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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas (Ghren) reiteró este 10 de marzo la importancia del cocanciller Valdrack Jaentschke en una red de represión trasnacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y denunció la existencia de un aparato de espionaje con presencia en cinco países.
Según Reed Brody, uno de los expertos del Ghren a quien llaman el cazadictadores, por su trayectoria de 40 años al servicio de la defensa de derechos humanos en el mundo, los exiliados son vistos como un grupo potencialmente disidente para el régimen.
Desde 2018, cuando inició la crisis del país a causa de la represión, al menos 800 mil nicaragüenses han salido de Nicaragua para resguardar su integridad. Eso representa el 12 por ciento de la población. “Por eso, han construido un aparato que persigue donde quiera que estén en el mundo. Su inteligencia política identifica los objetivos y unidades operativas los persiguen”, afirmó inicialmente Brody en una conferencia telefónica.
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El experto sostuvo, sin identificar a los países a los cuales se refería, que “las misiones diplomáticas en al menos cinco países albergan personal de inteligencia militar, la mayoría de los embajadores se desempeñan como secretarios políticos del FSLN reportando directamente a Rosario Murillo”.
Entre las herramientas que utilizarían está la vigilancia, doxing (revelación de información personal sin consentimiento), abuso de los mecanismos de Interpol y asesinatos. Para Broody, el caso “más perturbador” es el del mayor retirado Roberto Samcam, asesinado el 19 de junio de 2025 en su apartamento en San José, del que dijo las investigaciones se encuentran avanzadas.
Una docena de fuentes consultadas por los investigadores confirmaron la implicación en este equipo represivo del cocanciller Jaenstchke. De acuerdo con el informe, el funcionario participó en la estrategia de represión y coordinó actividades de inteligencia, mientras se desempeñó como ministro consejero en Guatemala, Honduras y Costa Rica, y también cuando ejerció como asesor presidencial.
Previo a la conferencia telefónica, Ariela Peralta, otra de las miembros del Ghren, había afirmado que las estructuras diplomáticas y consulares han sido utilizadas para rastrear, monitorear e intimidar a nicaragüenses en el exilio.
La red paralela de la represión
Los expertos denunciaron también a una red paralela del FSLN, operando a la par de las autoridades formales, para reprimir. Esta sería también financiada con fondos públicos y constituiría otra forma de corrupción que no buscaría que sus cabecillas obtengan un beneficio personal, como ocurre en otro tipo de casos. En este caso iría dirigido a garantizar el sistema represivo.
Esa “estructura orgánica del FSLN” opera bajo el mando de Rosario Murillo, y se consolidó en 2018 cuando el Estado puso en marcha las operaciones de seguridad e inteligencia que buscaban aplastar las protestas ciudadanas.
La figura clave en este proceso es el secretario de organización del FSLN, Fidel Moreno Briones, la mano derecha de Murillo. Fue él quien transmitió la orden de “Vamos con todo”, es decir la respuesta violenta contra los manifestantes que acabó en la masacre.
Los expertos revelaron, basados en documentos contables, que la represión fue financiada con fondos públicos, a través de partidas municipales, que significaron 5 millones de dólares con los cuales garantizaron la operación los dos primeros meses de los grupos paraestatales que actuaron contra la población.
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“Parte de esta operación se financió con cargo a partidas presupuestarias municipales asignadas formalmente a proyectos a corto plazo denominados generalmente ‘limpieza’, ‘asistencia humanitaria’ o ‘relaciones públicas’, o con cargo a partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, como combustible, seguridad y dietas”, ahonda el informe.
Simon: “Estado-Partido-Familia»
El presidente del Ghren, Jan-Michael Simon, dijo que Fidel Moreno es una figura que ayuda a entender cómo funciona el sistema y lo describió como “una persona paradigmática en todas las telarañas”, es decir los esquemas con los que han intentado explicar la represión del régimen.
El año pasado presentaron un informe en que definieron una cadena de mando de la represión, integrada por 54 personas. Entre ellas estaba Moreno y ahora nuevamente ha vuelto a aparecer cuando redujeron la lista a 26 enfocados al analizar cómo opera la represión trasnacional, que se manifiesta con la negación y renovación de pasaportes, imposición de destierros, privación de nacionalidad, entre otros mecanismos.
En esta estructura represiva participan los directores de las unidades de inteligencia del Ejército, la Policía, también la procuradora, un equipo de la Fiscalía General de la República, entre otros. “(Lo de Moreno) Demuestra cómo el partido es el Estado, el Estado es el partido, y son la familia en la figura de Rosario Murillo. Es la cúpula de la estructura partidaria paralela a las instituciones que ejerce el mando directo”, explicó Simon.
Las etapas del ataque a la sociedad
En su informe establecieron las etapas de la represión. La primera entre 2018 y 2020 conllevó un ataque violento y desproporcionado contra las protestas. Durante el contexto de las votaciones presidenciales, la opresión tuvo un segundo momento. Fue en este caso selectiva con el encarcelamiento de todos los posibles oponentes de Ortega y Murillo. Sin competencia electoral, los dictadores se prolongaron en sus cargos.
Para infundir miedo en aquel 2021, los dictadores Ortega y Murillo encarcelaron también a líderes de la empresa privada, sociedad civil, políticos opositores e intentó imponer el silencio entonces con el recrudecimiento de la persecución a los medios de comunicación independientes.
En 2022, el Estado colocó a la Iglesia como su principal objetivo y, a partir del año siguiente, dicen los expertos, se ha buscado eliminar todo tipo de crítica para prevenir cualquier movimiento de resistencia, mientras tanto Ortega y Murillo han fortalecido su aparato represivo y eliminaron la independencia de los poderes del Estado con la aprobación de una nueva Constitución.
Otra tipología de las víctimas
“Las autoridades también han ampliado la victimización dentro del aparato estatal y las filas sandinistas, atacando cada vez más a personas percibidas como una amenaza para la consolidación del poder de la señora Murillo, en particular en caso de incapacidad del señor Ortega, especialmente a miembros del poder judicial, funcionarios públicos y miembros en activo y retirados de las fuerzas armadas”, dice el documento.
Para Simon, quien una vez dijo que Nicaragua era una escena del crimen, el tema evolucionó a convertir al país en una gran cárcel a cielo abierto. Mientras tanto, Brody afirmó que se ha convertido en un lugar de silencio.
El régimen no ha respondido hasta ahora a ningún señalamiento. Los expertos de Naciones Unidas han enviado 21 cartas solicitando información a las autoridades en los últimos años. Los expertos de la ONU se declaran abiertos a viajar a Nicaragua para monitorear avances en la implementación de reformas en materia de derechos humanos, si el régimen acepta hacer cambios.
Pero ellos están también claros de los niveles de impunidad en Nicaragua, y lo expresan en el informe. “Más allá de la subordinación constitucional formal del poder judicial a la Presidencia, los copresidentes han establecido un férreo control sobre el sistema judicial, en particular mediante la destitución sumaria de más de 1,500 jueces, auxiliares jurídicos, defensores públicos y otro personal desde octubre de 2023”, concluyeron.
