Mientras avanza el proceso de «purgas» que Daniel Ortega y Rosario Murillo empujan contra sus antiguos aliados, ahora le tocó el turno de «recibir su castigo» a Huáscar González, abogado caraceño quien según diferentes fuentes habría sido detenido por la Policía de la dictadura unas dos semanas atrás.
González cuenta con un amplio historial de tramites oscuros que realizaba para la familia en el poder, y para el también «caído» Néstor Moncada Lau, cuyo último cargo fue de Asesor Presidencial para Seguridad Nacional, aunque la relación con Ortega lleva ya décadas. Entre los trámites que habría realizado González está la compra de Canal 8, que se realizó con fondos de la cooperación venezolana, pero pasó directamente a manos de Juan Carlos Ortega Murillo; además, una demanda contra el diario LA PRENSA y recientemente la compra de la casa del barrio Carlos Marx que, en 2018, paramilitares quemaron con una familia adentro.
«Hay muchas especulaciones sobre el encarcelamiento de Huáscar, sin embargo, de eso no hay certeza, eso no se puede comprobar porque la dictadura no lo ha confirmado y seguramente no lo hará. Lo que sí es cierto es que está desaparecido, en su casa no está y su familia no sabe nada de él», asegura un colega cercano que por temor a represalias solicita anonimato. LA PRENSA conversó con otras tres fuentes, colegas de Huáscar González, quienes coincidieron en que éste no era sandinista, pero proviene de una familia cercana a ese partido. Su tío, Sebastián González fue vice titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (Midinra) que dirigía el entonces comandante de la Revolución, Jaime Wheelock.
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Los vínculos de González con El Carmen
Sus vínculos con los Ortega Murillo se forjaron por su desempeño como abogado. Huáscar González y otros dos abogados, Bosco Noguera y Orlando Guerrero Cuadra trabajaban en el despacho de José Adán Guerra; y cuando a Guerra lo nombraron magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en abril de 2014, González quedó a cargo de esa oficina y continuó trabajando con Noguera y Guerrero. Desde esa función, establecieron relaciones con el círculo de poder a través del abogado Marcos Martínez Mejía (q.e.p.d.), que por muchos años fue considerado el “mandadero” de Daniel Ortega.
Martínez Mejía conocido como «Marquitos» trabajaba junto a Néstor Moncada Lau en un despacho de abogados que funcionaba en El Carmen. Uno de los trabajos importantes que realizó para Ortega, fue protegerlo de las consecuencias de la violación sexual a una menor de edad.
Para evitar un escándalo público, Martínez supuestamente le entregó fuertes cantidades de dinero a Santos Sebastián Flores, hermano de Elvia Flores, joven de la que supuestamente Ortega abusó cuando tenía 15 años y con quien procreó una hija. A la niña la inscribieron como hija de Moncada Lau; y Santos Flores murió en 2021 mientras permanecía preso en la cárcel Modelo de Tipitapa, dónde el régimen lo recluyó después que denunció a Ortega públicamente.
González participó en la compra de Canal 8
Entre las colaboraciones que Martínez le pidió a Huáscar González, figuran el apoyo legal para concretar, en 2010, la compra del Canal 8 de televisión, medio de comunicación que Ortega adquirió con fondos de la cooperación venezolana y lo entregó a su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, con el pasar de los años Ortega pondría al frente de varios canales de televisión a sus hijos Daniel Edmundo, Camila y Maurice hasta tener un control total de la televisión abierta en Nicaragua.
A raíz de las protestas sociales de 2018, González se separó del despacho de Guerra e instaló con Guerrero Cuadra un nuevo despacho en un centro comercial de Carretera Sur. Noguera supuestamente se separó de ellos y se acercó a los grupos de estudiantes universitarios que protestaban contra Ortega.
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También en la demanda contra LA PRENSA
En 2020, González estuvo relacionado con la demanda laboral por 2.2 millones de dólares que el exgerente general del diario LA PRENSA, Hugo Holmann interpuso contra Editorial LA PRENSA. El exgerente general del diario utilizó los servicios notariales de González, para otorgarle un poder al abogado Manuel de Jesús Martínez, para que lo representara en el proceso.
Holmann interpuso la demanda contra la empresa de su familia, a pesar de que ya había recibido, tras una larga negociación, una indemnización por casi 450 mil dólares, por casi 25 años de laborar en la empresa.
En una ocasión, «Marquitos» le comentó a una persona cercana al proceso, que cuando Holmann solicitó sus servicios él personalmente se lo informó a Ortega y que este le ordenó «apoyar al muchacho». Además, lamentó que un día antes del juicio, por presiones de la Embajada de Estados Unidos, haya desistido de seguir con el proceso; ya que Holmann se había comprometido a entregarles un porcentaje de los 2.2 millones de dólares que exigía en la demanda.
Marquitos aseguró que esa comisión «ya la tenían en la mano» y que tras la decisión tuvieron que conformarse con los 50,000 dólares que les entregó como adelanto para llevar el proceso.
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Vinculados a la Alcaldía de Managua y despojo a opositores
A ese caso se sumaron otros, ya que también hacía trabajos para Lenin Cerna y para el eterno asesor económico y comandante de la Revolución, Bayardo Arce, que recientemente también fue purgado por la dictadura. Los «trámites» que realizaba González propiciaron una estrecha relación con Erick Canales, conocido como Chuky, que desde 2019 ocupa el cargo de director de Recaudaciones de la Alcaldía de Managua.
Canales es uno de los hombres de confianza del secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno y habría colaborado con González y Noguera para despojar de propiedades a varios opositores, según los colegas de los abogados que pidieron el anonimato. Uno de los casos más conocidos fue el embargo y confiscación de la inmobiliaria y el restaurante Intermezzo del Bosque, propiedad de la familia Cárdenas Lacayo.
Pero tras la repentina muerte de «Marquitos», en agosto de 2023, y los sucesos que se desencadenaron tras su deceso, incluido el encarcelamiento de su esposa y la confiscación de algunos de sus bienes, González pasó a trabajar en el despacho de El Carmen, bajo las órdenes directas de Moncada Lau, eterno testaferro de Daniel Ortega que recientemente cayó en desgracia y que en su caída habría arrastrado a González.
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Huáscar González al servicio de Payo Ortega
Recientemente González y Noguera, bajo las órdenes de Rafael (Payo) Ortega, realizaran los trámites para adquirir la casa del barrio Carlos Marx de la capital, quemada durante la crisis sociopolítica de 2018, por paramilitares bajo las órdenes de la dictadura. Parte de los integrantes de la familia Velásquez Pavón, dueña de esa propiedad, murieron calcinados durante el incendio.
Los nuevos dueños remodelaron la vivienda y ahora allí funciona un gimnasio que pertenece a uno de los nietos de los dictadores, Laureano Ortega, hijo de Payo. Pero el negocio lo administra Josué Mendoza, colaborador cercano y testaferro de Payo Ortega.
Hace pocos meses Huáscar González realizó ese «servicio» para Payo Ortega. Ahora se sumó a la lista de «purgados» de la dictadura.
N de R: A raíz de esta publicación, el abogado Bosco Noguera Mayorga envió una carta a LA PRENSA rechazando los señalamientos sobre su persona que aparecen en el artículo. Puede leer la carta aquí.
