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Estados Unidos dio un golpe fuerte al aparato represivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Departamento del Tesoro sancionó este jueves 26 de febrero al mayor general Leonel José Gutiérrez, a cargo del departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército de Nicaragua, pero también a las principales autoridades de la Unidad de Análisis Financiero, el mayor general Denis Membreño Rivas, y el comisionado general Aldo Sáenz Ulloa.
En un comunicado oficial, el gobierno estadounidense informó también de las sanciones a la ministra del Trabajo, Johana Flores, y a la subdirectora de Telcor, Celia Margarita Reyes Ochoa. En el comunicado oficial se les señala a todos ellos de facilitar la represión de la dictadura Ortega Murillo.
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Las sanciones coinciden con un aumento de la presión de la diplomacia estadounidense, la que ha denunciado la ilegitimidad de la dictadura y además ha demandado la libertad sin condiciones de todos los presos políticos.
«La dictadura de Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, reprimir y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Seguiremos exigiendo cuentas a la dictadura y amplificando las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo nicaragüense», agrega en el comunicado.
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Hace ocho días, el Departamento de Estado sancionó también al alcaide Roberto Guevara, jefe del departamento de máxima seguridad, conocida como la 300, en la cárcel La Modelo de Managua. El secretario de Estado, Marco Rubio, mencionó la participación de este funcionario en una grave violación de derechos humanos, cometida contra un preso político.
Los señalamientos concretos a los nuevos sancionados
Según la nota de prensa del Departamento del Tesoro, la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Dicim) del Ejército de Nicaragua, a cargo del mayor general Gutiérrez, «se considera una de las estructuras más opacas y poderosas del Ejército. La Dicim es responsable de la vigilancia interna y externa del Ejército, así como de la coordinación con la Policía y las agencias de seguridad del Estado para garantizar a toda costa que no haya oposición al régimen».
Gutiérrez, quien fue ascendido al rango de mayor general en septiembre de 2025, es uno de los 54 funcionarios que forman parte de la cadena de mando de la represión del régimen contra los nicaragüenses, la que fue documentada en un informe del año pasado por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas (GHREN).
«La DICIM es fundamental para monitorear a manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados considerados desleales. El Mayor General del Ejército de Nicaragua, Leonel José Gutiérrez López (Gutiérrez), dirigió la DICIM durante más de una década», afirma la nota de prensa.
Los represores financieros
En el caso del mayor general Membreño y del comisionado general Sáenz, el Departamento del Tesoro dijo que en este caso se ha usado la UAF como «arma», mientras la dictadura ha instrumentalizado las leyes, relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Estos dos funcionarios ya habían sido incluidos con anterioridad en la llamada Lista Engel.
«La autonomía funcional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) está presidida por dos oficiales en activo del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, leales al copresidente Ortega. Esto permite al régimen nicaragüense controlar y utilizar las instituciones encargadas de prevenir y perseguir el lavado de dinero para perseguir a la oposición política y beneficiar a sus aliados e intereses», añade el comunicado.
Según Estados Unidos, la falta de independencia de la UAF socava la independencia y contribuye a la impunidad en casos de corrupción y lavado de dinero. Pero, además, agregan que este departamento mantiene un monitoreo constante del dinero proveniente del exterior con el objetivo de bloquear cualquier tipo de financiamiento a las actividades pacíficas de las organizaciones y la sociedad civil.
«La UAF ha sido responsable de liquidar los bienes de disidentes políticos, presos políticos y organizaciones no gubernamentales sin fundamento legal alguno», agregaron.
Subdirectora de Telcor y la ministra del Trabajo
Las sanciones también fueron impuestas a otras dos funcionarias de alta jerarquía en el gabinete. La primera de ellas es la subdirectora del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Celia Margarita Reyes Ochoa. Estados Unidos considera al ente regulador como un aparato de vigilancia e inteligencia del régimen, usado para monitorear redes sociales, la prensa y otras formas de expresión.
«En 2024, la promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes otorgó a TELCOR amplias facultades para recopilar datos privados, interceptar comunicaciones y geolocalizar personas en Nicaragua. Esta legislación fortaleció aún más la supervisión y el control de TELCOR sobre las redes sociales y los medios de comunicación», explicó el gobierno estadounidense.
La otra es la ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez, al mando de una institución que ha generado competencia desleal, confiscado derechos de propiedad a instituciones religiosas nacionales y extranjeras, igual que a personas o empresas estadounidenses. Con esto ha creado un entorno de alto riesgo para que compañías de ese país inviertan y realicen negocios en Nicaragua.
«Como se detalla en el informe del 25 de octubre de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) sobre las leyes, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el Estado de derecho, Nicaragua, a través de sus leyes, políticas y prácticas, ha explotado a sus propios trabajadores», recalca el Departamento del Tesoro en el caso de Flores Jiménez.
Abordarán «amenazas de seguridad nacional»
Poco después de conocidas las sanciones, el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, informó sobre las sanciones en su cuenta de X y dijo que la administración Trump se comprometía a abordar todas las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio.
En abril de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que el régimen de Ortega y Murillo seguía siendo precisamente una amenaza para la seguridad de la potencia estadounidense.
