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Los analistas políticos han dicho reiteradamente que las dictaduras del socialismo del siglo 21 (Cuba, Venezuela y Nicaragua) están directamente vinculadas entre ellas por razones ideológicas, políticas y estratégicas. De manera que el fortalecimiento de una favorece a las otras y si algo grave le ocurre a alguna las demás también sufren las consecuencias.
Pues bien, en Venezuela ha ocurrido algo tan grave como el espectacular operativo militar de Estados Unidos (EE. UU.) para capturar al dictador Nicolás Maduro, sacándolo de su madriguera por medio de la fuerza armada. Y además golpeando directamente a la dictadura de Cuba, pues más de treinta de sus agentes en Venezuela, integrantes del cuerpo especial de seguridad conocidos como los “Avispas Negras”, perdieron la vida durante el asalto.
El fenomenal operativo militar de EE. UU. contra Maduro estremeció al mundo y en Nicaragua causó rabia contenida y consternación en la cúpula de la dictadura, cuya reacción pública por aquello de las dudas ha tenido que ser cautelosa. Pero, por otra, parte llenó de alegría y esperanza a los nicaragüenses que adversan a la dictadura, abiertamente en la diáspora y el exilio, y calladamente dentro del país.
Maduro cayó, pero la dictadura sigue en pie, de manera que las repercusiones del hecho no han sido trascendentes como si EE. UU. hubiera derrocado a la dictadura.
El gobierno estadounidense y personalmente el presidente Trump dijeron de antemano que su objetivo en Venezuela no era el cambio de régimen, sino capturar a Nicolás Maduro y no por ser el dictador de ese país sino porque es culpable de graves delitos de narcotráfico, terrorismo y atentado contra la vida de muchos estadounidenses.
De manera que la captura de Maduro y su traslado a EE. UU. donde ya lo está procesando un tribunal de Nueva York, solo puede ser considerada como un punto de partida para la necesaria transición democrática en Venezuela.
Algunos miembros de la oposición y analistas políticos nicaragüenses han calificado al régimen de Nicaragua como una narcodictadura igual a la venezolana. Y opinan que EE. UU. debería recetarle a Ortega y Murillo la misma medicina que le ha aplicado a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Pero esa acusación no ha sido respaldada con evidencias. La dictadura de Ortega y Murillo ha sido —y sigue siendo— estrecha aliada de la venezolana, pero eso no demuestra complicidad en las operaciones criminales de Nicolás Maduro, señalado de ser el líder de un poderoso cartel de narcotraficantes.
Seguramente por eso es que en la acusación de EE. UU. a Maduro y Flores se menciona a Nicaragua y otros países como rutas de tránsito de la droga hacia el territorio estadounidense. Pero eso no significa que los gobernantes de tales países eran o son cómplices de los capos narcotraficantes. De allí que en la acusación oficial de la justicia de EE. UU. contra Nicolás Maduro y Cilia Flores no se imputa a Ortega, Murillo y ninguno de sus funcionarios, los que sí han sido acusados y sancionados por violaciones a los derechos humanos.
Por supuesto que esta situación cambiaría radicalmente si Maduro, en sus declaraciones y confesiones ante la corte de Nueva York que lo está juzgando, revelara nexos de complicidad con los dictadores nicaragüenses.
Finalmente, hay que decir que Nicolás Maduro pudo evitar la amarga situación en la que se encuentra, si en vez de robarse la elección del 28 de julio de 2024 hubiera reconocido su derrota. Y negociado garantías para él y los suyos a cambio de entregar el poder de manera pacífica. Pero se aferró al poder y no pensó que pagaría las consecuencias.
Ahora, en Nicaragua los codictadores deberían aprender la lección venezolana y abrirse a una transición pacífica de vuelta a la democracia. Solo tendrían que amnistiar a los exiliados políticos, permitir su regreso al país con garantías y devolverles sus bienes confiscados, garantizar la libre reorganización de los partidos políticos y acordar con ellos un calendario de actividades que conduzca a la celebración de elecciones libres supervisadas internacionalmente.
Y la verdad es que ni siquiera habría que hacer mucho esfuerzo previo. Bastaría recuperar y actualizar los Acuerdos del Incae, firmados en marzo de 2019 en el segundo diálogo nacional, que fueron suscritos por el Gobierno y la oposición, pero el régimen no los quiso cumplir y por el contrario emprendió la deriva hacia el totalitarismo.
Si a Ortega y Murillo les quedara un poco de sensatez, deberían hacerlo. Es cierto que por ahora no hay seguridad de que ellos podrían terminar como Nicolás Maduro y Cilia Flores. Pero, ¿quién sabe? ¿Y acaso no es mejor prevenir que lamentar?
