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La sanción impuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio, al alcaide Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la sección de Máxima Seguridad conocida como la 300, puede ser solo el principio de acciones futuras contra funcionarios involucrados en casos similares en la dictadura nicaragüense, advirtieron diplomáticos consultados.
Guevara es señalado de participar en graves violaciones de derechos humanos a un preso político. Jaime Aparicio Otero, expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), valoró como un paso importante las sanciones a un funcionario de prisiones del régimen de Nicaragua, acusado de violaciones masivas de derechos humanos.
“Tengo la impresión de que es el inicio de una agenda del secretario (Marco) Rubio de impulsar sanciones contra la familia Ortega y los responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias de ese régimen dictatorial”, afirmó Aparicio a LA PRENSA.
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El 18 de febrero, el Departamento de Estado sancionó a Guevara. Marco Rubio demandó entonces rendición de cuentas por los crímenes cometidos y exigió la liberación incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua. Según el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas son 62 en la actualidad.
Desde enero pasado, la diplomacia estadounidense bajo el liderazgo de Marco Rubio ha incrementado las críticas a Ortega y Murillo, calificando como invento la «copresidencia» que entronizó a la dictadora en el mismo nivel jerárquico de su esposo desde el año pasado. Pero, además, denunció que ella ejerce cobardemente un poder ilegítimo.
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A principios de año, tropas Delta capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, aliados de Ortega, en Caracas y mantienen en la actualidad conversaciones con la dictadura cubana que se cae a pedazos al ritmo de una crisis con años de historia, sumado al bloqueo petrolero reciente impuesto por las autoridades estadounidenses.
Detrás de señalamiento hay una investigación profesional
Sobre otras posibles consecuencias de la medida sobre Nicaragua, dos diplomáticos de este país tuvieron posiciones encontradas. Mientras uno de ellos aseguró que puede tratarse de la «punta de lanza» para acusaciones contra torturadores, otro comentó que no cree que se vaya a mover el caso, si una de las víctimas no lo hace desde el punto de vista judicial.
Las violaciones de derechos humanos son conocidas en la diplomacia estadounidense desde hace al menos cinco años. “Este caso, y en total el de ocho torturadores, el Departamento de Estado los tenía desde hace más de cinco años, producto de una investigación muy profesional con amplias entrevistas y exámenes forenses a las víctimas. La crueldad y los tipos de torturas practicados son realmente macabros. Los están sacando con este tipo de sanción como parte de una política de incremento de presión contra el régimen. El mensaje es conocemos lo que hicieron y lo tenemos documentado y nadie se escapará de la justicia”, analizó el último diplomático consultado.
En esa sintonía, miembros del Partido Republicano en el Congreso se han expresado en las redes sociales. Y mientras tanto el régimen no ha emitido ninguna declaración oficial. En los últimos días, los discursos de Murillo se han centrado en divulgar la propaganda del Estado y en anunciar la actividad central del aniversario de la muerte del general Augusto C. Sandino, previsto a realizarse este sábado 21 de febrero.
Congresistas: “El momento de rendir cuentas”
La cuenta oficial de la mayoría del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, presidida por el congresista republicano Brian Mast, aplaudió las sanciones. “El régimen de Ortega-Murillo ha reprimido y torturado violentamente a su propio pueblo durante años. Ha llegado el momento de que rinda cuentas”, demandaron.
El congresista republicano Carlos A. Giménez dijo que Ortega había convertido al país en un «cínico Estado paria al estilo de Corea del Norte». También María Elvira Salazar cerró filas con la decisión de Rubio.
“Un ejecutor clave de la brutalidad del régimen Ortega-Murillo ha sido desenmascarado y señalado. La designación del director de prisiones Roberto Clemente Guevara Gómez expone al mundo la maquinaria de tortura, represión y abuso contra los presos políticos”, afirmó Salazar en sus redes sociales.
Hay 250 testimonios de torturas
Para el abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, un organismo independiente fundado en el exilio, las torturas practicadas por el régimen han sido motivo de análisis y documentación desde 2018. De hecho, en este momento, ellos tienen documentados más de 250 testimonios.
Inicialmente, el organismo publicó una sistematización con 158 casos, pero ha ido creciendo. “Son historias de personas que han sido víctimas de torturas, tratos crueles y degradantes. En estos casos de tortura está mencionado el Sistema Penitenciario y el señor Guevara por varias víctimas”, afirmó Carrión.
Para el jurista nicaragüense, la impunidad es una característica de las graves violaciones de derechos que persisten en Nicaragua, desde que estalló la crisis en 2018. Se trata incluso de casos de delitos de lesa humanidad.
El 3 de abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas, publicó un documento con la lista de 54 funcionarios que fueron parte de la cadena de mando de la represión, en un informe de 234 páginas.
«Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales», afirmó en ese momento Ariela Peralta, una de las expertas. Entre los señalados por el GRHEN hay jueces, altos jefes militares y policiales, diputados, fiscales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios del FSLN y autoridades del Sistema Penitenciario. El alcaide Roberto Clemente Guevara Gómez es el número 13 de esa lista en orden alfabético.
