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Aquel día cayó en domingo: fue un 8 de julio de hace 7 años. Cientos de camionetas civiles, patrullas policiales, buses rusos y camiones de las alcaldías sandinistas irrumpieron de madrugada por todos los costados de Carazo.
La misión era aniquilar la resistencia civil en los tranques de Carazo, comenzando por las barricadas de El Crucero en Managua y de los municipios de Dolores, Diriamba y Jinotepe, el más fuerte y custodiado de todos ellos, tal y como lo anunció oficialmente la Policía.
Entre 1,500 y 2,000 policías, soldados y paramilitares armados con fusiles AK, ametralladoras pesadas, lanzagranadas, drones, fusiles de francotiradores, radiocomunicadores, granadas de fragmentación y escopetas rodearon el departamento, cerraron las vías de comunicación, cortaron las comunicaciones, el agua y la energía y se lanzaron al asalto.
Después de 13 horas de balacera, una tensa calma llegó a Carazo tras un baño de sangre de decenas de asesinados, heridos de bala, desaparecidos, violaciones, torturas y detenciones.
Si bien la dictadura logró desarticular la resistencia, barrer los tranques y controlar el departamento, la persecución y la venganza nunca cesó. Al contrario, se recrudeció y cruzó las fronteras.
Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una persecución persistente contra opositores originarios de Carazo, el departamento del suroeste de Nicaragua que más costó doblegar.
Muchos de estos hombres y mujeres se exiliaron en Costa Rica, pero ni el asilo los ha protegido de amenazas, atentados y asesinatos.
¿A qué se debe tanta saña? Un analista de seguridad del otrora Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas, una exlíder de la resistencia de Carazo y un defensor de derechos humanos analizan las causas del encono con que la dictadura ha perseguido y atacado a los exiliados de ese departamento.
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“Venganza y cacería”
Un mes atrás, “Estrella” no hubiera dudado en dar la cara en una entrevista periodística para denunciar la “venganza extraterritorial” de la dictadura Ortega Murillo contra sus coterráneos.
Sin embargo, desde el asesinato del mayor en retiro del Ejército sandinista, Roberto Samcam, el pasado 19 de junio, ella y decenas de exiliados caraceños en Costa Rica han decidido pasar “al clandestinaje preventivo” para evitar exponerse a peligros.
“Ya antes todos los sobrevivientes de la masacre de Carazo habíamos denunciado ante los derechos humanos y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que esa gente nos andaba cazando, pero creo que nos fresqueamos y ya vez, mataron a Roberto (Samcam) y van a seguir matándonos a los que nos encuentren, porque aquí (en Costa Rica) no hay protección alguna contra los sicarios sandinistas”, dice ella.
“Estrella” fue coordinadora de tranque en Jinotepe desde el 1 de junio de 2018 hasta el 8 de julio del mismo año.
Dice que en su zona las protestas comenzaron con unos 12 chavalos en un tranque de piedras y palos, armados con morteros, huleras y molotov de botellas de cerveza.
“Poco a poco se sumaron más vecinos y autoconvocados, hasta estudiantes de la Upoli y la UNAN recibimos de refuerzos. Cuando la Policía empieza a querer asaltar los tranques a puro balazo, se nos suman expolicías, gente que fue militar y que sacaron sus armas para repeler los ataques”, dice.
Sin citar nombre, dice que incluso policías activos, militares activos y exfuncionarios sandinistas que se le habían volteado al régimen se acercaron a poner su “granito de arena” para organizar la defensa de los tranques y de la ciudad.
Aliados inesperados
“Un día se les va tener que lavar la cara a esas personas, que ahora mismo el pueblo las tiene como reconocidos sandinistas, pero en lo más crudo de las protestas nos enviaron armas, dinero, información y municiones para volarle pija a la Policía”, dice.
Ella cuenta que para el tercer intento policial de asalto de los tranques de Jinotepe, en vez de 12 chavalos con morteros, ya habían más de 80, organizados y al menos con ocho fusiles en dominio.
“En los primeros dos asaltos, les arrebatamos cinco AK y dos pistolas, a punta de piedras y morteros, en el tercer asalto, que fue bien fuerte, les recuperamos una metralleta del Ejército y varios fusiles con cargadores. Cuando llegan con la operación limpieza el 8 de julio, esas mismas armas se las pusimos de defensa».
Para ella no hay más explicación a la cacería que dicen vivir que una venganza sandinista por la resistencia mostrada en Carazo: “Los muchachos con morteros y huleras les bajaron varios paramilitares y policías. Les quitaron las armas y con ellas mismas se defendieron. Eso, más haberles bloqueado el comercio por casi dos meses, es la rabia que se cargan. Esa cacería de ahora es venganza por la resistencia que les pusimos”, dice.
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El asesinato de Rodolfo Rojas
La persecución contra los exiliados caraceños no terminó el 8 de julio de 2018. Al contrario, apenas comenzó.
El 24 de junio de 2022, Rodolfo Rojas Cordero, excombatiente histórico sandinista que se rebeló contra Ortega y coordinó un tranque en Jinotepe, fue secuestrado en San José, Costa Rica.
Según fuentes de seguridad reveladas al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a Rojas lo mantuvieron cautivo varios días en La Cruz de Guanacaste, lo trasladaron hasta Rivas y de allí a Honduras, cerca de Danlí, frontera con Nicaragua, donde apareció ejecutado el 28 de junio.
Rojas fue uno de los más activos opositores en Jinotepe, organizando la defensa de la ciudad y repeliendo los ataques policiales. Su cuerpo lo encontraron con cuatro disparos: tres en el tórax y un disparo de remate bajo la barbilla que le estalló el cráneo.
Atentados contra Joao Maldonado
Joao Maldonado, considerado uno de los líderes de los tranques más bravos de la resistencia en Jinotepe, ha sobrevivido a dos atentados.
El primero ocurrió en septiembre de 2021, cuando lo interceptaron en Escazú y le propinaron cinco balazos. Sobrevivió con heridas graves. El segundo ataque sucedió en enero de 2024 en pleno San José, capital costarricense. Motorizados lo emboscaron junto a su esposa, Nadia Robleto, y le dispararon siete veces en el tórax y la cabeza. Ella también resultó herida.
Ambos lograron sobrevivir de milagro y achacaron la responsabilidad del crimen al periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira, quien los citó a un hotel para ofrecerles un trabajo, pero al salir de la reunión los persiguieron para asesinarlos.
Maldonado, por medio de terceros contactos, declinó la entrevista para LA PRENSA sobre este tema.
La muerte de Roberto Samcam
El caso más reciente fue el asesinato de Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército Popular Sandinista y crítico constante del régimen.
El 19 de junio de 2025, hombres armados llegaron hasta su casa en Moravia, San José, y lo acribillaron. Samcam había recibido amenazas por sus declaraciones públicas y por denunciar violaciones de derechos humanos.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, declaró una coincidencia más que clara: las principales víctimas de este tipo de atentado con características de crimen político eran exiliados de Carazo.
“Estamos hablando de una situación bastante particular. Ya son tres coincidencias… y bueno, es parte de lo que estamos tratando de dilucidar con la investigación”, dijo.
Para un analista del desaparecido IEEPP, exiliado en Costa Rica, las razones que explican la saña de la dictadura contra los exiliados son esencialmente ideológicas. “Están cobrando la política partidaria de pasar factura a quienes ellos consideran traidores”, dice.
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Marca militar
“Quienes más daño hicieron al régimen, irónicamente, fueron los exmiembros del Frente Sandinista, expolicías, militares en retiro y otrora agentes de seguridad que organizaron las respuestas de defensa y ataque contra los operativos policiales”, añade.
Según él, la represión transnacional contra los exiliados de Carazo no son hechos aislados sino una política de represión que, según los protocolos de seguridad y defensa, cuenta con autorización expresa de los gobernantes.
“Aquí operan varias instituciones. La Inteligencia Policial, el Ministerio del Interior y el Ejército coordinan y triangulan la información de los objetivos, designan recursos y desarrollan planes, pero al tratarse de operativos fuera de Nicaragua que podrían comprometer las relaciones internacionales, deben contar con un permiso expreso de Ortega y Murillo”, dicen.
“Una vez que ellos reciben el visto bueno, proceden a ejecutar los planes. Siempre ha sido ese el protocolo de seguridad y este crimen de Samcam tiene ese sello de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua”, acusa.
El origen del odio: Carazo
El 8 de julio de 2018, un contingente de al menos 2,000 hombres armados —policías, paramilitares y fuerzas especiales— irrumpió en Jinotepe, Diriamba y Dolores para desarticular los tranques establecidos ahí desde el 31 de mayo.
“Ese día Jinotepe estuvo bajo fuego por 13 horas”, relató “Martín”, un exmiembro de los tranques que ahora evita decir el lugar en que se encuentra.
“Vinieron con todo: incluso un helicóptero al lado de Casares que movilizó tropas desde las costas, además de tractores, drones y armas de guerra”, cuenta.
Las barricadas, conocidas como tranques, habían sido levantadas por jóvenes, estudiantes y pobladores tras la represión de las protestas de abril y la masacre del Día de las Madres, el 30 de mayo, cuando murieron 19 personas.
Los tranques paralizaron la Carretera Panamericana y el comercio con Centroamérica. Más de 300 furgones quedaron entrampados en Carazo.
“El régimen primero pidió en el diálogo que se levantaran y permitieran el avance de los tráileres. Como no lo consiguió, ordenó desalojarnos por la fuerza”, dijo Martín.
Durante la ofensiva final del 8 de julio, al menos 32 personas murieron en pocas horas, según organizaciones de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
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La huida a Costa Rica
Tras la caída de los tranques, cientos de activistas y líderes comunitarios huyeron a pie por veredas. Llegaron a Costa Rica, algunos heridos y casi todos sin nada más que las ropas que llevaban puestas.
Entre ellos estaban Joao Maldonado, Roberto Samcam y Rodolfo Rojas Cordero, además de decenas de líderes de barrios y jefes de defensa de los tranques. Eran conocidos por el régimen y fueron señalados como organizadores de la resistencia.
Según testigos que sobrevivieron a la masacre, las autoridades municipales y diputados oficialistas de Carazo ofrecieron recompensas por los cabecillas, vivos o muertos.
Un patrón de violencia y venganza
El abogado de derechos humanos, Yader Valdivia, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, analiza que la violencia contra la población de Carazo, especialmente quienes se vieron forzados al exilio en Costa Rica, tiene las mismas características de otros operativos de ejecución transfronterizas cometidos contra disidentes de Venezuela y Cuba.
A su juicio, estos ataques en Costa Rica son la prolongación de una represión desmesurada iniciada en 2018 y motivada por el carácter inesperado y contundente de las protestas en esa región en esa época.
Valdivia subrayó que las protestas que estallaron en abril de 2018 comenzaron de manera “cívica”, con características distintas a las manifestaciones anteriores en Managua. En Carazo, la rebelión fue particularmente sorprendente para el régimen. “Eran lugares que jamás se imaginaron que se levantarían porque ellos los consideraban bastiones sandinistas”, apuntó.
La magnitud del desafío quedó clara cuando los pobladores establecieron el tranque de Jinotepe, que bloqueó la Carretera Panamericana sur. Esa vía es estratégica porque conecta Nicaragua con Costa Rica y el resto de Centroamérica.
Según el abogado, el cierre “prácticamente paralizó Centroamérica” y desencadenó presiones de distintos sectores, incluyendo empresarios y sospechas de actores del crimen organizado, que demandaban la reapertura del transporte regional.
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La “operación limpieza”
El 8 de julio de 2018, el régimen ejecutó la llamada “operación limpieza”. Valdivia la describe como una intervención con “mucha saña” que combinó a la Policía, el Ejército y grupos paramilitares. “Fue una operación que no sólo buscó desmantelar los tranques, sino también infundir terror en toda la población”, explicó.
El Colectivo de Derechos Humanos ha recibido 77 testimonios de personas de Carazo que presenciaron la intervención y testificaron como víctimas.
La dimensión de la represión fue tan grande que, según Valdivia, Carazo “fue una de las ciudades menos documentadas por las organizaciones de derechos humanos”, porque la zona quedó militarizada y muchas víctimas no pudieron ser contabilizadas ni identificadas.
Las cifras de la represión en Carazo varían según Valdivia: el museo de las Madres de Abril reporta 14 personas asesinadas, mientras otras estimaciones señalan entre 32 y 38 fallecidos.
Valdivia también recordó que hay familias que nunca recuperaron los cuerpos de sus parientes o que ni siquiera se atreven a mencionar su desaparición por temor a represalias.
Torturas crueles y ensañamiento
La violencia ejercida durante la operación limpieza y los días posteriores incluyó formas extremas de tortura.
El colectivo documentó al menos 10 casos de torturas “crueles” que afectaron tanto a hombres como a mujeres y adolescentes. Entre los métodos utilizados se cuentan quemaduras en los pies y testículos, desprendimiento de uñas y piezas dentales, y golpes que causaron fracturas.
De los 77 casos recibidos por el Colectivo, 31 corresponden a mujeres. Para Valdivia, esto demuestra que el ensañamiento “no fue sólo contra hombres jóvenes”, sino contra toda la población civil.
“Se cometió un ensañamiento terrible que constituye crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos”, enfatizó.
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La saña que persiste en el exilio
Valdivia sostuvo que el odio contra Carazo no se extinguió con el desmantelamiento de los tranques.
Por el contrario, la persecución ha continuado más allá de las fronteras. Citó como ejemplo la serie de atentados en Costa Rica contra opositores originarios de Carazo, incluyendo a Rodolfo Rojas Cordero, asesinado en 2022; Joao Maldonado, quien sobrevivió a dos ataques armados, y más recientemente Roberto Samcam, ejecutado el 19 de junio de 2025.
El abogado recordó que incluso Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, advirtió públicamente que estos crímenes comparten un patrón. “Es una situación bastante particular. Ya son tres coincidencias”, dijo Zúñiga en referencia a la procedencia de las víctimas.
Para Valdivia, este patrón confirma que “la saña contra Carazo es muy grande y persistente”, pues no se limita a figuras con un alto perfil político. “Hay víctimas que no tienen un liderazgo visible y aun así son perseguidas”, advirtió.
Caso de Bismarck Martínez
Respecto al asesinato de Bismarck Martínez, un militante sandinista que según la narrativa sandinista fue asesinado en los tranques de Carazo, el abogado reconoció que se ha usado de manera sistemática para justificar la represión.
El régimen ha afirmado que Martínez fue secuestrado y asesinado por personas vinculadas a los tranques, pero Valdivia cuestiona el manejo oficial del caso.
“Sólo el régimen lo sabe” si ese crimen fue la causa directa del operativo masivo en Carazo, señaló. Recordó que la llamada “Comisión Porras”, o Comisión de la Verdad, creada por la Asamblea Nacional, “no esclareció ni un solo caso” de las muertes ocurridas en 2018.
A pesar de contar con todo el aparato estatal —Policía, Ejército, Medicina Legal— el régimen nunca mostró voluntad para investigar de manera rigurosa y transparente. “Siete años después, no se ha esclarecido el caso con los estándares internacionales y el caso Bismarck Martínez es uno de ellos”, insistió Valdivia.
Según su relato, el Estado nicaragüense tampoco divulgó información sobre una autopsia ni presentó un expediente completo que demuestre quiénes fueron los autores materiales o intelectuales del crimen.
Además, denunció que personas detenidas durante la «operación limpieza» fueron “obligadas bajo tortura a declarar” que los manifestantes ejecutaron a Martínez.
Una violencia que no termina
Para Valdivia, los asesinatos y atentados en el exilio son la prueba más clara de que el régimen mantiene una política de venganza. “La saña se sostiene a la fecha”, afirmó.
El abogado también advirtió que la persecución ha alcanzado a exiliados con bajo perfil y a familias que huyeron únicamente por temor a represalias.
“A raíz del asesinato de Roberto Samcam todos los exiliados de Carazo han tomado medidas de seguridad extrema, les están volviendo los traumas de la represión y muchos nos han llamado porque se sienten amenazados, quieren salir de Costa Rica porque no se sienten seguros y creen que alguno de ellos será el próximo. Es decir, el terror volvió a anidarse en ellos”.
