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El expresidente costarricense Luis Guillermo Solís llamó este viernes 13 de marzo a la comunidad internacional a «activar» los mecanismos para denunciar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), luego de que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) denunció a una red de represión contra exiliados nicaragüenses.
Solís consideró «gravísimo» el señalamiento contra el cocanciller de Nicaragua, Valdrack Ludwig Jaentschke Whitaker, como uno de los encargados de tomar decisiones en el Estado, relacionadas con la represión trasnacional.
El alto funcionario es uno de los 26 operadores del régimen identificados por los expertos de Naciones Unidas que se encuentran fusionados en una red con miembros del partido Frente Sandinista, activada para hacer daño a opositores.
Desde 2018, según Naciones Unidas, al menos 800 mil nicaragüenses han salido del país para resguardar su integridad, lo que equivale al 12 por ciento de la población. Ellos son vistos como potenciales disidentes. El documento del GHREN agrega que 342,045 habían solicitado asilo en el extranjero y solo 31,387 habían obtenido la condición de refugiados.
“La comunidad internacional debe tomar nota de este informe y sus conclusiones y activar, por medio de países con gobiernos de reconocida solvencia democrática, las denuncias respectivas ante la Corte Internacional de Justicia”, sugirió el politólogo, quien gobernó Costa Rica entre 2014 y 2018.
En este aspecto coincidió con los mismos expertos de Naciones Unidas que hicieron en su informe 14 recomendaciones a la comunidad internacional, entre ellas que cualquier Estado de la comunidad internacional lleve al Ejecutivo de Nicaragua por su violación flagrante a la convención para la reducción de los casos de apatridia.
Costa Rica “no puede ser tímido ni pasivo”
Solís dijo que su país “no puede ser tímido ni pasivo”, cuando se le preguntó si podría ser uno de los candidatos para elevar una acusación contra el régimen nicaragüense ante la CIJ, tomando en cuenta que se han registrado varios atentados contra opositores en su territorio.
“El Gobierno de Costa Rica, por respeto a la larga trayectoria del país en materia de defensa de los derechos humanos, no puede ser tímido ni pasivo frente a los señalamientos del GHREN, los cuales claramente ratifican la amenaza que la dictadura en Nicaragua representa para la seguridad nacional del país”, sostuvo el expresidente.
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Jaentschke es un sociólogo costeño del entorno cercano a Ortega, que ocupa actualmente el cargo de cocanciller. Pero en su pasado, además de cargos como vicecanciller o asesor de relaciones internacionales de Ortega, se desempeñó en los años ochenta como agente de la seguridad del Estado y es uno de los funcionarios que mejor conoce a los actores de la sociedad civil, porque proviene de esas filas e incluso manejó en aquellos años fondos de la USAID.
La investigación del GHREN indica que el actual cocanciller ocupó cargos diplomáticos en Guatemala, Honduras y Costa Rica entre 2021 y 2023, y, mientras estuvo en ellos, “habría presuntamente formado parte de un grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar acciones de represión transnacional en varios países”. Este aparato de espionaje y agresión opera en cinco países, bajo el mando directo de Rosario Murillo. De hecho, identificaron que las misiones diplomáticas albergan personal de inteligencia que se reporta directamente con la dictadora.
Para Ariela Peralta, otra de las expertas del GHREN, las estructuras diplomáticas y consulares han sido instrumentalizadas para rastrear, monitorear e intimidar a nicaragüenses en el exilio. “Se trata de una política deliberada para eliminar la disidencia dondequiera que se encuentre”, aseguró. Los miembros del GHREN llamaron en el informe a la comunidad internacional a utilizar mecanismos para que el régimen Ortega-Murillo rinda cuentas por sus acciones.
Asesinatos de opositores
En octubre de 2024 fue asesinado Jaime Luis Ortega Chavarría en Costa Rica. Pasó lo mismo con el mayor retirado Roberto Samcam, el 19 de junio de 2025. En enero de 2024, el opositor Joao Maldonado y su esposa sobrevivieron a un segundo atentado en San José. El primero ocurrió en 2021.
«La violencia física contra los nicaragüenses exiliados ha aumentado en los últimos años, especialmente en Costa Rica y Honduras. Se han denunciado al Grupo más de una docena de asesinatos, intentos de asesinato y agresiones. En la mayoría de los casos, las víctimas habían recibido previamente advertencias o amenazas de muerte, y en los ataques uno o varios autores no identificados emplearon armas de fuego y mostraron un alto nivel de preparación», señala el informe.
Los expertos de la ONU reconocen el caso de Samcam como el «más alarmante». A pesar de todos estos casos, que cuestionan el nivel de seguridad en Costa Rica, el sociólogo y exiliado Douglas Castro considera «muy difícil» que este país demande internacionalmente al régimen. Él considera que el gobierno de Rodrigo Chaves ha priorizado mantener algún nivel de relación, «aunque sea mínimo» con Nicaragua. Junto a eso, hay otro tipo de intereses en juego: económicos y fronterizos, por ejemplo.
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“Sería ideal que Costa Rica lo hiciera (elevara una demanda), pero hay que ser realistas: es poco probable, más aún con el gobierno de Chaves y su sucesora, una expresión política costarricense claramente menos preocupada por temas democráticos, derechos humanos, etcétera. Es un gobierno más pragmático, que incluso ha coqueteado con posiciones populistas y autoritarias”, afirmó Castro.
Murillo y el silencio sobre el informe
Cuatro días después del informe del GHREN, Murillo y su régimen se mantienen en silencio y han enfocado su discurso en pedir paz, a pesar de la profunda contradicción que implica para su régimen, tomando en cuenta que han sido señalados de perpetrar una masacre contra ciudadanos en 2018, una represión creciente en la que impera la impunidad para los agresores.
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“Tenemos paz y queremos tener paz. Defender la paz es deber cristiano, socialistas y solidario”. Eso dijo Rosario Murillo la tarde de este jueves en su alocución en los medios oficialistas, el resto fueron sus anuncios cotidianos, vinculadas a la propaganda, mezclados con información sobre fiestas patronales locales. En febrero de 2025, Ortega y Murillo decidieron retirar a Nicaragua del Consejo de DD. HH. tras un informe también de la ONU.
“Lamentablemente, la dictadura no parece interesada en la imagen internacional del país, aun con un canciller bajo este tipo de denuncias; en el fondo, es una cara que los retrata bien”, dice Douglas Castro. La participación de Jaenstchke en esta red de espionaje supone otro golpe para el servicio exterior de Nicaragua, el cual ha sido hecho añicos por la dictadura. Pero, además, otros señalamientos del grupo de Expertos de Naciones Unidas muestran un sistema de corrupción, a partir del desvío de fondos de 13 proyectos municipales para financiar en 2018 a los grupos paramilitares que masacraron a la población. Es decir, el Estado pagó con fondos públicos las atrocidades que se estaban cometiendo.
