La gran purga de la dictadura de Ortega. Nadie está a salvo, advierten a los que aún le sirven

Personajes como el asesor en seguridad de Ortega, Néstor Moncada Lau; el exjefe del Chipote, Luis Alberto Pérez Olivas; el hijo del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Terán; el excomandante de la Revolución Sandinista, Bayardo Arce; el exasesor para inversiones, Álvaro Baltodano y muchos más han sido descartados por la dictadura. Algunos han terminado presos, otros muertos y algunos condenados al olvido que hasta acarrean sanciones de Estados Unidos y otros gobiernos por formar parte del aparato represor del régimen.

La más reciente de las purgas que hubo a lo interno del régimen fue la del otrora tesorero del Frente Sandinista, Francisco “Chico” López. Él ha sido una figura clave en el manejo de la cooperación petrolera venezolana a través de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa). Fue detenido la semana pasada por no saber explicar qué pasó con los bienes del partido que originalmente administró Bayardo Arce, otro de los incondicionales que terminó condenado en enero por lavado de activos y defraudación al Estado.

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El tesorero del FSLN habría sido sustraído de su vivienda, donde permanecía “bajo la figura de casa por cárcel” mientras le “estaban haciendo una auditoría a todo lo que administró: Albanisa y el patrimonio familiar (de los Ortega Murillo)”, dijo a LA PRENSA una fuente allegada a López.

Tanto Arce como López fueron dos figuras clave de la red económica que sostiene al régimen Ortega Murillo hasta estos días y que le permitió enriquecerse, sin embargo, también cayeron en desgracia por ese mismo régimen con el que colaboraron por varios años.

“Terminaron como tontos útiles. Pero esto debe llamar la atención de todos los que todavía siguen con ese régimen, que se vean en el espejo de los que les pasaron la cuenta porque en cualquier momento se las pueden pasar a ellos también”, advierte un exfuncionario que solicita no ser mencionado.

Para el economista Enrique Sáenz, estas purgas no se tratan de casos de malversación de fondos públicos o de corrupción como lo ha querido hacer ver la dictadura. “Los negocios que oficialmente manejaba (Chico López) son el corazón del Estado Mafioso. Nada podía moverse allí sin autorización y conocimiento de Ortega”, detalló Sáenz en un artículo de opinión publicado en sus redes sociales.

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Más allá de las posibles versiones sobre la caída de López, Sáenz valora también otros motivos por los que la familia Ortega Murillo lo haya purgado.

“Intentar echarle el muerto por los negocios turbios y lavado de dinero a fin de que la familia aparezca ante los gringos con las manos limpias; centralizar en manos de la familia la gestión del capital mafioso; mantenerlo encerrado para anticiparse a cualquier tentación de que escapara y comenzara a cantar; como mafioso y ante la cercanía del naufragio, quiso quedarse con parte del pastel sin autorización de los capos. Y los capos le pasan la cuenta”, apunta el economista.

Ni la familia se salva

El círculo de los Ortega Murillo es tan cerrado que incluso algunos miembros de su propia familia han sufrido la represión de ese régimen que ayudaron a construir, del que han sido parte o que se beneficiaron.

El caso más insigne es el de Humberto Ortega, el hermano menor del dictador que tras una entrevista en la que cuestionó el poder de Rosario Murillo fue puesto en casa por cárcel, hasta que murió el 30 de septiembre de 2024. Su pareja, Angélica Chavarría, también fue apresada y hasta la fecha sigue detenida por la dictadura.

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También ha habido desavenencias entre Rosario Murillo y Juan Carlos Ortega Murillo, el hijo de la pareja dictatorial. Él mismo publicó el pasado viernes 8 de mayo un poema que parece estar dedicado a su madre en el que decía “vas destruyendo todo”.

“Estoy cansado de ver cómo caés, te vas hundiendo, ¿acaso no lo ves? tu vacío algún día enterraré porque el miedo es tu dios y no te deja ser… Vas destruyendo todo… Vas destrozando todo… Perdiste el rumbo, distorsionaste el mundo”, se lee en la parte más cruda del poema.

Este texto fue publicado por Juan Carlos Ortega Murillo en medio de un conflicto entre su madre y su esposa Xiomara Blandino, quien fue expulsada de El Carmen, en donde viven todos los hijos de la pareja dictatorial con sus esposas.

El conflicto empezó después de que Blandino viajara a República Dominicana en octubre de 2025 sin permiso de Rosario Murillo, según reveló una fuente cercana a la exreina de belleza a LA PRENSA. Blandino fue expulsada de El Carmen en una patrulla policial y despojada de su pasaporte, y de su hijo (en ese entonces de 18 meses) que tuvo con Juan Carlos Ortega.

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“La señora está tan obsesionada con el poder y con tanto miedo de perderlo que esa paranoia la hace desconfiar de la gente que tiene al lado, incluidos sus hijos”, valora el exfuncionario.

Otros purgados y caídos en desgracia

Las purgas de los Ortega Murillo han alcanzado las más altas esferas del poder y han hecho caer en desgracia a varios funcionarios de instituciones como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Policía, el principal brazo represor de la dictadura.

En noviembre de 2022, el poderoso comisionado general de la Policía, Adolfo Marenco, fue enviado sorpresivamente a retiro. Él era una de las piezas más importantes de la dictadura en su estrategia de represión. Su labor era el espionaje, por eso operaba en las sombras, con los títulos de subdirector de la Policía Nacional y jefe de Investigación Policial y de Inteligencia Política.

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Marenco fue enviado a retiro de manera sorpresiva y en enero de 2023 se conoció que se encontraba detenido en el Chipote, tras casi 40 años de fiel servicio policial y disciplina partidaria. Lo mismo sucedió con el comisionado general Marcos Acuña, exjefe de escoltas de Daniel Ortega.

Acuña fue detenido en agosto de 2024. La Policía confirmó a través de un comunicado que fue dado de “baja deshonrosa” y que sería juzgado por el delito de “incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación”.

El comisionado general Fidel Domínguez era el jefe policial de León y el terror del occidente desde que asumió la jefatura en esa zona, en agosto de 2018, en medio de la «operación limpieza» que ejecutó la dictadura contra opositores. Llegó prometiendo que restauraría «la seguridad» que había antes del 18 de abril de ese año.

Persiguió a periodistas, dirigió a una turba que agredió a opositores de la Alianza Cívica, él mismo dirigió actos de tortura en contra de una familia y amenazó a la oposición con tomar las armas si seguían protestando contra los Ortega Murillo. El 21 de febrero de 2020, Estados Unidos lo sancionó y señaló de ser partícipe de violaciones a derechos humanos. “Ha dirigido numerosos ataques contra ciudadanos y periodistas nicaragüenses”, acusaron los norteamericanos.

Se mostraba como uno de los más incondicionales con la pareja dictatorial hasta que lo mandaron a retiro en marzo de 2025 junto al inspector Jaime Vanegas, otro de los jefes policiales que se prestó para la estrategia de represión en contra de la población. Así, ambos quedaron descartados.

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Otros comisionados que fueron conocidos por su papel represor, pero también por su servilismo con la pareja dictatorial y que terminaron purgados, son Pedro Rodríguez Argueta, señalado de dirigir la «operación limpieza» en Carazo; Juan Valle Valle, el jefe del Departamento de Patrullaje y Vigilancia de la Policía, cuyo papel como represor lo hizo merecedor de sanciones por parte de Estados Unidos y el Reino Unido; y Sergio Gutiérrez, el verdugo de monseñor Rolando Álvarez, pues estuvo a cargo del encierro, detención y traslado a Managua del obispo de Matagalpa en 2022.

Gutiérrez fue expulsado oficialmente de la Policía el lunes 10 de julio de 2023, cuando entregó su cargo de jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE).

Entre los jefes policiales que también fueron purgados se encuentra Luis Alberto Pérez Olivas, el exjefe de Auxilio Judicial y reconocido como el “torturador” de varios presos políticos. Sus actos de tortura iban desde la electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento, violaciones y hasta golpes con tubos de acero. Eso le valió una sanción por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2020.

Pero tantos años de lealtad al régimen no impidieron que, en junio de 2023, lo purgaran de su cargo como jefe del Chipote, enviándolo a retiro.

Purga en el Poder Judicial

La lista de purgados también pasa por el Poder Judicial en donde casi todos los magistrados han sido expulsados. De hecho, los rumores de estos caídos en desgracia también incluyen a la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos.

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Ramos fue reelecta como magistrada en 2022, pero en octubre de 2023 terminó desalojada por agentes del aparato policial que ejecutaron una intervención interna en la Corte. Desde entonces su suerte ha bregado entre rumores de todo tipo. Según los reportes extraoficiales, Ramos se mantiene bajo vigilancia policial en su casa, en condición de casa por cárcel y el régimen circuló una carta recientemente, en donde supuestamente Ramos desmiente que haya salido del país. Lo cierto es que esa carta no está firmada por ella y tampoco se le ha visto en actos oficiales.

Como presidenta de la CSJ, Ramos permitió numerosos procesos judiciales anómalos contra opositores y sentencias de hasta 200 años de prisión a personas que fueron encarceladas por manifestarse en contra de la dictadura Ortega Murillo.

Tras la salida de Alba Luz Ramos de la Corte, el magistrado Marvin Aguilar García quedó como “magistrado presidente en funciones. Él es un viejo cuadro orteguista, con casi tres décadas en la Corte, secretario político de estructuras sandinistas y sancionado por Estados Unidos. En 2025 fue obligado a dejar su cargo.

Otra magistrada leal y de larga trayectoria que también fue purgada es Yadira Centeno, quien fue expulsada de la Corte en octubre de 2023. Un año antes, la magistrada Ileana Pérez fue obligada a renunciar tras acusaciones de corrupción y las pugnas internas entre Ortega y Murillo.

Según se reportó en su momento, Pérez fue interrogada en el Chipote por un caso relacionado con una propiedad decomisada. Luego, policías vestidos de civil la condujeron a su oficina y posteriormente a su vivienda. Tres días después presentó la renuncia a su cargo de magistrada ante la Asamblea Nacional aduciendo “motivos de salud” que requerían atenciones.

Antiguamente Pérez López había gozado de la protección de Daniel Ortega, al punto de que en 2021 se atrevió a ordenarle a un registrador de la propiedad de Rivas que asignara la casa de un narcotraficante a su hermano Emilio Chan López, juez de lo Civil en ese departamento. El caso fue motivo de investigaciones en febrero de 2022, sin aparentes repercusiones para la magistrada.