Ramón H. Potosme
“Es una decisión del jefe del Ejército, general Julio César Avilés”, según lo que balbuceó Félix Navarrete, director de relaciones públicas del Consejo Supremo Electoral (CSE), mientras expulsaba a LA PRENSA de una inesperada conferencia del general a la que solo asistían medios oficialistas.
Antes había concluido la comparecencia de Avilés con el presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes, en la entrega de la Memoria anual de la institución militar al poder electoral, en la que respondieron preguntas a todos los medios.
El encargado de relaciones públicas del Ejército, coronel Orlando Palacios, justificó la expulsión diciendo que la improvisada comparecencia era exclusiva para medios oficialistas que habían solicitado con anterioridad información sobre vivencias y anécdotas del general Avilés, lo que estaba fuera de la temática del evento.
La Dirección General de Aduanas le habría “rebajado” a Rivas Reyes y su familia al menos 3.1 millones de córdobas en el pago de los impuestos de importación de nueve vehículos de lujo que introdujeron al país en el 2009, según demuestran documentos de una investigación de LA PRENSA.
“Lo único que te puedo decir es que he pagado los impuestos uno a uno de todos los artículos que se han introducido al país, no hay un solo artículo que se haya introducido con una libre introducción o declaración de impuesto, todo ha sido debidamente pagado de acuerdo a los valores que usted podrá leer, los años y las fechas que ahí aparecen”, dijo Rivas.
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Lo que Palacios no supo explicar es por qué si los medios oficialistas, todos y no uno en particular, habían hecho una solicitud de “anécdotas y vivencias”, algunos ya se habían retirado del sitio y regresaron corriendo para obtener la información.
Al observar que había más actividades pedimos participar y entramos hasta el sitio detrás de un periodista oficialista. Fue entonces que oficiales de la Policía Nacional al preguntar y conocer que había un periodista de LA PRENSA, dijeron que no podía pasar y procedieron a la expulsión en la que colaboró Navarrete.
“Esa es una interpretación tuya… No es que los estén discriminando, no lo veás así”, dijo Palacios.
Ciudadanos pagarán caro por sus cédulas
El magistrado de facto Roberto Rivas Reyes afirmó que las cédulas que están vencidas a la fecha deberán ser renovadas y para ello deberán pagar los 300 córdobas que el CSE ya estipuló.
Las cédulas cuya vigencia caducó son válidas hasta el 31 de diciembre del 2014, según la reforma a la Ley de identificación ciudadana que aprobaron en diciembre pasado los diputados de la Asamblea Nacional.
Rivas dijo que las cédulas con el nuevo formato serán gratis, únicamente para aquellos que hacen la solicitud por primera vez.
Según Rivas, las solicitudes de cédulas por primera vez son las de mayor demanda y oscilan entre 80 mil y noventa mil documentos. Dicha cifra da un margen tan alto, según Rivas porque depende de si hay o no elecciones, por lo que supone que la mayor demanda de cédulas será en la Costa Caribe por la proximidad de las elecciones regionales en marzo del 2014.
Rivas explicó que en el país existen tres millones setecientos cincuenta mil personas, que desde su condición y calidad de ciudadanos tienen su Cédula de Identidad Ciudadana, sin embargo, solamente 500 mil personas han logrado cambiar de formato y con eso han renovado la vigencia de su respectivo documento de identidad. Esto implica que más de tres millones 250 mil cédulas deben de ser renovadas.
Descalifica a quien le critica
En otro tema, Rivas descalificó la denuncia hecha por el grupo llamado Abogados Democráticos que pidió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) le investigara por presunto lavado de dinero.
El argumento de la denuncia es que Rivas Reyes ha presentado un aumento incalculable de su patrimonio, cuya procedencia —aseguran— es dudosa.
Rivas dijo que algunos de esos abogados que hicieron la denuncia han sido suspendidos por la Corte Suprema de Justicia en diferentes ocasiones por actos delincuenciales. Dijo que ellos han colaborado con las autoridades y que el caso del señor Julio César Osuna (exmagistrado suplente del CSE) es caso juzgado y no tiene nada que ver con el CSE.
Los denunciantes expresan la sospecha que Rivas hace uso de testaferros y señalaron a la UAF que en el caso de Henry Fariñas y otros sentenciados durante el proceso judicial, trascendió que el exmagistrado Osuna dirigía un autolote propiedad de Rivas.
Los denunciante recordaron que Osuna estaba vinculado al narcotráfico y -según ellos – hay vinculación entre Osuna y Rivas.
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