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Las recientes purgas de trabajadores públicos, miembros de la Policía Nacional e incluso militantes del Frente Sandinista, ordenadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revela “redes descontroladas de corrupción” instaladas en todos los niveles en Nicaragua, alertó el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) en su más reciente boletín Perspectivas.
El Centro resaltó que, en los últimos meses, en numerosos municipios del país se han ordenado “supervisiones realizadas por equipos que llegan desde Managua”, y en ellas se comprueban “los altos niveles de corrupción entre los funcionarios municipales, el nepotismo, la malversación de fondos y el tráfico de influencias”.
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Cetcam afirmó que, aunque este tipo de investigaciones sobre corrupción podrían ser una “buena noticia” para la gestión pública, en la práctica, bajo la dictadura Ortega-Murillo, responden a la verificación de “prácticas corruptas instaladas sin autorización ni conocimiento del centro de poder”. Por ello, lamentó, “los castigos y purgas” estarían más orientados a sancionar la “desobediencia” de los implicados, más que la corrupción en la que estarían involucrados.
Cambios responden a sucesión dinástica
Los investigadores destacan que este tipo de cambios, además de identificar a los desobedientes dentro de la dictadura, serían parte de “la sucesión dinástica y la creación de una estructura leal a Murillo”.
“En los puestos clave están ubicando personas de su confianza, que aseguren la ejecución de sus órdenes al pie de la letra, mientras que los puestos menos relevantes los están dejando congelados”, resalta el boletín del Cetcam.
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Algunas de los cambios ordenados recientemente por la dictadura que se filtraron públicamente fueron las detenciones de los sandinistas Evertz Antonio Delgadillo Moreno y Fernando Arnoldo Montes, que en septiembre pasado fueron detenidos en León y judicializados rápidamente por supuesta “traición a la patria”.
Cabe mencionar que, Delgadillo Moreno —reconocido secretario político de la dictadura en León— es uno de los 54 funcionarios que fueron señalados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) como responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en perjuicio de los nicaragüenses de abril de 2018.
Temor entre funcionarios públicos
El análisis Cetcam refiere que, aunque la población es testigo de estas purgas y detenciones, públicamente no se atreve a hacer comentarios ni a favor ni en contra de dichas decisiones.
Sin embargo, destaca que ha generado temor entre los funcionarios municipales y de otras instituciones públicas, porque confirman que “están bajo vigilancia permanente de personas contratadas en todas las instituciones para realizar esa tarea”.
“Sienten que, en cualquier momento, pueden convertirse en sospechosos y sufrir las consecuencias de las purgas y encarcelamientos que se están llevando a cabo”, indicó Cetcam.
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La dictadura Ortega Murillo, en el último trimestre, además de la judicialización de sus militantes en León, también ordenó el despido de más de media docena de especialistas del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello de León (Heodra) y el cambio de alcalde y vicealcalde del municipio de Bluefields.
El orteguista Gustavo Castro Jo, quien cumplía un segundo mandato consecutivo como edil de Bluefields, fue sustituido por la también orteguista Dinah Melinda Lewin Downs, quien además es hermana hermana de Ellena Lewin Downs, magistrada del Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La remoción de Castro Jo ocurrió casi un año después de que tres funcionarios de esa comuna fueron señalados de cometer “faltas administrativas”, tras investigaciones de la Contraloría General de la República (CGR).
