Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
El pasado 4 de julio el Ministerio del Interior de Nicaragua publicó una nota de prensa en la que informaba al “Pueblo” que luego de una “necesaria indagación sobre el origen de las propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal del Señor Obispo Emérito Abelardo Mata, este ha retornando a su vivienda”.
Lo que me deja la siguiente duda: ¿Las personas que vienen de familias con recursos no pueden ser sacerdotes? ¿Y cuando hay cosas que no coinciden te pueden investigar así sin más?
En todo caso, por un decreto oficial el salario de Daniel Ortega debería ser de 3,200 dólares, espero que el “Pueblo Presidente” también llegue a ganar eso algún día. El punto es que si consideramos que Ortega está en el poder desde 2007, hablamos de 18 años y 7 meses en el poder, agregando aguinaldos serían unos 771,200 dólares ganados en este tiempo. La fortuna de Ortega supera los 2,500 millones de dólares. ¿Algo no coincide con su condición de presidente de uno de los países más pobres del mundo?
Pero la realidad es que esos más de 2,500 millones de dólares incluyen fortuna acumulada con sus negocios, monopolios estatales y cooperación internacional, mucha venezolana, un pueblo al que solo le dedicaron un mensaje de Rosario Murillo tras el doble terremoto.
Nicaragua Investiga y Connectas reportaron en una publicación que realmente Ortega gana 4,131.78 dólares y Murillo 3,995.81 dólares. Confidencial suma los salarios de sus hijos, nueras, exnueras y otros parientes, calculando 67,500 dólares, en ese entonces unos dos millones de córdobas.
El comunicado sigue diciendo que Mata brindó declaraciones sobre episodios violatorios a las Leyes Nacionales. En este caso ¿de qué hablamos? Porque lo que se maneja en Nicaragua es que no hay libertad de expresión y que casi cualquier declaración es razón para ser detenido por atentar contra la soberanía, por ciberdelitos o lo que se le ocurra a las autoridades.
Aquí solo retomo una conversación con un exmiembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), donde dijo que cualquier país podía denunciar a Ortega por desnacionalizar a los nicaragüenses y dejó claro que por las declaraciones donde le “informa al pueblo” se puede decir que “a confesión de partes, relevo de pruebas”.
Lo que queda claro es que en Nicaragua la libertad de expresión es un derecho que se aplica a gusto y antojo de quienes controlan las instituciones, no es que se investigue un caso por no coincidir los fondos. Un buen momento para agradecer lo que nos ganamos con nuestro esfuerzo y de lamentar a quienes les han quitado lo que tanto les costó trabajar.
La autora es licenciada en Ciencias de la Comunicación.
