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Bayardo Arce Castaño, exasesor económico de Daniel Ortega, figura como una persona detenida arbitrariamente en Nicaragua, en el reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), pero no es catalogado como un preso político, un término que ha suscitado polémica en las últimas semanas entre los exiliados, pero que no es usado en los informes de Naciones Unidas.
Después que el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas lo reconoció como tal a finales de febrero de 2026, las opiniones se han dividido entre quienes sostienen que el término no es aplicable en su caso, aunque sea víctima de un proceso sin garantías; mientras del otro lado sus críticos aseguran que se encuentra detenido por razones políticas, dado que su captura y proceso se atribuye a una pugna con la dictadora Rosario Murillo.
“Preso político no es un término jurídico que nosotros manejamos. Si es preso político o político preso. (Bayardo Arce) sí está en el informe como persona detenida arbitrariamente… pero el término de preso político no es un término que nosotros utilizamos en nuestros informes o cualquier informe de Naciones Unidas”, afirmó Reed Brody, miembro del Ghren, en una conferencia de prensa.
Bayardo Arce fue detenido la noche del 30 de julio de 2025, tras un allanamiento de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía en su residencia en Managua, sin que se presentara públicamente una orden de detención en su contra. Su captura ocurrió en el marco de una supuesta investigación por corrupción que en el caso de Nicaragua es sistémica y hace parte de las características del régimen Ortega Murillo.
El Mecanismo lleva un registro preciso de la cantidad de presos políticos. Hasta febrero de este 2026 contabilizan 46 detenidos, pero entre ellos hay algunos que son exfuncionarios o exmilitares vinculados en su momento a las estructuras del FSLN. Quince son adultos mayores. Arce Castaño está entre este grupo de edad y fue de los funcionarios más cercanos y leales a Ortega, incluso cuando en 2018 estallaron las protestas y el Estado reprimió con brutalidad a los manifestantes.
El Mecanismo argumentó que la situación de Arce es «un caso de persecución política y aplicación selectiva de la ley» y denunció que «está incomunicado», no hay información oficial y durante la condena no tuvo «acceso a defensa de su elección». Días después de este pronunciamiento, los hijos del exasesor de Ortega pidieron una prueba de vida al confirmar que no saben su paradero y, por primera vez, asumieron públicamente que su padre es un preso político del régimen al que sirvió.
Sin embargo, expertos en derechos humanos como Uriel Pineda dijeron en un artículo de opinión publicado en LA PRENSA que el término preso político «(fue) posesionado por Amnistía Internacional hace más de 60 años para visualizar la represión política y el encarcelamiento de activistas por los derechos humanos siempre que no hayan utilizado o promovido la violencia».
Según Pineda, su definición depende de ciertas características: una de ellas es que “su postura política sea pública (es conocido por tener una opinión o creencia política); que exista una relación causal entre su postura política y el encarcelamiento; y que su creencia u opinión política tenga como centro la promoción o protección de los derechos humanos”. No es el caso de Arce.
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Reed sobre Arce: “Ha sido leal a un gobierno represor»
Aunque Brody, de Naciones Unidas, dejó claro que no usan el término de reo de conciencia en sus informes, sí se expresó sobre el antiguo aliado de Ortega.
“Que él (Bayardo Arce) haya participado en la represión o no, no consta en nuestros informes. Que él ha sido leal a un gobierno represor, eso no cabe duda, pero que su detención ha sido sin el debido proceso, eso es cierto y por eso es una persona detenida arbitrariamente, además de ser en ese momento una persona desaparecida. Por eso está en nuestro informe”, sostuvo Brody.
Arce ha permanecido detenido desde julio de 2025. Pero fue hasta el 27 de enero de 2026 que la justicia totalitaria, que alguna vez él respaldó, lo condenó por defraudar al Estado por la fantástica suma de cinco mil millones de dólares. No es que su nombre no fuese asociado en el pasado a escándalos de corrupción. De hecho, LA PRENSA hizo investigaciones sobre negocios inmobiliarios en 2005 y en 2012 se conocieron los detalles de que había construido su mansión, pero además sobre la adquisición de una propiedad piñateada.
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Durante años, Arce y su asistente Ricardo Bonilla —también encarcelado— gozaron de la impunidad prodigada por Ortega y Murillo. Después de 2018, Arce no dijo nada públicamente sobre el encarcelamiento de centenares de personas en juicios carentes de garantías procesales y controlados directamente por el FSLN. El pasado 2 de marzo los seis hijos de Arce Castaño enviaron una carta a LA PRENSA en la que denunciaron precisamente la falta del debido proceso en su caso, una característica del sistema en los tribunales impuesta por el orteguismo.
