcionarios de la Dirección de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, se presentaron al local y “sin dar una explicación” ordenaron el cierre. El motivo, dice Bermúdez, es que había un noticiero, Al Día, que abría los micrófonos al movimiento contra el canal interoceánico.