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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas (Ghren) urgió a la comunidad internacional para que tome acciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de denunciar una red de espionaje formada por funcionarios nicaragüenses que opera contra opositores en el extranjero.
Los especialistas explicaron en un informe que la situación en Nicaragua ha empeorado y los Ortega Murillo se niegan a cooperar con la ONU, con lo que eluden el control y reafirman la impunidad. Por esa razón, explican, se debe actuar para lograr una efectiva rendición de cuentas. En el informe hacen diez recomendaciones al Estado, mientras dirigen 14 a la comunidad internacional.
“Dada la magnitud y la duración de las violaciones, el restablecimiento de los derechos, la democracia y el Estado de derecho requerirá un compromiso internacional sostenido, considerables recursos y un compromiso a largo plazo. Cuanto más se retrase la acción, mayor será la carga. Sin embargo, el valor de las víctimas y de quienes documentan su sufrimiento nos da esperanzas de que lleguen el cambio, la justicia y la rendición de cuentas”, afirmó el equipo en su informe.
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El Ghren está formado por Jan-Michael Simon (presidente), Ariela Peralta y Reed Brody. Junto a la denuncia de la represión transnacional, los especialistas documentaron cómo el Estado financia una estructura paralela para reprimir. Esta es operada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según la investigación de los expertos, que se fundamentó en documentos contables, al menos 5 millones de dólares de proyectos municipales fueron desviados para financiar a los grupos paraestatales en los primeros dos meses de las protestas en 2018, cuando el Estado reprimió brutalmente a los ciudadanos. Las consecuencias fueron letales. Al menos 355 personas fallecieron.
La respuesta estatal fue ordenada por la dictadora y ejecutada por su mano derecha, Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN. Brody reconoció que la respuesta de la comunidad internacional no ha estado a la altura de la situación, pero recordó que varias de las personas que ellos han denunciado en sus informes han sido objeto de sanciones, incluso en días recientes.
Nuevamente hizo un llamado para que cualquier Estado de la comunidad internacional lleve al Ejecutivo de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por su violación flagrante a la convención para la reducción de los casos de apatridia.
Brody: “El olvido es amigo de una dictadura”
“En el mundo de impunidad en que vivimos hoy, se olvida muchas veces a Nicaragua y el olvido es el amigo de una dictadura. Es un amigo de la represión. Nuestro trabajo es luchar contra ese olvido y, desde nuestra trinchera, hacer la observación, monitoreo y poner el dedo en las violaciones derechos. Podemos pedir cada vez más a la comunidad internacional, esperemos que las medidas que tomen en el futuro sean más a la altura”, comentó Brody.
Peralta describió la documentación de los casos como una lucha constante y aseguró que trabajan para que vuelva una recuperación democrática plena lo más pronto posible a Nicaragua.
Simon alentó a la ciudadanía de que debe tener paciencia y que, desde su conocimiento como penalista, “la justicia siempre llega tarde, pero llega más tarde o temprano en cuanto a sanciones penales”.
No solo eso. Simon afirma que el contexto internacional cambió. En ese sentido, él cree que las autoridades de Nicaragua tienen la oportunidad de demostrar si se rigen con la situación complicada de hoy, o con las reglas del derecho internacional.
“Los actores en El Carmen (residencia de la familia Ortega) son racionales. Podrán convertir a las personas, que han tomado de rehenes, en moneda de cambio. La gran escena del crimen es un espíritu continuo que nosotros hemos calificado como crímenes de lesa humanidad en sus distintas manifestaciones”, afirmó Simon.
Avizoran repercusiones
Para este experto, se deben sopesar las consecuencias de sanciones impuestas en días recientes por Estados Unidos. El 26 de febrero, el Departamento del Tesoro castigó al director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero, el mayor general Denis Membreño y al comisionado general Aldo Sáenz. El señalamiento es que utilizaban a ese organismo como un instrumento de persecución política.
El presidente del Ghren advirtió que el castigo estadounidense tiene consecuencias previsibles, al tratarse la UAF de un organismo que funciona como el “cerebro de las operaciones antilavado” en cualquier país.
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“Al sancionar a la cúpula de la Unidad se afecta — todavía no es visible, pero estoy seguro de que se verá pronto— a todo el sistema financiero sobre el cual este régimen opera. Eso tiene efectos directos en mercados financieros internacionales, llevando la confianza que ya era poca a un nivel que cualquier interacción con el Sistema Financiero nicaragüense estará bajo la sospecha de no cumplir con las condiciones de prevenir el lavado de activos. Ese efecto es importante. No debe subestimarse”, sostuvo.
Analizó también las sanciones impuestas a Roberto Guevara, director de la sección de Máxima Seguridad conocida como “la 300” en la cárcel La Modelo, e hizo ver que el Departamento de Estado enfatizó al imponer las sanciones de que el funcionario penitenciario participó en abusos contra un preso político.
De acuerdo con él, si se identifica una víctima específica, “eso apunta a que pueda haber ya un ejercicio en materia penal que se podrá extender a esta persona. Hay que tener paciencia y ver el panorama completo”, sugirió. Los especialistas se refirieron a la importancia de documentar los abusos, y que las evidencias tengan una debida custodia por si acaso hay un intento de parte de los agresores de borrar las pruebas.
“Con el catálogo (de recomendaciones) que hemos entregado en este informe, tenemos un instrumento de medición en cuanto a eso y la comunidad internacional jugará un rol muy importante”, explicó el presidente del Ghren.
Sugerencias del Ghren
Entre las acciones propuestas al régimen está que revele el paradero de todos los desaparecidos, que libere incondicionalmente a todos los presos políticos bajo supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja. Debe además darse una reforma del sistema penitenciario para adecuarlo en particular con la Convención contra la Tortura. Es urgente poner fin al hostigamiento y la intimidación por motivos políticos.
Otra de las medidas es que se deben revocar las reformas legales, que sean incompatibles con las obligaciones internacionales de Nicaragua y poner fin también al estado de vigilancia. Eso significa permitir a los periodistas trabajar en libertad en el país, garantizar la libertad de circulación y dejar de perseguir a la Iglesia católica y la sociedad civil. También piden que los mecanismos de Naciones Unidas puedan acceder al país. En el caso de la comunidad internacional le piden protección para los ciudadanos perseguidos y los alientan a llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos penales en relación con los abusos denunciados.
