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Los periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica no se sienten seguros. El brazo represor de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue traspasando las fronteras, aseguran. “Costa Rica no es un país seguro”, dice a LA PRENSA un periodista exiliado en ese país desde hace siete años.
Un informe reciente del la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) recopiló entre abril y junio, los casos de al menos siete periodistas que denunciaron que han sido sometidos a vigilancia, seguimientos cerca de viviendas, amenazas en redes sociales, exposición de información personal, intimidaciones en espacios públicos, fotografías de vehículos y llamadas de números desconocidos.
El escenario es Costa Rica, un país que ha sido históricamente el sitio para resguardarse de las dictaduras en Centroamérica, pero donde llegó el brazo represor de la dictadura.
Mario lleva siete años viviendo en Costa Rica. Desde ahí trabaja como editor de un medio de comunicación en el exilio. Es uno de los 310 periodistas que han salido de Nicaragua desde 2018, en medio de la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, a consecuencia de la represión impuesta por los Ortega Murillo.
Costa Rica no es seguro
“Costa Rica no es un país seguro para los periodistas nicaragüenses. Por un lado, la seguridad general ciudadana en ese país se ha deteriorado notablemente por la penetración del narcotráfico y la violencia que la acompaña: ya no es ninguna sorpresa que alguien inocente muera baleado por accidente en la calle o en un negocio donde entró y al cual llegaron sicarios a matar a su dueño o a otra persona», explica el editor.
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También lamenta que la inteligencia de Nicaragua opera en Costa Rica “como Pedro por su casa”, una frase coloquial nicaragüense para referirse cuando se actúa con libertad sin que haya restricciones o control. “Hace inteligencia de opositores, los acosa en público y hasta mata, ahí están los casos Samcam y Maldonado”, ejemplifica en este último caso, sin embargo, la víctima y su esposa sobrevivió a dos atentados.
En 2021 y 2024, los opositores nicaragüenses Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto fueron objetivos de dos ataques en Costa Rica. Afortunadamente lograron sobrevivir. La audiencia de este caso fue postergada el lunes seis de julio. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más lamentó la decisión y advirtió en un comunicado que el derecho de las víctimas a la justicia podría verse afectado.
Cuando el editor habla de Samcam se refiere al mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam. Fue asesinado el 19 de junio de 2025. Este crimen ha sido uno de los casos emblemáticos de la represión trasnacional del régimen en Costa Rica.
El caso de Samcam figura en un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) sobre la represión transnacional del régimen Ortega-Murillo. «Todo lo que ha pasado con a Roberto Samcam ha creado una presión. Muchas personas están considerando salir de Costa Rica», dice el informe, publicado el 25 de septiembre de 2025, en que se recoge la opinión de una víctima entrevistada por el GRHEN.
También mencionan el asesinato de Rodolfo Rojas Cordero, hallado muerto en Honduras en 2022. En octubre de 2024, LA PRENSA publicó también el caso del asesinato en Upala de Jaime Luis Ortega Chavarría.
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El Ghren identificó a figuras como el actual cocanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, como uno de los que jugó “un papel importante en la dirección de la estrategia de represión transnacional del país y en la coordinación de las actividades de inteligencia” entre 2021 y 2023. En ese periodo Jaentschke ocupó simultáneamente cargos como asesor presidencial para políticas y asuntos internacionales y diplomático en las embajadas de Guatemala, Honduras y Costa Rica.
«El asesinato de Roberto Samcam y otros incidentes de violencia física ponen de relieve la urgente necesidad de fortalecer la cooperación internacional, reforzar los mecanismos de protección para las poblaciones exiliadas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan», advirtieron los expertos de la ONU.
Acoso telefónico
Pedro es otro periodista exiliado en Costa Rica. Igual que el editor, citado anteriormente, él acepta hablar bajo condición de anonimato. Confirmó que ha recibido acoso telefónico desde hace unos meses, luego de participar en un evento que convocó a decenas de colegas en San José, Costa Rica. Para acercarse han utilizado a mujeres que lo han interrogarlo vía telefónica sobre su vida en territorio costarricense.
Aunque el esfuerzo de estas personas a nivel personal ha sido infructuoso, el hostigamiento lo han extendido a sus familiares. El objetivo es averiguar su ubicación. El mensaje es claramente intimidatorio, pero tiene una explicación que Pedro entiende como una reacción a las presiones internacionales que el régimen Ortega Murillo está recibiendo.
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“El régimen está en una crisis de subsistencia. Está recibiendo muchas presiones, la más fuerte viene de Estados Unidos en el sentido de que su tiempo ya acabó. Luego sale el profesor Evan Ellis y publica un ensayo diciendo a los opositores que deben prepararse para una crisis de sucesión. Parece que en el ambiente político de Washington se está manejando la posibilidad de que la dictadura no llegué a enero del próximo año. Es una posibilidad, pero eso los hace activarse. Están tratando de neutralizar el discurso. Ellos quieren imponer su narrativa silenciando la del periodismo”, explicó este periodista.
Periodistas migran a terceros países
Según la FLED, la persecución en Costa Rica por parte de los Ortega Murillo obligó a un periodista a tener que migrar a un tercer país en junio de este año. La decisión la tomó luego de recibir advertencias sobre el peligro que enfrentaba. “Me dolió mucho que, con tanta rapidez, regalé o boté años de la vida que había construido en Costa Rica”, relató el trabajador de prensa a la organización.
En el documento menciona que dos periodistas fueron deportados de Estados Unidos y trasladados a un tercer país para evitar que fueran retornados a Nicaragua. El gobierno norteamericano les negó las solicitudes de refugio, y, según la FLED, “fueron trasladados a Costa Rica bajo mecanismos de recepción de personas”.
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El periodista Gerall Chávez, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) y miembro del medio de comunicación Nicaragua Actual, menciona que a estos problemas que enfrentan los periodistas se suman la precariedad salarial, tener que dividirse entre dos empleos, el no tener acceso a servicios y seguros médicos y no poder regularizarse en el país en que se encuentran.
Desde PCIN, Chávez cuenta que, a través de articulaciones con organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y Reporteros Sin Fronteras, lograron traer de Estados Unidos a Costa Rica a un periodista que fue deportado por el gobierno norteamericano.
Amenazas a través de redes sociales
Chávez destaca que constantemente es blanco de amenazas a través de las redes sociales. “En el caso mío, yo hago periodismo, yo presento noticias desde Costa Rica… hemos registrado amenazas directas de simpatizantes del régimen sandinista que te llaman tranquero, que te acusan, señalan y que obviamente tras esa insulto recurren amenazas de cárcel”, expone.
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Chávez añade que también ha recibido amenazas de muerte. “Prácticamente son amenazas digitales que tampoco uno no las puede obvia. Una persecución física yo no la no tengo”, aclaró en su caso.
Entre abril y junio de 2026, FLED reportó 24 casos de violaciones a la libertad de prensa nicaragüenses: 21 corresponden a agresiones verbales, escritas y digitales, reportaron dos de desplazamiento forzado. La mitad de todas las agresiones ocurrió en junio, siete en mayo y cinco en abril. El organismo reportó que dos periodistas se exiliaron. Esa situación elevó la cifra a 310 de periodistas y trabajadores de medios que han salido de Nicaragua para resguardar su integridad desde 2018.
