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El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos sostuvo que la alianza entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con China profundiza la corrupción en Nicaragua, según una investigación publicada este mes bajo el nombre de la «Influencia china en Nicaragua y sus efectos de derechos humanos».
El centro de investigación, cuya sede central está en Washington, advirtió que la potencia asiática busca expandir su poder económico y político en América Latina, a través de inversiones e infraestructura presentadas como cooperación. Pero lo que están haciendo es que “refuerzan regímenes con débiles estándares democráticos y altos niveles de opacidad institucional”.
El caso concreto analizado es el nicaragüense, en que el Instituto reafirma que la estrategia china “se entrelaza con el proyecto autoritario del régimen Ortega Murillo, consolidando un modelo de ‘desarrollo económico sin democracia ni derechos humanos’”.
La dictadura de Ortega y Murillo cumplió 19 años en enero pasado, con un modelo represivo y contando a China como uno de sus aliados internacionales. Restablecieron diplomáticas en diciembre de 2021, después de abandonar a Taiwán. Hasta ahora, China ha respaldado políticamente en temas de soberanía a Nicaragua, cuando ha sido cuestionada a nivel internacional por los abusos de derechos humanos cometidos contra los ciudadanos nicaragüenses.
El informe destaca que los proyectos promovidos bajo el esquema chino «evidencian serios déficits en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas”, afirman refiriéndose a los acuerdos suscritos entre Nicaragua y China. De hecho, las relaciones con esa potencia se manejan como un asunto familiar y están a cargo del hijo de los dictadores nicaragüenses, Laureano Ortega Murillo.
La opacidad es la regla
Desde 2021, el régimen Ortega-Murillo ha anunciado una serie de acuerdos con más de una decena de proyectos de los cuales estarán encargados empresas chinas. Hasta ahora muy pocos de esos proyectos han dado inicio. Uno de ellos son las viviendas de interés social supuestamente “donadas” por China. Sin embargo, no hay registros oficiales de las donaciones y préstamos. Y, para colmo, el orteguismo las vende a plazos a la población.
El otro proyecto es el Aeropuerto Punta Huete, para el cual Nicaragua adquirió una deuda de casi 517.60 millones de dólares con la empresa china CAMC Engineering Co., Ltd. Como contrapartida entregó 103.5 millones de dólares. El régimen mantiene todo bajo opacidad. El pasado 23 de febrero, el embajador chino en Nicaragua, Qu Yuhui, aseguró que la construcción lleva un avance del 20 por ciento, pero en las imágenes compartidas no se ven los avances en las labores. La promesa es entregarlo en octubre de 2028.
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«Modelo autoritario y se excluye a sociedad civil”
“El Estado nicaragüense ha instrumentalizado la cooperación con China para legitimar un modelo autoritario y excluir a la sociedad civil de las decisiones sobre los recursos del país”, agrega Raza e Igualdad.
La crítica de la falta de transparencia ha sido constante de diversas fuentes. Por ejemplo, desde hace meses, la Fundación del Río ha denunciado la entrega de concesiones mineras a empresas chinas, incluso en áreas protegidas y de pueblos indígenas y afrodescendientes sin que se cumpla el debido proceso. Actualmente más de una docena de empresas chinas controlan 6 % del territorio nacional, luego que el Estado se las ha concesionado.
“La cooperación chino-nicaragüense no solo ha tenido impactos negativos en derechos fundamentales, sino que además profundiza la corrupción estructural y consolida un patrón de gobierno basado en la represión a la ciudadanía, la impunidad y la ausencia de transparencia. Este modelo amenaza con replicarse en otros países de la región”, advierte el informe del organismo de derechos humanos.
Desde 2021, el régimen intenta mostrar a China como su “aliado” ante el aislamiento internacional luego de que se le señaló por crímenes de lesa humanidad. Estos acuerdos han servido para proyectar internacionalmente a Laureano Ortega, que actúa como canciller de facto, opacando a los «cocancilleres» Valdrack Jaentschke Whitaker y Denis Moncada Colindres, quienes tienen funciones más bien protocolarias en estos casos.
