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La recién creada Procuraduría General de Justicia confirmó que encontró «responsabilidad penal» por el delito de lavado de Activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua, por más de 2,713 millones de dólares y 82,344 millones de córdobas, contra el otrora comandante de la revolución y asesor económico Bayardo Arce Castaño y su asistente Ricardo Bonilla Castañeda. Además, ordenó la cancelación de sus empresas y la confiscación de sus bienes.
Sin embargo, el comunicado emitido por la Procuraduría General de Justicia no menciona cuántos años de cárcel pagará por los delitos. Solamente dice que cómo medidas resarcitorias, por los delitos que Arce Castaño y Bonilla Castañeda provocaron al patrimonio de la nación, ordenó la cancelación de sus sociedades y el decomiso de sus bienes. Además, acusó como coautores de los delitos a la esposa de Arce, Amelia Ybarra-Rojas y al hermano de ella, Amilcar Manuel Ybarra-Rojas.
LA PRENSA informó el jueves 22 de enero que los hermanos Ybarra-Rojas escaparon a finales de diciembre hacia Costa Rica a pesar de estar vigilados por la Policía de la dictadura. Según fuentes que hablaron con este Diario, los hermanos tomaron la decisión de escapar después de ser interrogados en la Procuraduría.
Ambos son socios de la empresa AgriCorp, empresa que desde hace varios años enfrenta problemas financieros por cobros millonarios de impuestos atrasados. Amilcar Ybarra es representante legal y presidente de la junta directiva de esa empresa y su hermana miembro de la directiva. Según la Procuraduría los hermanos Ybarra-Rojas se encuentran prófugos, por lo que la causa judicial contra ellos, seguirá abierta de conformidad con la legislación nicaragüense.
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Preso desde julio de 2025
Arce está presó desde hace seis meses. En julio del 2025 la Procuraduría informó que el asistente de Arce, Ricardo Bonilla, se negó a asistir a un llamado que la institución le realizó. Eso motivó que lo capturaran y enviaran al Sistema Penitenciario Nacional donde permanece.
También dijeron que habían llamado a Arce para rendir cuanta sobre sus bienes, y que él se limitó a responde que todo le pertenecía, y que por lo tanto no tenía por qué responder más sobre sus operaciones y transacciones. Posteriormente fue capturado y trasladado a la Cárcel Modelo de Tipitapa, donde según publicaciones de sus hijas en redes sociales, lo mantienen incomunicado.
Con la actual condena, Arce se suma a la lista de figuras prominentes del sandinismo que tras décadas de cometer actos de corrupción bajo la protección del partido Frente Sandinista, y en muchos casos, en beneficio de este, ahora son purgados por sus antiguos socios, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Antes que a Arce, condenaron por delitos similares a otro operador económico y figura clave en la atracción de inversiones, el general en retiro Álvaro Baltodano y a su hijo Álvaro Baltodano Moroy. El general Baltodano no sólo era otra figura del esquema de corrupción del sandinismo, también es señalado desde hace décadas como el oficial a cargo del asesinato, en los años 80, del empresario Jorge Salazar Argüello, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
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Lavó casi 3,000 millones de dólares, según Procuraduría
Según un comunicado la Procuraduría General de Justicia las conductas de Arce reflejaron una «operatividad financiera compleja y prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos que los acusados produjeron hasta por 2,713.58 millones de dólares y 82,344.80 millones de córdobas configurando de manera plena el tipo penal de Lavado de Activos en perjuicio del Estado».
El comunicado detalla que la autoridad judicial acreditó que los acusados «participaron de forma concertada y continuada, en un esquema estructurado de ocultamiento, administración y circulación de fondos de origen ilícito, provenientes de defraudación tributaria, utilizando múltiples sociedades mercantiles, cuentas bancarias y operaciones financieras destinadas a disimular el origen y destino del dinero, afectando gravemente la transparencia del sistema financiero nacional y los intereses patrimoniales del Estado».
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Casi 50 sociedades para evadir impuestos, dice la Procuraduría
Según el comunicado de la Procuraduría el juicio de Arce Castaño y su asistente Ricardo Bonilla se realizó en el Juzgado Noveno de Distrito Penal Penal de Juicio de Managua, que dictó la sentencia número 01-2026, mediante la cual declaró responsabilidad penal contra ambos acusados, procesados por el delito de Lavado de Activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua, conforme los artículos 282 y 283 del Código Penal reformado y legislación especial aplicable.
Añade que durante el juicio oral y público, el órgano judicial valoró la prueba documental, pericial y testifical, que permitió establecer la existencia del delito, la participación directa de los acusados, y la trazabilidad financiera de los recursos ilícitos mediante el uso de testaferros, la ingeniería societaria Ilícita y el lavado de activos.
Con el primer mecanismo habrían reclutado a empleados y terceras personas para figurar como socios de fachadas, bajo la dirección de los acusados Arce Castaño y Bonilla Castañeda, con el fin de ocultar a
los verdaderos beneficiarios. Con la ingeniería societaria ilícita la autoridad judicial dice que identificó 49 sociedades, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital ilícitos provenientes de la evasión fiscal sistémica. Mientras que para el lavado de dinero utilizaron la estratificación mediante préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
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El lavado de activos
Según la Procuraduría, la sentencia que emitió el Juzgado Noveno de Distrito Penal Penal de Juicio de Managua, confirma que las acciones de los acusados lesionaron directamente los intereses del pueblo y del Estado nicaragüense, porque «socavaron la transparencia de la recaudación fiscal y distorsionaron la economía nacional».
Por tanto, «destaca que las conductas acreditadas no constituyen hechos aislados, sino una operatividad financiera compleja y prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos que los acusados produjeron hasta por 2,713.58 millones de dólares y 82,344.80 millones de córdobas, lo que configura plenamente el tipo penal de Lavado de Activos en perjuicio del Estado».
En cuanto a las medidas resarcitorias, por el daño que Arce Castaño y Bonilla Castañeda le provocaron dolosamente al patrimonio de la nación, la resolución judicial, sustentada en la Ley número 735, Ley de
Prevención, Investigación, y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, ordenó la cancelación de las sociedades involucradas en los delitos y el decomiso de los bienes de los involucrados.
Eso implica que los bienes de los hermanos Ybarra-Rojas también estarían expuestos al decomiso, ya que según el comunicado emitido por la Procuraduría, a ambos los identificaron dentro del entramado como coautores del delito de Lavado de Activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua; y como los declararon prófugos, su causa judicial permanecerá abierta de acuerdo a lo establecido en el marco legal.
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