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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) presentó este martes un informe en el que revela cómo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo financia la represión y una red de espionaje contra exiliados. Para víctimas del régimen y defensores de derechos humanos, el documento es “demoledor”, ya que demuestra violaciones a la soberanía, principalmente de Costa Rica, y mantiene a Nicaragua en la agenda internacional.
Este informe que se basa en 73 entrevistas y más de 1,700 documentos identifica a 26 operadores del régimen “claves” en las violaciones transnacionales de derechos humanos y demuestra cómo fondos gubernamentales “fueron redirigidos para financiar operaciones de seguridad violentas”, entre estas destacan la conocida “Operación Limpieza” de 2018.
“El informe del Ghren es demoledor. Una vez más pone en evidencia la monstruosidad del Estado orteguista, de cómo ha enfocado totalmente a las instituciones públicas en las tareas de represión en lugar de estar al servicio de los nicaragüenses”, explica a LA PRENSA el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh).
Para el defensor, “no hay lugar a dudas” de que el régimen Ortega-Murillo “actúa al estilo del crimen organizado transnacional” con células en el exterior que se encargan de recopilar información, rastrear y monitorear a los exiliados en los distintos países, principalmente en Costa Rica, donde se encuentra la mayoría de nicaragüenses que han huido de la persecución.
Con este informe la situación del pueblo nicaragüense se mantiene en la agenda internacional, dice el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. “Nicaragua sigue siendo observada, fiscalizada, en la agenda y siendo señalada por las graves violaciones de derechos humanos y sobre todo la exigencia para que rindan cuenta”, agrega.
Régimen guarda silencio
Después de haberse conocido el “demoledor” informe en que los expertos de la ONU señalan que la dictadura desvió más de 5 millones de dólares en 2 meses para financiar la represión, la codictadora Rosario Murillo no dijo ni una sola palabra al respecto en su alocución diurna ante los medios oficialistas.
A diferencia del 28 febrero del 2025, cuando decidieron retirar a Nicaragua del Consejo de DD. HH. tras un informe también de la ONU, la codictadora se limitó, este martes, a anunciar actividades y proyectos como entrega de terrenos, viviendas y calles. En sus declaraciones, como de costumbre, incluyó la palabra “paz” en varias ocasiones, pero sin insistir tanto como otras veces. Dejó por fuera su virulento discurso contra los opositores y las amenazas a exiliados y sus familias.
“Repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que debían servir al bien de todos”, dijo Murillo a finales de febrero de 2025 cuando se retiraron del Consejo de DD. HH. de la ONU.
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Los codictadores han tratado de mantener un perfil bajo luego de los recientes acontecimientos internacionales como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el asesinato del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán. La situación crítica de dos de sus pocos aliados y las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba los han obligado a intentar pasar desapercibidos ante las amenazas constantes de parte de la Administración de Donald Trump que ha señalado a la misma Murillo de “ilegítima” y de usurpar el poder creándose una “copresidencia”.
Canciller “deben responder” ante la justicia
En el informe del Ghren se menciona a 26 operadores del régimen “claves” en las violaciones transnacionales de derechos humanos, entre estos el actual canciller y exministro asesor de la Presidencia para Políticas y Asuntos Internacionales Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, señalado de formar parte de un grupo tomador de decisiones de “alto nivel” que dirigía la estrategia de represión transnacional.
Jaentschke Whitaker antes de llegar a la Cancillería ocupó cargos como ministro consejero sucesivamente y de manera “exprés” en las embajadas de Nicaragua en Guatemala, Honduras y Costa Rica entre 2021 y 2023, años en los que según explicó a LA PRENSA, Reed Brody, experto del Ghren, el ahora canciller habría realizado misiones orientadas a seguir a opositores, recolectar información y transmitirla a las autoridades centrales en Managua.
“Criminales como Jaentschke deben responder ya sea en los juzgados nicaragüenses cuando se reestablezca la democracia, ante un tribunal especial ad-hoc para Nicaragua o ante la Corte Penal Internacional. No tienen que quedar impunes ninguno”, sostiene el abogado Ramírez-Ayérdiz.
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El último país en el que estuvo Jaentschke como consejero con funciones consulares de Nicaragua fue Costa Rica. En ese país se registraron al menos cuatro atentados contra opositores denunciados como parte de la persecución política del régimen. Dos contra Joao Maldonado, primero solo él y en el segundo se vio involucrada su esposa, ambos sobrevivieron; y los otros fueron Jaime Luis Ortega Chavarría y el mayor en retiro del Ejército, Roberto Samcam, estos dos últimos murieron.
Los expertos de la ONU hacen mención del asesinato de Samcam en el informe. Para la viuda del mayor en retiro, Claudia Vargas, esa mención confirma que “no fue un crimen aislado ni un hecho común”, resalta que su esposo “fue asesinado en el exilio por su voz crítica y por su compromiso con la democracia”.
Vargas dice que también significa que la búsqueda de justicia sigue viva y que la verdad continúa abriéndose paso en espacios internacionales. “Que mencionen a Roberto, como familia es doloroso, pero preferimos que sea mencionado al silencio, porque lo que se nombra existe y lo que existe no puede ser fácilmente borrado”, añade.
Violación a la soberanía internacional
Otro de los aspectos a los que según el experto en derechos humanos Uriel Pineda, hace referencia el informe del Ghren, es la violación a la soberanía de las naciones donde ha operado esta red de espionaje y represión de la dictadura Ortega-Murillo. “Esta política de represión transnacional también representa una vulneración a la soberanía de los estados”, destaca.
De acuerdo con la exposición de Pineda, el informe del Ghren es un llamado a la comunidad internacional y un “campanazo de alerta” para países como Costa Rica y otros donde la “estrategia represiva” del régimen “ha vulnerado y afectado el aspecto soberano”.
“Estos países deben redoblar su estrategia de seguridad y no perder de vista estas acciones que estos actores del régimen realizan en sus respectivos países”, recomienda el experto en derechos humanos.
Informes del Ghren, punto de partida para encontrar la justicia
El abogado Danny Ramirez-Ayérdiz subraya que los informes del Ghren, a los que considera “incuestionables”, son el punto de partida para juzgar al régimen Ortega-Murillo y al resto de “criminales”. Y es que en los últimos informes, y particularmente en el de este martes, los expertos de la ONU hacen hincapié en que la dictadura nicaragüense sea llevada a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y exhorta a las naciones parte a iniciar un proceso.
Al respecto, Uriel Pineda explica que activar un mecanismo internacional jurisdiccional es complejo, pero que sin lugar a dudas es pertinente insistir en que hay instancias internacionales que pueden coadyuvar en el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y el restablecimiento de la democracia.
