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El juicio por el segundo atentado contra Joao Maldonado y Nadia Robleto fue postergado este lunes 6 de julio en Costa Rica, más de dos años después del ataque. El Colectivo Nicaragua Nunca Más lamentó el retraso y advirtió que la demora podría afectar el derecho de las víctimas, refugiadas nicaragüenses, a obtener justicia pronta y cumplida.
El proceso contra Jeremmy Jacobo Rivas, acusado de tentativa de homicidio en perjuicio de Maldonado y Robleto, estaba previsto ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea. Según el Colectivo, hasta el momento no se ha informado una nueva fecha para el inicio del juicio.
En un comunicado, el Colectivo explicó que el proceso judicial busca esclarecer el atentado ocurrido el 10 de enero de 2024 en San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, donde Maldonado y Robleto sobrevivieron al ataque.
Según la organización, las investigaciones desarrolladas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que al menos ocho personas habrían participado en la planificación o ejecución del segundo ataque. Sin embargo, solo Rivas enfrenta actualmente una acusación penal por estos hechos.
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“Por esa razón, continúa siendo necesario esclarecer la participación de todas las personas involucradas, incluidos los posibles autores materiales e intelectuales”, señaló el Colectivo.
Un caso en un contexto de represión transnacional
El Colectivo sostuvo además que el atentado contra Maldonado y Robleto no debe analizarse como un hecho aislado, sino dentro de un contexto de amenazas, vigilancia, persecución y desnacionalización previa contra Maldonado, a quien identifica como opositor político, exiliado y refugiado nicaragüense.
La organización afirmó que ha documentado al menos 200 casos de represión transnacional contra personas nicaragüenses en el exilio, mediante distintas formas de intimidación, hostigamiento, agresión y violencia.
Entre los hechos más graves registrados en Costa Rica, el Colectivo mencionó los ataques contra Joao Maldonado y Nadia Robleto, Jaime Luis Ortega, Roberto Samcam y Reinaldo Picado. Según la organización, estos casos evidencian la necesidad de que las autoridades costarricenses investiguen si existe un patrón de violencia dirigido contra personas refugiadas, opositoras o exiliadas nicaragüenses.
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Maldonado y Robleto se encontraban bajo protección internacional del Estado costarricense cuando fueron atacados. El Colectivo señaló que, por su condición de personas refugiadas y sobrevivientes de violencia grave y persecución política, requieren una atención diferenciada que garantice su acceso efectivo a la justicia.
La organización también recordó que Nadia Robleto fue separada de sus hijos por este atentado y que ambos atraviesan un nuevo exilio.
Piden investigar a autores materiales e intelectuales
“La prolongación del proceso aumenta la incertidumbre, genera revictimización y debilita la confianza en la capacidad institucional para responder ante hechos graves de violencia contra personas refugiadas”, señala el comunicado.
El Colectivo recordó al Estado de Costa Rica que el derecho internacional exige una respuesta diligente, efectiva y oportuna. También advirtió que la justicia tardía puede contribuir a un clima de impunidad y favorecer la repetición de agresiones similares contra personas nicaragüenses refugiadas o exiliadas en territorio costarricense.
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Además, la organización recomendó al Estado costarricense avanzar en políticas públicas integrales para la protección de personas refugiadas y exiliadas. Estas medidas, indicó, deben incluir acciones de prevención, protección y acceso efectivo a la justicia.
“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de Costa Rica para que establezcan una nueva fecha para el juicio, garanticen el avance efectivo del proceso, protejan a las víctimas y testigos, y desarrollen una investigación integral que permita identificar, acusar y sancionar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales”, señaló el Colectivo.
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En el documento, la organización también exhortó a la sociedad costarricense, a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes y acompañar la exigencia de verdad, protección y justicia para Maldonado y Robleto.
