Fabián Medina

Todos somos vigilados. Algunos en mayor medida que otros, pero todos estamos registrados, clasificados y monitoreados en uno de los bancos de información más amplios del país. Ese banco se formó con la información que dio a aquella inocente señora del barrio que llegó a su casa a hacer algunas preguntas, junto con la información que las instituciones del Estado reportan sobre cada uno de nosotros: salarios, ingresos, impuestos, enfermedades, familiares y más. Información es poder. Eso lo saben muy bien quienes mandan ahora en Nicaragua.

El otro día, mientras esperaba la luz verde en un semáforo, vi a una moto tirarse campantemente la luz roja. La moto la manejaba un policía, sin casco, y en ella viajaban también una señora y una niña de unos 7 años de edad. Posiblemente, su familia. Una camioneta le reclamó a pitazos la imprudencia. El policía medio detuvo su vehículo y se volvió contra el que reclamaba como diciendo: ¿Cuál es el asunto? ¡Aquí la autoridad soy yo! En ese momento me pregunté: ¿Cuántos policías habrán sido multados por infracciones de tránsito el último año, por ejemplo? La respuesta a esta pregunta explicaría si lo que vi ese día en el semáforo es la actitud de “ese” policía en particular o de “esta” Policía en general.

Desde que Chávez y Ortega se abrazaron en el Teatro Nacional Rubén Darío, el 11 de septiembre de 2007, Nicaragua pasó a convertirse en una especie de finca de Venezuela. Ortega siempre se portó como un capataz, y Chávez como el patrón. Ortega iba con cierta frecuencia a Venezuela a rendir cuentas, y Chávez venía de vez en cuando, a supervisar y dar algunas órdenes. Alguien de este círculo comentaba, sin embargo, que Ortega siempre estuvo dispuesto a dar más de lo que Chávez le pedía. Incluso que Chávez sentía un poco de pena por ese comportamiento de Ortega, pues si bien es cierto necesitaba a Nicaragua como su hacienda, al menos había que guardar las apariencias. El asunto es que si Ortega no dio más, es porque Chávez, por recato tal vez, no se lo pidió. Ganas no faltaron.

Me sorprende que haya muchos sorprendidos por lo que pasó en Estelí y Ocotal. Policías que entran a tropel, allanan y capturan sin orden judicial. Se pierde de vista quién es el delincuente: si son los que llegan uniformados o son los que se llevan esposados. No se establecen cargos. Burla, escarnio. ¿Dónde está la sorpresa? Esta película, lamentablemente, ya la hemos visto varias veces. Demasiado frecuente para mi gusto. Desde hace mucho tiempo la Policía actúa así, y la mayor diferencia esta vez es que hubo una extraña orden de Daniel Ortega desautorizando el operativo y, al final, una jefa de la Policía pidiéndole disculpas a los vejados. Eso es lo que sorprende.

Lamentablemente, los más radicales de uno y otro bando han encontrado en la Ley 779 un campo de batalla en el que medir fuerzas. Y es lamentable porque, de esta forma, el asunto parece ser quién se impone a quién y no qué es lo mejor para la sociedad. Cuando las cosas llegan a este punto se dejan de oír argumentos, desaparecen los puntos medios y se asume que “quien no está totalmente conmigo, está en mi contra”. Esto es una de las taras que cargamos como sociedad. Los debates se convierten en dimes y diretes, insultos, posiciones de fuerza y se pierde de vista el tema esencial que originó todo, como en este caso: detener la matancina y el epidémico maltrato a nuestras mujeres.

Hay una casta de nuevos ricos. Se les ve por todos lados. Y los hay de todos. Chiquitos, medianos y grandes. Vergonzantes y opulentos. Los vergonzantes son esos que lucen camisas raídas, viven —o simulan vivir— en la casa de barrio pobre que tenían antes de que la “suerte” les sonriera, pero pueden pagar 300,000, medio millón de dólares o más por una casa, billete sobre billete. Los ostentosos son aquellos desesperados por mostrar lo que tienen: se compran mansiones, manejan flotas de carros de lujo, se hacen casas de magnates en la playa y no tienen empacho en presumir lo que hasta hace poco era imposible que tuvieran. Es cosa de tiempo para que los primeros pasen a comportarse como los segundos, pues ¿de qué sirve acumular riquezas si se sigue viviendo por vergüenza como pobre? Ya la perderán. La vergüenza, digo.

Todos le damos dinero a Daniel Ortega. Ya no es solo la mano del Estado entrando a nuestros bolsillos a través de los impuestos. Ahora, una parte de nuestros ingresos mensuales va también directamente a la bolsa de la familia Ortega-Murillo, quienes diseñaron un sistema perverso que —sin invertir nada más que su ingenio y codicia— nos obliga a usted, a mí, a nuestros hijos y tal vez a nuestros nietos, a tributar para esta familia que pretende erigirse como una suerte de monarquía en Nicaragua.

Cuando un gobierno empieza a usar la frase “por el bien público” como única justificación para todo lo que quiere hacer, ya estamos tocando el fondo de la olla. Preparémonos. Por el “bien público”, se quemó en la hoguera a los que pensaban distinto durante la inquisición. Por el “bien público”, Hitler ordenó la matanza de judíos y “por el bien público”, Telcor dice ahora que el Gobierno debe decidir quién es “idóneo” para ocupar los cargos de gerente y jefe de informática y seguridad de las compañías (privadas) de telecomunicaciones. ¿Quién define qué es “bien público”? ¿Quién define que es “idóneo”? Ni el acuerdo ministerial ni las enredadas declaraciones de don Orlando Castillo, director de Telcor, han expuesto el verdadero propósito de este acuerdo que, con toda seguridad, explora en telecomunicaciones lo que se podría hacer en otras empresas cobijados por esa patente de corso que esgrimen con tanta inocencia. El “bien público”, pues.

Lamentablemente, las elecciones en Venezuela tienen que ver con usted, conmigo, con nosotros. No debería ser así, pero lo es. Técnicamente, las elecciones que se celebran ahora en Venezuela son para nosotros más importantes que cualquiera de las que ha organizado el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua en los últimos cinco años. Uno, porque Nicaragua prácticamente se convirtió en un consulado venezolano, una colonia extraterritorial de Venezuela. Y dos, porque las llamadas “elecciones” en Nicaragua hace tiempo dejaron de tener sentido porque ya no eligen nada. Son una pantomima.

Los jueces y magistrados de Nicaragua consideraron “pocos serias” las acusaciones del señor Omar Cabezas, procurador (de facto) de Derechos Humanos en Nicaragua, quien insinuó que hay jueces aliados al narcotráfico. Aquí hay dos detalles que llaman la atención. Uno, que sea hasta ahora que los jueces y magistrados encuentren “poco seria” alguna actuación del señor Cabezas, cuando todo el desempeño de este funcionario ha estado caracterizado precisamente por ser “poco serio”. Es más, uno hasta ha llegado a creer que por eso lo mantienen ahí. Y dos, más sorprendido todavía, que lo critiquen de “poco serio” justo cuando dijo, tal vez, la única cosa seria de toda su gestión.