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CONTENIDO EXCLUSIVO.La muerte de Mauricio Alonso Petri en prisión, o donde sea que haya pasado los últimos 39 días de su vida desde que fue secuestrado por la Policía el 17 de julio en Carazo, reavivó el nefasto papel del Instituto de Medicina Legal en el engranaje de represión de la actual dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El 17 de julio en Jinotepe, Carazo, la Policía de los Ortega Murillo irrumpió a la medianoche en la vivienda del opositor cívico de 64 años. Los agentes, encapuchados y armados, se llevaron a la fuerza al hombre, junto a su esposa y a su hijo.
A la mañana siguiente la esposa fue liberada sin explicación, pero de Alonso Petri y su hijo no se volvió a saber nada. La operación duró apenas unos minutos, pero la búsqueda duró más de cinco semanas.
La familia lo buscó en cárceles, hospitales, juzgados y delegaciones policiales. En todas partes recibieron evasivas: en el Chipote negaban su detención, en los juzgados no había registro alguno y en los hospitales no aparecía en listas de pacientes.
El 25 de agosto de 2025, la búsqueda terminó de la manera más brutal. Funcionarios del Instituto de Medicina Legal (IML) entregaron a la familia un féretro sellado con los restos de Mauricio Alonso Petri.
IML ordenó enterrar el caso
La orden del Instituto de Medicina Legal fue clara: no abrir el ataúd, enterrarlo de inmediato y aceptar la versión oficial sin hacer preguntas.
El sepelio se realizó bajo la vigilancia de patrullas policiales que encabezaron el cortejo desde la sede del IML en Managua hasta el cementerio municipal de Jinotepe.
No hubo autopsia entregada a los deudos, ni dictamen médico, ni explicación oficial; sólo una orden fría junto a un ataúd sellado que sepultó, junto al cuerpo, la verdad sobre los últimos días de Mauricio Alonso Petri.
Ese mismo día, la investigadora y abogada en el exilio, Martha Patricia Molina, publicó un tuit que conectaba el caso de Mauricio Alonso Petri con una larga lista de muertes bajo custodia policial y con complicidad silenciosa del IML desde 2015.
Otros casos similares
Recordó, con nombre y fecha, los casos de Francisco Javier Ponce Sanarrusia, joven que ingresó en 2015 a la celda con una camiseta puesta y terminó ahorcado con una camisa mangas largas, talla extra larga; pese a las costillas rotas y hematomas por todos lados, la Policía alegó suicidio.
Luego recordó a Kevin Pineda Herrera, un joven de 18 años presentado en 2018 como autoahorcado con el elástico de su bóxer; y Jefferson Nicolás Abarca Lezama, en 2019, hallado “colgado de un mecate” en una celda, sin que la Policía explicara cómo había conseguido la cuerda.
El patrón expuesto por Molina es recurrente: muertes sospechosas, explicaciones inverosímiles y dictámenes forenses alineados con la versión oficial.
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Molina lo resumió en una frase en su cuenta de X: “La Policía en complicidad con el IML siempre han perpetrado asesinatos de personas inocentes. El común denominador: versiones de suicidios imposibles y familias silenciadas”.
El IML antes de Ortega
La muerte de Petri vino a recordar cómo el IML, bajo la administración de la familia Ortega Murillo, se ha transformado en un engranaje del aparato represivo, encargado no de esclarecer la verdad científica, sino de borrarla.
No siempre fue así. El Instituto de Medicina Legal (IML) nació en 1999, amparado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la misión de aportar pruebas técnicas y científicas que garantizaran justicia en los tribunales.
Adscrito a la Corte Suprema de Justicia fue concebido como un organismo autónomo en el ámbito forense, con médicos especializados, psicólogos y equipos interdisciplinarios destinados a respaldar con evidencia objetiva las investigaciones penales.
La Unión Europea, principalmente la Embajada de España, corrieron a dotarla de recursos, edificio y capacitaciones para presentarla como una de las más modernas y eficientes de Centroamérica.
Sin embargo, durante sus primeros años, el IML adquirió una reputación de “mediana credibilidad”. No era una institución libre de críticas, pero tampoco estaba marcada de manera abierta por la influencia partidaria y militante de hoy.
Su carácter técnico le permitía, en teoría, ser árbitro en juicios delicados. Sin embargo, desde los primeros años de la década del 2000 comenzaron a emerger sombras de manipulación en casos de alto perfil que pusieron en duda su independencia.
Los dedos de Arnoldo
El expresidente Arnoldo Alemán, condenado en 2003 por lavado de dinero y corrupción, se convirtió en el beneficiario más visible de esas anomalías.
Mientras debía cumplir una pena de 20 años por corrupción, dictámenes médicos del IML avalaron su traslado al Hospital Militar por una supuesta operación en los dedos de la mano.
El dictamen médico legal, firmado por un forense del Instituto de Medicina Legal en 2004, decía que el reo “presenta dolor en la región palmar de la mano derecha, así como engatillamiento del tercer y cuarto dedo de dicha mano (flexión en los mismos con incapacidad de extenderlos)”.
Por esa razón se recomendaba una cirugía liberadora de tendones y se concluyó que debía recuperarse en condiciones especiales, lo que abrió la puerta a que fuera trasladado al Hospital Militar en lugar de permanecer en prisión común.
La convalecencia se extendió durante meses, transformando su prisión en un cómodo régimen hospitalario donde recibía visitas y celebraba fiestas y comilonas.
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La banda gástrica de Byron Jerez
Pero este no fue el único caso. El exdirector general de Ingresos, Byron Jerez, otro de los hombres fuertes del círculo de Alemán, recibió en 2004 un dictamen aún más insólito: el IML recomendó enviarlo a casa por cárcel porque necesitaba comer seis veces al día tras haberse sometido a una cirugía de banda gástrica para adelgazar.
Según el informe, la prisión común no le garantizaba la dieta especial que requería su recuperación. La decisión judicial se apoyó en ese dictamen médico-legal, generando un escándalo nacional.
Paralelamente, jueces de distrito comenzaron a denunciar la aparición de dictámenes favorables dentro de expedientes relacionados con el floreciente negocio del narcotráfico.
Los narco-dictámenes
En 2005, el juez Sergio Palacio detectó un informe manipulado del Instituto de Medicina Legal que pretendía liberar a un capo preso, bajo el argumento de que su vida corría peligro si permanecía en prisión.
La investigación reveló que documentos oficiales habían sido alterados en la ruta institucional del IML hacia los juzgados.
Aunque algunos empleados y médicos fueron despedidos, el hecho dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema forense a la corrupción.
La prensa de la época reportaba que, mientras el IML cumplía con peritajes de rutina en casos comunes —violencia doméstica, accidentes o delitos menores—, en expedientes vinculados con poderosos políticos o figuras criminales de peso, los dictámenes se convertían en “evidencias” para reducir condenas, suavizar sentencias o incluso justificar libertades anticipadas.
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El IML se rinde a Ortega
Al llegar Daniel Ortega al poder en enero de 2007, el IML ya estaba debilitado y su credibilidad afectada.
A partir de ese momento, la institución ya no sólo prestaría servicios dudosos en casos de corrupción, sino que pasaría a desempeñar un papel clave en la justificación de muertes, torturas y crímenes de Estado.
Los reclamos y denuncias contra el IML siguieron llegando a los medios y organizaciones de derechos hasta que en 2015 el director del Instituto de Medicina Legal, doctor Zacarías Duarte, emitió una circular que estableció las bases para convertir en enterrador oficial de la verdad al instituto.
La circular fue emitida el 21 de julio de 2015 y en ella se ordenaba a todos los médicos forenses del país guardar silencio absoluto sobre los casos que atendieran. La instrucción citaba el artículo 206 del Código Procesal Penal y establecía que:
“Se les comunica que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, está permitido brindar declaraciones sobre casos de su conocimiento, de acuerdo al artículo 206 del Código Procesal Penal”.
La circular fue enviada a médicos forenses, subdirectores, coordinadores de área y peritos de todas las delegaciones.
Varios médicos —que desde entonces pidieron anonimato— se quejaron en su momento de que esa medida violaba el derecho ciudadano a ser informado y evidenciaba un giro hacia el control político del trabajo forense.
La autopsia de Alexis Argüello
En julio de 2009, la repentina muerte del tricampeón mundial y alcalde de Managua, Alexis Argüello, marcó un hito en el nuevo papel del IML.
El 1 de ese mes el país amaneció conmovido por la muerte del llamado Caballero del Ring, quien en apariencia se había quitado la vida de un disparo.
Para entonces Argüello enfrentaba serias diferencias con la dirigencia del Frente Sandinista: había llegado a la Alcaldía mediante un fraude electoral en 2008, pero su papel como alcalde era decorativo y el sempiterno operador político de la dictadura, Fidel Moreno, le había despojado de toda función administrativa.
Molesto, Argüello amenazó con renunciar y denunciar el fraude electoral y los abusos de poder dentro de la Alcaldía, según las sospechas de la época. No logró llegar con vida a ese momento.
¿Qué dijo el IML?
El 2 de julio de 2009, un día después de la repentina muerte de Argüello, el entonces director del IML, Zacarías Duarte, afirmó en una apresurada conferencia de prensa que la víctima no presentaba más lesión que un disparo a la altura del tórax, con laceración en pulmón izquierdo y corazón, y orificio de salida en la espalda.
“Esto es importantísimo porque no hay ningún signo que indique que haya habido violencia, que haya habido lucha o que haya habido defensa, su cuerpo está totalmente indemne de cualquier otra lesión”, subrayó, apoyándose en fotografías que no mostraban el rostro de Argüello, de 57 años.
El Instituto de Medicina Legal entregó a Alexis en un ataúd abierto, elegantemente vestido de traje ejecutivo y con el rostro densamente maquillado y afeitado. La jefatura del FSLN controló las honras fúnebres y le hicieron guardia de honor en plaza pública.
Aun así, Dora Argüello, hija de la leyenda, notó una herida en la nariz y algunos moretones en la cara, dos cosas confirmadas luego por las fotografías de la autopsia filtradas en noviembre de 2009 al Diario LA PRENSA.
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LA PRENSA desnudó al IML
En las fotografías podían apreciarse golpes y lesiones en la cara y cuerpo de Argüello, además de hombres armados dentro de la sala de autopsia fiscalizando el trabajo de los forenses.
Especialistas independientes que analizaron las imágenes señalaron “múltiples traumas” indicadores de “que (Argüello) trató de defenderse”.
Destacaron evidencias de golpes recibidos en vida y hematomas en los hombros que sugerían que alguien lo sostuvo por detrás. La víctima también presentaba lesiones en el tabique nasal (con cortada e hinchazón, como si hubiera recibido un golpe desde abajo), la punta de la nariz y el labio inferior.
Ante la denuncia de LA PRENSA, Duarte reconoció que las lesiones sí existieron.
Según él, no las mencionó el 2 de julio porque no eran “coadyuvantes del proceso fisiopatológico que causó la muerte”.
No obstante, 16 años después, el antiguo agente del FSLN y ahora exiliado político Marlon Sáenz, develó una pista que parece ajustarse más al hecho develado por LA PRENSA.
Una comisión de matones del FSLN, según Sáenz, llegó de urgencia a frenar la denuncia de Argüello y asesinarlo para hacer aparentar un suicidio, pero Argüello se defendió y tras asesinarlo, ordenaron al IML un dictamen como el que dictó Zacarías Guerra por entonces.
Mexicano “se torturó solo”
En 2016, el IML fue testigo y cómplice de un caso de tortura y abuso policial más. El estudiante mexicano Jobany Torres Becerra, becario de la Universidad Autónoma de Zacatecas e interno en la empresa minera Hemco (Bonanza, Nicaragua), fue detenido el 1 de junio de 2016 en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, un día después de haber sido reportado como desaparecido.
La Fiscalía nicaragüense lo acusó de “simulacro de delito”, alegando que fingió su desaparición para desprestigiar “al Buen Gobierno de Nicaragua y su política de país más seguro de Centroamérica”.
Según las autoridades, Torres salió del hotel donde residía en Bonanza el 30 de mayo sin avisar a colegas ni superiores y dos días más tarde fue arrestado en Managua.
La Policía lo presentó en audiencia 13 días después vestido de azul, esposado y caminando muy lentamente: estaba con los ojos y pómulos inflamados, renqueando y aterrorizado.
Durante la audiencia preliminar del 13 de junio, el juez Quinto Local Penal de Managua, Walter William Vargas, aceptó la acusación y ordenó prisión preventiva hasta el juicio programado para el 27 de junio.
Torres compareció con visibles golpes en el rostro, ofreció disculpas al Estado de Nicaragua “por movilizar a toda la Policía Nacional” y dijo desconocer las consecuencias de su huida.
Su defensor, Carlos Flores, cuestionó que su cliente permaneciera detenido varios días sin ser presentado ante una autoridad y exigió una explicación por las lesiones evidentes y otras ocultas bajo el uniforme de reo.
Lesiones “autoinfligidas”
También la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México protestó por la falta de información oficial sobre su paradero y las evidentes señales de castigo físico, pues desde el 30 de mayo hasta el 12 de junio se desconoció su situación y estado de salud.
La cónsul de México en Nicaragua, Ana Paula Martínez, lo acompañó en la audiencia y quedó autorizada para asistirlo durante su encarcelamiento.
Fue ella quien recibió la insólita valoración del IML: las lesiones en rostro, costillas y golpes en espalda y torso eran “autoinfligidas” por “estado de ansiedad y culpabilidad del reo bajo sistema carcelario”.
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Las piernas del campesino Juan Lanzas
En diciembre de 2017, el campesino Juan Lanzas fue detenido por una denuncia de presunto robo en Matagalpa.
El relato de la familia es que un jefe policial y al menos 10 policías más, armados con fusiles AK, lo sacaron de su casa a punta de patadas, puñetazos y culatazos.
El hombre pasó semanas tirado en el piso de una celda inmunda, adolorido por la brutalidad policial y sin asistencia médica, hasta que las piernas se le inflamaron y se pusieron tan moradas, que tuvieron que amputarlas.
Le dieron libertad condicional a finales de enero de 2018 y ante el reclamo de la familia, los medios de comunicación y los organismos de derechos humanos, la Policía y la dirección del IML dieron una conferencia de prensa vergonzosa el 18 de febrero de 2018.
El comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía, apareció junto a médicos forenses del IML en Plaza El Sol, “aclarando” versiones periodísticas sobre la salud de Juan Rafael Lanzas Maldonado, de 31 años, detenido el 30 de diciembre de 2017 por robo agravado en Matagalpa.
Según Díaz, Lanzas empezó a quejarse de dolor en las piernas y recibió atención médica el 5 de enero en el Centro de Salud Trinidad Guevara y, posteriormente, el 11 de enero en el Hospital César Amador Molina, donde fue diagnosticado con vasculitis (inflamación de vasos sanguíneos).
IML dictaminó «causa desconocida»
El informe del Instituto de Medicina Legal fue más técnico. El doctor Julio Espinoza, entonces subdirector del IML, explicó que valoraron al detenido en dos ocasiones.
La primera, el 11 de enero, concluyeron que debía remitirse a emergencias por un cuadro de shock: mareos, sangrados en encías y síntomas de púrpura trombocitopénica (trastorno sanguíneo que forma coágulos en vasos pequeños).
El 23 de enero se le detectó estenosis arterial en ambos pies, que provocó necrosis, por lo que los médicos decidieron amputarle ambas piernas.
Espinoza aclaró que este trastorno debe diferenciarse de lesiones traumáticas como los moretones (equimosis).
Detalló que “la púrpura provoca inflamación de los vasos sanguíneos” y “deriva en vasculitis”, un proceso que puede originarse por infecciones, medicamentos u otras enfermedades, “aunque muchas veces la causa es desconocida”.
2018: el punto de no retorno del IML
El acta de degradación oficial del IML tiene fecha precisa: 18 de abril de 2018.
Con el inicio de las protestas masivas contra las reformas del Seguro Social impuestas por la dictadura, y el inicio de la feroz represión estatal, el IML se destacó por ocultar los crímenes cometidos por policías, militares y paramilitares del régimen.
Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y organismos locales como la Comisión Permanente de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, registraron abundantemente el siniestro papel del IML en esa época.
Con la orden “vamos con todo” dada por Rosario Murillo el 19 de abril en Managua, las fuerzas de seguridad ejecutaron una campaña de represión, asesinatos, torturas, ejecución y crímenes de todo tipo, que culminó con cerca de 355 asesinatos.
Los cuerpos de estudiantes, campesinos, opositores civiles, empresarios, periodistas, activistas de derechos humanos, religiosos y otros, empezaban a aparecer en calles, cauces, abismos, ríos y por todos lados.
Algunos con disparos de alto poder y precisión en la cabeza o tórax, torturados, violados, quemados y apaleados, que eran enviados al IML.
La familia que llegaba en busca de sus seres queridos, tenía que retirar los cuerpos con condiciones de opacidad: sin dictámenes forenses ni causas de muerte oficiales.
Instituto de Medicina legal encubridor crímenes
La CIDH y el GIEI documentaron en sus informes desde 2018 que el IML ocultó dictámenes, alteró causas de muerte y negó autopsias.
En junio de 2018, la CIDH concluyó que el Instituto de Medicina Legal fue clave en el encubrimiento de los crímenes del régimen Ortega-Murillo.
La Comisión encontró que los registros de heridos y fallecidos carecían de estándares forenses adecuados, lo que impidió esclarecer los hechos de violencia.
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Detectó un patrón en el que hospitales, Ministerio de Salud, Ministerio Público y el propio IML omitieron documentar con rigor las causas de muerte y lesiones de manifestantes.
En decenas de casos no se practicaron autopsias y el IML negó documentación oficial a las familias de las víctimas.
Lo que descubrió Rafael Solís del IML
El magistrado judicial Rafael Solís, exhombre de confianza del régimen, relató que al revisar informes del IML confirmó lo que se denunciaba: en su mayoría eran francotiradores disparando a cabeza, cuello y pecho.
“Yo leí todos los dictámenes antes de renunciar, y lo que más me impactó fueron los francotiradores tirando directo a tres lugares, cabeza, ya fuera la nuca o si lo tenían de frente al cuello o al corazón”, dijo en conferencia de prensa en enero de 2019 en San José, Costa Rica, adonde se exilió
“Era una gran cantidad de dictámenes de Medicina Legal a lo cual yo tuve acceso, porque obviamente era magistrado y podía pedirlos, a los cuales no tuvo acceso en su mayoría ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni el GIEI, ya se establecía ahí ese tipo de procedimiento que te indican que hubo una dirección de asesinar a esos muchachos y ocultar las evidencias”, dijo.
El perturbador caso de Teyler Lorío
Un caso perturbador fue la muerte del bebé de 14 meses, Teyler Lorío, asesinado de un disparo de francotirador el 23 de junio de 2018 en Managua.
Aquel día la familia Lorío Navarrete caminaba por las calles del barrio Américas Uno, de Managua, cuando el bebé fue alcanzado por el disparo de un arma de alto calibre, presuntamente ejecutado por un francotirador.
Nelson Lorío cargaba a su bebé en hombros y su esposa, Karina Navarrete llevaba de la mano a la otra hija, Joshuana María, de 7 años.
“A siete cuadras de donde mi papá, se escuchó un primer disparo. Luego un segundo disparo, yo digo de francotirador por la pausa entre cada disparo, como tres segundos. Este me le pegó en la cabecita. Hubo un tercer disparo buscando rematarnos”, relató Lorío a los medios.
Se refugiaron en una casa donde les abrieron las puertas. Hasta ese momento, Nelson Lorío pensaba que la herida de su hijo era leve.
Al verlo de frente apenas se notaba una herida mínima y el niño respiraba, seguía con vida.
Ya dentro de la casa de una vecina que les abrió la puerta, lo recostaron boca abajo: entonces constataron que la cabeza estaba destrozada y la masa encefálica expuesta. “Fue un tiro explosivo. Me le desbarató la cabecita. Ahí perdí las esperanzas”, relató el padre.
Varias versiones del crimen
En la desesperación, subieron a la madre y al pequeño agonizante en una motocicleta y los trasladaron al Hospital Alemán Nicaragüense.
Allí, al poco tiempo, recibieron la noticia de su muerte y les entregaron el acta de defunción. El documento consignaba como causa “sospecha de suicidio”. La pareja acudió incluso al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para denunciar lo ocurrido.
Más tarde, la pediatra que había firmado el acta, la doctora Tammy Tijerino, explicó que esa anotación se debía a un error ocasionado por el movimiento del papel carbón. Según su corrección, la verdadera inscripción era: “Otras muertes en las cuales no existe claridad sobre su causa”.
“Medicina Legal emite un acta donde ponen ‘sospecha de suicidio’. ¡Un niño de 14 meses se puso una pistola en la cabeza y se disparó! Y en la manito le habían puesto una pulsera que decía ‘herida de arma blanca’”, reclamó con indignación Lorío en aquella ocasión.
Pandemia
Cuando nadie podía esperar un papel más macabro del IML que el jugado en 2018, llegó la pandemia de coronavirus a Nicaragua en marzo de 2020.
“Aquí ya los médicos del IML se quitaron la gabacha, se pusieron la bandera como capa y se enfundaron la capucha de verdugos y enterradores”, denuncia desde el exilio el médico especialista en Salud Pública, José Antonio López.
Según el médico, la dictadura de Nicaragua ordenó una narrativa que establecía que en la “Nicaragua bendita y siempre libre, gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario, el covid no tenía efectos”.
Y al contrario de lo que indicaba el sentido común y la ciencia médica, promovieron actos de concentración pública masiva, prohibieron a los médicos el uso de medidas de protección y se burlaron del coronavirus “como un virus de los ricos”.
“El Minsa, todo el sistema de Salud Pública, los medios oficialistas y los miembros del IML, acataron la orden. Nadie debía morirse de covid a menos que los Ortega Murillo lo autorizaran”, dice.
Pero la mortandad no la podían ocultar y pronto los cementerios se llenaron de entierros exprés, sin velatorios ni actos de despedida. Los féretros sellados salían a todas horas de los hospitales y los dictámenes médicos los simplificaban como “muerte por neumonía atípica”.
Según el médico exiliado José Antonio López, más de 16,000 muertes por covid fueron ocultadas o atribuidas a “neumonía atípica” por el IML.
“Los forenses alteraron actas de defunción para sostener la narrativa oficial de que Nicaragua estaba bajo control. Miles de familias recibieron cuerpos sellados, sin diagnósticos claros”, dice López.
Control político del IML
¿Qué queda del IML hoy en día? El exfuncionario judicial Yader Morazán recuerda que aquellas declaraciones de Rafael Solís respecto al IML en 2019, pasaron desapercibidas, pero ya establecían el rol de la institución hasta hoy.
“Ese señalamiento de Solís, recae estrictamente en el IML tal cual está hoy; indica cómo de alguna forma fueron sometidos muchos médicos forenses o muchos se prestaron a manipular mucha información de los crímenes de lesa humanidad que se ejecutaron en 2018”, dice Morazán.
“A partir de 2018, hay un punto de quiebre del IML y que se vio marcado en 2022, cuando el director, que era Zacarías Duarte, desobedeció una orientación de viajar sin permiso fuera del país y eso no le gustó a la dictadura y lo destituyó después de haber sido llevado al Chipote. Lo relegaron sin ningún privilegio a una bodega por oficina”, dice Morazán.
Duarte trabajó por más de una década en el Poder Judicial. Asumió la dirección después de haber dictaminado en 2004 que el expresidente convicto por corrupción, Arnoldo Alemán, debía ser trasladado de una oficina administrativa dentro del sistema carcelario en el Chipote, a una sala de cuidados especiales en el Hospital Militar por un problema en los dedos.
Tramitador de dictámenes
Con el tiempo se plegó al FSLN y se volvió el tramitador oficial de los dictámenes a medida de los intereses del Frente: un sospechoso de narco debía ser enviado a casa por cárcel por estrés carcelario, un banquero acusado de corrupción debía ser trasladado a casa para tratarse enfermedades dentales, un exfuncionario acusado de corrupción debía salir de la cárcel para tratarse en casa su dieta de seis comidas diarias a raíz de una cirugía de banda gástrica…
Hoy, alejado de la medicina y con parte de su familia en el exilio, Duarte guarda silencio de aquellas anomalías y abusos con los dictámenes forenses.
IML, una sucursal del Carmen
Yader Morazán señala que en su lugar nombraron al subdirector Julio Espinoza Castro, quien apareció junto al comisionado general Francisco Díaz en febrero de 2018 justificando la amputación de las piernas del campesino Juan Lanzas.
Sin embargo, Espinoza Castro no manda, según Morazán. “Quien manda actualmente, el verdadero poder del IML, es la secretaria política del FSLN, Luisa Calvo, una psicóloga forense, quien es la encargada de asegurar todas las orientaciones desde El Carmen”.
“El IML tiene a cargo no solamente a los médicos forenses, sino también a los trabajadores sociales y psicólogos de los equipos interdisciplinarios de los juzgados de violencia, pero a partir de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahora ya no rinde cuentas a la Corte Suprema de Justicia, ahora operan bajo el Consejo Nacional de Administración de Carrera Judicial, ya no como Poder del Estado, sino que se deben directamente a la copresidencia, como se autodenomina la dictadura”, explica Morazán.
Hoy no tiene sitio web activo ni publica boletines. Su directora de facto es una secretaria política del FSLN que está bajo vigilancia y control de la Policía, asegura Morazán.
