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El último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua contabiliza a por lo menos 46 ciudadanos sufriendo prisión por motivos exclusivamente políticos.
El perfil de los reos suele ser sobre todo de opositores, campesinos, guardabosques, comunitarios indígenas, religiosos, líderes sociales y activistas territoriales. 43 son varones, 3 son mujeres; 15 son adultos mayores, algunos de ellos con condiciones crónicas o de alta peligrosidad en su situación de cautiverio; y al menos 10 se encuentran en situación de desaparición forzada, según el informe.
Pero el Mecanismo también contabiliza a militares en retiro, disidentes del sandinismo y colaboradores directos de la dictadura, como es el caso del excomandante de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y exasesor presidencial, Bayardo Arce.
La organización enfatiza que el concepto de «preso político» se sustenta en estándares internacionales, particularmente cuando concurren elementos como detención arbitraria, falta de debido proceso, criminalización de la opinión o motivaciones políticas en la actuación judicial.
El caso de Arce
En esa línea, el Mecanismo aclara que su lista no pretende determinar «responsabilidades penales de las personas», sea en el caso de que el acusado sí haya cometido un delito común, pero se le criminalice por otra razón o, como en el caso de los colaboradores de la dictadura, que hayan incurrido en un delito político, crimen de lesa humanidad u otro delito en su calidad de funcionario.
Arce en concreto es acusado por defraudar al Estado por más de cinco mil millones de dólares en colaboración con otros individuos ligados al régimen sandinista y a sus intereses privados. Pero más allá de los delitos que se le imputan, su detención responde realmente a la voluntad de Rosario Murillo, codictadora sandinista que se elevó a sí misma bajo el título de «copresidenta» a través de una amplia reforma a la constitución en 2025.
Murillo había por años reforzado su poder extendiendo su influencia en todos los niveles del régimen de su esposo, el dictador Daniel Ortega, y su antagonismo con antiguos cuadros del Frente Sandinista era conocido desde tiempos de la primera dictadura en la década del ’80.
Con este poder, Murillo apartó progresivamente a varios individuos considerados «históricos» dentro del partido, incluyendo al excomandante y hermano de Ortega, el fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS) Humberto Ortega, muerto en circunstancias sospechosas, bajo custodia del régimen, el 30 de septiembre de 2024.
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Arce fue detenido la noche del 30 de julio de 2025, tras un allanamiento de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía Nacional en su residencia en Managua. Nunca se presentó públicamente la orden de detención en su contra.
Durante meses, Arce permaneció detenido de forma irregular, al punto que sus familiares en el exilio denunciaron su desaparición forzada. Su condena fue dictada el 27 de enero de 2026.
El juicio en que habrían condenado a Arce no se hizo público, a pesar de que la codictadora Rosario Murillo así lo declaró el mismo día que se anunció la condena, y en realidad no hay certeza de que el proceso haya ocurrido como tal.
Asimismo, la condena se emitió de forma irregular. A la fecha, no está claro a cuantos años de prisión asciende la condena del excomandante y, más allá de la confiscación de todos sus bienes, tampoco se conoce ninguna otra medida en su contra.
Son estos elementos, en principio, lo que lo convertirían en un preso político. Los demás excolaboradores del régimen se encuentran en una situación similar.
Menos reos y menos denuncias, pero más represión
El documento subraya que las detenciones se producen sobre todo por cargos como «menoscabo a la integridad nacional», «propagación de noticias falsas» o delitos comunes no sustanciados en un proceso justo y transparente.
El Mecanismo destaca además que «en el listado solamente se incluyen a las personas presas políticas de quienes se obtuvo acceso a información y autorización de sus familiares para su publicación», de modo que el número total es en realidad superior.
Asimismo, señaló y lamentó el subregistro de las detenciones, ya que la propia dinámica represiva del régimen cohíbe a familiares o allegados de las víctimas de denunciar por temor a represalias adicionales en contra suya o en contra del detenido.
Este último conteo registra un descenso en relación a los 62 registrados en el último informe debido a la excarcelación de varios reos el 10 de enero, tras presiones de los Estados Unidos.
Incluso habiendo sido liberados, los al menos 19 reos excarcelados en esa ocasión —algunos excarcelados no figuraban en el conteo del Mecanismo— todavía persisten bajo control y vigilancia de agentes del régimen.
Un reo más, el militar retirado Aníbal Rivas Reed, fue excarcelado a principios de febrero y se encontraría en una situación similar.
