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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) reveló en un informe publicado hoy 10 de marzo en Ginebra cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo financia con fondos públicos la represión y una red de espionaje contra exiliados. En el documento identifican a 26 operadores del régimen “claves” en las violaciones transnacionales de derechos humanos, entre estos el actual cocanciller y exministro asesor del presidente para Políticas y Asuntos Internacionales, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos, expuso que la persecución política es financiada por la dictadura, ejecutada a través de las instituciones estatales y “se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”.
Este informe, que se basa en 73 entrevistas y más de 1,700 documentos, revela que no se trata de una represión improvisada, sino de “una estructura financiada con fondos públicos y proyectada más allá de las fronteras”, explica a LA PRENSA, Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.
Según Brody, Ortega y Murillo han construido un aparato de poder que integra el Estado y el partido sandinista “para silenciar toda disidencia dentro y fuera del país”.
Fondos sociales utilizados «para eliminar la disidencia donde quiera que se encuentre»
En el informe, los expertos señalan que los fondos gubernamentales que deberían ser utilizados para asistencia social, proyectos de limpieza y gastos operativos “fueron redirigidos para financiar operaciones de seguridad violentas”, entre estas destacan la conocida “Operación Limpieza”, uno de los periodos más sangrientos de 2018, año en que la represión estatal dejó un saldo de centenares de muertos. Según la OEA, hubo 355 muertos en el contexto de las protestas entre el 18 de abril de 2018 y 31 de julio de 2019, de acuerdo con reportes de organismos de derechos humanos.
El documento de la ONU indica que el régimen creó una “extensa arquitectura transnacional” de vigilancia e inteligencia utilizada para monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero. Menciona la desnacionalización de 452 nicaragüenses y miles de exiliados en situación de apatridia de facto a quienes les niegan renovar o proporcionar documentos y otros a los que impiden regresar a Nicaragua.
«Las estructuras diplomáticas y consulares han sido instrumentalizadas para rastrear, monitorear e intimidar a nicaragüenses en el exilio», Afirmó Ariela Peralta, miembro del Ghren, según el comunicado hecho público hoy en Ginebra. «Se trata de una política deliberada para eliminar la disidencia donde quiera que se encuentre».
“Hemos identificado empresas vinculadas a miembros del Frente (Sandinista) que operan mediante presupuestos nominales emitiendo cotizaciones infladas por servicios nunca prestados”, revela Reed Brody, también miembro del grupo.
¿Quiénes están involucrados?
Los involucrados en esta estructura de inteligencia son: Ejército, Policía, autoridades migratorias, Telcor, misiones diplomáticas y operadores del FSLN. Mencionan particularmente a la Dirección de Información para la Defensa (DID) y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM), reconocidos órganos de espionaje.
La represión incluye vigilancia, hostigamiento, campañas de difamación, uso indebido de mecanismos de Interpol, confiscación de propiedades, vigilancia y acoso digital, hackeo y divulgación de datos personales (doxing) que han sido utilizados para silenciar a personas críticas. Así como los crímenes ocurridos más allá de las fronteras como el del mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado el 19 de junio de 2025, en su apartamento en Moravia, San José, Costa Rica.
Lista de los 26 operadores del régimen
En el documento identifican a 26 personas “clave” responsables de las violaciones transnacionales a los derechos humanos. La lista la encabezan Néstor Moncada Lau, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, Luis Roberto Cañas Novoa, Francisco Javier Díaz Madriz, Juan Victoriano Ruiz Urbina, Zhukov Serrano Pérez, Julio César Avilés Castillo, Leonel José Gutiérrez López, Álvaro Martín Peña Núñez y Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval.
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Le siguen: Nahíma Janett Díaz Flores, Roberto José López Gómez, Gustavo Eduardo Porras Cortés, Marvin Ramiro Aguilar García, Juana Méndez Pérez, Alba Luz Ramos Vanegas, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, Octavio Ernesto Rothschuh Andino, Karen Vanessa Chavarría Morales, Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, Ana Julia Guido Ochoa, Douglas Roberto Vargas Flores, Javier Antonio Morazán Chavarría, Wendy Carolina Morales Urbina, Fidel Antonio Moreno Briones y Milton Ruiz García.
En abril de 2025, en un informe anterior sobre la represión en Nicaragua, el Ghren identificó a 54 funcionarios del régimen señalados de participar en una política sistemática de represión contra la población desde 2018. Sin embargo, esta nueva lista de 26 extrae solo a aquellos señalados de las violaciones transnacionales a los derechos humanos.
Valdrack Jaentschke dirige represión transnacional
Reed Brody cita como ejemplo al actual canciller y exministro asesor de Ortega para Políticas y Asuntos Internacionales, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, quien antes de llegar a la Cancillería ocupó cargos como ministro consejero sucesivamente en las embajadas de Nicaragua en Guatemala, Honduras y Costa Rica.
“Él (Valdrack Jaentschke) formó parte de un grupo de tomas de decisiones de alto nivel que dirigía la estrategia de represión transnacional. Por su proximidad directa a la Presidencia pudo desde sus destinos diplomáticos establecer redes de influencia especialmente en Costa Rica y pudo asegurar la coordinación operacional entre los operadores estatales y no estatales. Formó parte de un dispositivo estructurado de inteligencia política en el exterior”, expone Brody.
Al experto le resulta sospechoso que una persona como Jaentschke que en los años ochenta fue oficial de inteligencia en la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), bajo asesoría cubana, haya cambiado constantemente de puestos diplomáticos.
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“Su nombramiento rápido como ministro consejero y embajador en un país, después en otro y otro, no obedece a eficiencia administrativa, sino a una estrategia de control político externo en la que se reduce deliberadamente el número de actores con capacidad de represión internacional. Sus misiones eran orientadas a la recolección sistemática de información, el seguimiento de personas consideradas opositores y la transmisión de inteligencia estratégica a las autoridades centrales en Managua. Él ha jugado un rol importante en la represión transnacional hacia los nicaragüenses en el exilio”, subraya Brody.
Régimen debe ser llevado a la CIJ
El informe presentado por los expertos de la ONU hace hincapié en la rendición de cuentas internacional, que según ellos, “hoy es más urgente que nunca”. Aunque Nicaragua ha suspendido su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y se ha retirado de varios órganos de las Naciones Unidas, Brody dice que una opción para acusar al régimen es la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“Para nosotros (la CIJ) es una vía muy poderosa en el caso de Nicaragua por una razón fundamental que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo reconoce la legitimidad de la Corte Internacional de Justicia desde 1984 en el caso histórico contra Estados Unidos. Desde entonces han presentado nueve casos… Sería importante que un estado o un grupo de estados lleve a Nicaragua a la Corte”, recomienda el experto.
Reed Brody es un abogado estadounidense conocido como “el cazador de dictadores”, estuvo en territorio nicaragüense a mediados de los años ochenta, cuando Daniel Ortega estaba en el poder. En ese entonces visitó el país como investigador de derechos humanos en medio del conflicto entre el régimen sandinista y la guerrilla de la Contra. Su investigación sirvió de base para que Nicaragua ganara el juicio en la CIJ contra Estados Unidos por apoyar a los contrarrevolucionarios. Ahora ve con profunda tristeza la represión ejercida por los Ortega Murillo.
“Para mí es una gran tristeza ver que una persona que se alzó contra una dictadura familiar está ahora organizando la suya con su esposa como copresidenta. Tengo mucho afecto para los nicaragüenses, me hiere mucho, me afecta mucho en lo personal. Espero ver un país mejor”, concluye Brody.
