Vigilancia total: el país donde todos son sospechosos

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Un hombre, al que llamaremos “Juan” por su seguridad, se sorprendió cuando el comisionado general Juan Victoriano Ruiz le pasó una hoja de papel y un lapicero para que firmara. Era una carta de “colaboración voluntaria” en la cual se comprometía a espiar, delatar y reportar a vecinos, familiares y amigos. Si firmaba, saldría. Si no, se quedaría.

Los últimos ocho días había permanecido aislado y en solitario en una celda de la cárcel La Modelo y esa noche lo sacaron esposado y con uniforme de preso y lo llevaron a una oficina que la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) tiene en el penal, donde estaban otros reos que él no conocía.

Lo más extraño es que les dieron pollo frito y gaseosas, en contraste con la asquerosa comida que le llevaban a la celda. Cuando estuvo frente al documento que lo registraba como delator, “Juan” comprendió el propósito. Firmó, no había de otra, aunque en sus adentros se decía que jamás sería un “oreja” de la dictadura que lo echó preso.

Esta historia comienza en noviembre de 2024 cuando “Juan”, un hombre de 45 de años, desapareció sin dejar rastro en su comunidad. Nadie, ni su pareja, ni sus hijas, ni su madre, sabía dónde estaba.

Un vehículo civil con cuatro hombres armados y con pasamontañas lo sacaron de su casa con engaños. “Sólo va a una entrevista”, le dijeron.

Lea también: Masacres que horrorizaron a Nicaragua y quedaron impunes

“Es un mandado breve”, pensó. Pasó entre 12 y 15 días encerrado en una celda del Chipote y La Modelo, interrogado día y noche y amenazado de cárcel bajo la sospecha de participar activamente en un partido político.

Lo juzgaron en línea desde una pantalla enlazada a la aplicación de Jitsi Meet. Del otro lado había un juez estricto. Un fiscal. Una defensora de oficio, muda y apacible.

Al final dictaron que su “peligrosidad” exigía prisión preventiva. Y retroactiva. Así que lo encerraron en La Modelo.

Sin embargo, después de firmar su compromiso como delator, le cancelaron los cargos judiciales, le entregaron un récord policial limpio y vigente y le sugirieron decir a su familia y vecinos que nunca estuvo detenido, que se inventara que estuvo de vacaciones en San Juan del Sur.

Ahora, todos los lunes, un oficial de Inteligencia llega a su casa o llama directo. No saluda ni insulta ni reclama. Sólo pregunta: “¿Alguien lo contactó?” “¿Oyó algo de esto?” “¿Sigue siendo amigo de fulana?”. Anota. Se va. Vuelve.

Lea además: El dictador ya tiene quien le escriba: los historiadores del régimen Ortega Murillo

La orden: todos deben ser sapos

El pasado 19 julio Daniel Ortega subió al podio arrastrando los pies, más lento que de costumbre. Parecía muy golpeado por el peso de la edad, con la voz débil y la mirada cansada. En un momento no tuvo fuerzas ni para levantarse de la silla, pese a que la multitud le cantaba y bailaba.

La Plaza La Fe estaba llena. Miles de trabajadores públicos, militares, policías y militantes obedientes, fueron sentados en bloques exactos de 16 por 16. Todos uniformados y actuando en coreografía. Nadie se movía sin órdenes. Todos oían en silencio y debían aplaudir cuando les daban las órdenes.

Ortega habló más de una hora. Dijo que los jóvenes debían estar atentos. Que el enemigo “siempre está conspirando, provocando el derramamiento de sangre”. Que los “vendepatria y terroristas” siguen activos, y que contaban con el respaldo de los “imperialistas de la tierra”.

Entonces dio la orden infame. “Tenemos que mantenernos siempre con todas las tareas que tenemos que cumplir, sin descuidar ahí, en el lugar donde estemos trabajando, en el barrio donde estemos trabajando, sin descuidar la vigilancia revolucionaria”, ordenó.

La multitud aplaudió cuando el protocolo lo indicó y la música, los cánticos y los bailes cerraron el circo. La orden ya había sido dada.

La red de espías ya existe

La orden de Ortega, de convertir a Nicaragua en un cárcel de espías, no nació en la tarima de ese acto partidario. 46 años antes, ya los sandinistas habían hecho lo mismo con la creación de los Comité de Defensa Sandinista (CDS), llamados en su tiempo “Los ojos y oídos de la Revolución”.

Ni siquiera nació en 2018 y menos en 2025. La orden de un país regido por espías en todos los estratos sociales es una maquiavélica idea que se empezó a gestar desde 2007, pero se aceleró en abril del 2018.

El Grupo de Expertos de la ONU lo confirmó en su informe del 3 de abril de este 2025: Nicaragua está cubierta por una estructura paralela de vigilancia.

No se trata sólo de policías o militares de civil. Es un Estado dentro del Estado. Un aparato diseñado para identificar, seguir, atrapar y destruir. Un enjambre de ojos que vigilan sin descanso: policías, militares, funcionarios, brigadistas de salud, maestros, vecinos, encuestadores, incluso vendedores de agua o de seguros.

El sistema tiene nombres: Centro de Información e Inteligencia Policial (CIIP), Departamento Técnico Operativo, conocido como Departamento H, la Subdirección de Inteligencia, y un Comité de Inteligencia Nacional que responde sólo a Ortega y Murillo.

Puede interesarle: Huella de sangre: asesinatos con marca FSLN

El Departamento H, según este informe, no tiene oficinas visibles ni rótulos. Sus agentes alquilan casas, se infiltran como trabajadores comunes, se disfrazan. Interceptan llamadas, hackean redes, filman en secreto, toman fotos desde motos o camiones de servicios. Espían incluso a niños si sus padres están en el exilio.

Ahora lo hacen con tecnología china y asesoría rusa, según lo ha confesado el mismísimo hijo del régimen, Laureano Ortega, en mayo pasado en la XIII Reunión de Representantes de Alto Nivel para Asuntos de Seguridad, en Moscú.

“Desde el año 2018 cuando sufrimos el sangriento y terrorista intento de golpe de Estado nos hemos dado a la tarea de fortalecer la seguridad y la defensa en nuestro país, neutralizando y eliminando a los autores y actores claves del odio, mercenarios y vendepatrias que actúan bajo la bota y el pago imperial con la pretensión de entregar a nuestro país al dominio estadounidense”.

“La Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y el Ministerio del Interior, en coordinación permanente con la población nicaragüense han logrado establecer mecanismos de prevención, atención y control efectivos ante las amenazas”, confesó.

Espionaje enraizado

Antes de él, y desde 2023, Rosario Murillo había dado una instrucción precisa: “Ni una mosca debe volar sin que lo sepamos”. Esa frase se volvió la doctrina de Estado, de acuerdo con el informe de los expertos de Naciones Unidas.

Según ese reporte, las instituciones del país, Telcor, Ministerio de Educación, de Salud, de la Mujer, del Interior, fueron integradas a la red. Todas las alcaldías, controladas por el Frente Sandinista, alimentan el sistema con datos, rumores y listas.

Los secretarios políticos deciden quién debe ser investigado. Lo hacen con nombre, apellido y dirección. Así lo expuso en mayo pasado el alcalde sandinista de Jinotega, Leónidas Centeno Rivera, secretario político del FSLN en ese departamento.

“Sin descuidarnos nadita de nadie, todo aquel que puso una bandera al revés, hay que seguirlo vigilando. Todo el que puso una bandera al revés (…) será siempre sospechoso, todo el que salió a la calle a protestar, a sumarse al intento de golpe, tiene que seguir siendo sospechoso y vigilado”, expresó Centeno, acompañado en el acto por el jefe de la Policía de Jinotega.

Carnet del FSLN

Una mañana de diciembre tocaron a su puerta. Era su vecino, el del Consejo de Liderazgo Sandinista de su cuadra, el mismo que le vendía los nacatamales. Estaba acompañado de una muchacha muy joven, una mujer de rostro curtido y un hombre recio, fuerte, silencioso y mal encarado que, sin lugar a dudas, era policía o militar.

No era una visita de rutina. Era una advertencia disfrazada de “oferta”. Le llevaron un carnet con su nombre completo, la misma foto de su cédula y el escudo del Frente Sandinista. Ya estaba inscrito como militante del FSLN, sin que él lo pidiera.

El mensaje fue directo: debía integrarse al “trabajo político comunitario”, infiltrarse en redes sociales, entrar en grupos de WhatsApp de colegas periodistas y comenzar a enviar información a la policía y a los operadores sandinistas.

Él preguntó si podía pensarlo, que su religión cristiana le impedía participar en política. Le respondieron que si dudaba podía terminar preso por “traición a la patria”, por su trabajo de periodista.

Que colaborar era mejor que acabar en La Modelo. Le hablaron de leyes, de traición, de cargos por ciberdelitos. “Recuerde que usted trabajó en los medios de la derecha y sólo este carnet lo puede salvar si la policía lo viene a investigar por esos delitos que usted conoce”.

Esa noche supo que no tenía opciones. O se convertía en soplón o desaparecía. En la madrugada siguiente tomó una mochila, desconectó el teléfono y cruzó la frontera. Desde entonces vive exiliado. El carnet de militante se quedó esperando en manos del vecino que llegaría luego a buscarlo con policías ya uniformados.

Lea además: Las confesiones de los Ortega Murillo

La feminista que huyó

La llamaban “Gata” desde los tiempos en que alzaba pancartas por los derechos de las mujeres. Había trabajado en una ONG, coordinado talleres, denunciado abusos sexuales y exigiendo igualdad de género.

Tenía formación y convicciones. Pero también tenía una madre enferma de cáncer.

En 2021 fue arrestada por la Policía por participar en la Unidad Azul y Blanco. La retuvieron varios días. Le revisaron el teléfono, la historia de chats, las fotos. La interrogaron sobre su prima, su hermano, una sobrina, todos exiliados en Costa Rica. Querían saber si hablaban, si planeaban algo, si se organizaban.

El trato fue simple y cruel: o colaboraba con reportes semanales o su madre dejaría de recibir atención médica. “Su vida está en tus manos”, le dijeron. Luego le entregaron un número telefónico para reportarse con el compañero “Lenín”.

Cada día debía mandar un mensaje con información: datos, fotos, capturas de pantalla, sospechas de acciones enemigas y hasta nimiedades como “fiestas o celebraciones” en redes sociales.

Gata dudó. Intentó negarse, pero pensaba mucho en su madre, “¿y si le niegan el medicamento y las citas?” Su progenitora la convenció: “Si vos sos libre y estás segura, yo voy a estar tranquila. Me duele más verte así que mi propia enfermedad”.

Una noche Gata escapó. Logró cruzar hacia Costa Rica, donde estaban los suyos. Su madre quedó atrás, enferma, vigilada y en riesgo. Gata carga con esa sensación de culpa, pero con la conciencia sana de saber que no colaboró con delatar a inocentes.

Puede interesarle: Diez (de muchas) libertades que la dictadura Ortega Murillo arrebató a Nicaragua

¿Por qué lo hacen?

Siete años después de haber declarado, a viva voz y en plaza pública, que habían vencido un “golpe de Estado”, Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen gobernando con paranoia y recelo.

Han cerrado aún más el cerco de la persecución y la represión. La razón es simple y cruda, según Gonzalo Carrión, abogado y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más: “El pueblo sigue resistiendo en silencio, y el régimen sabe que ha perdido fuerza incluso entre sus propios simpatizantes”.

Carrión argumenta que la represión, la vigilancia y el espionaje no cesan “porque el Frente ya no se sostiene con legitimidad, sino con miedo”.

“Ortega y Murillo han sido claros: a los enemigos, reales o percibidos, se les asedia, se les encierra, se les castiga. Y lo que comenzó como un aparato de vigilancia para sus adversarios, terminó como una estructura de terror cotidiano para sus mismos fanáticos”, dice.

“Viven chivas, incluso de sus propios cercanos”, observa Carrión, quien recuerda que ese afán de control social inició desde el mismo enero de 2007, cuando no tenían ni un mes de poder.

Ya en 2007, recuerda Carrión, Rosario Murillo giró un documento a los recién creados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) con una consigna precisa a sus militantes: “Conózcanlos. Sepan con quién se reúnen, quién los visita, cómo se mueven, qué hacen”.

“El modelo de poder familiar estaba estructurado desde el inicio para tener control social completo”, explica Carrión. Pero, dice, con el tiempo, las manifestaciones campesinas, feministas, estudiantiles y las protestas por fraudes electorales fueron debilitando el dominio de Ortega.

En abril de 2018 perdieron las calles. Y no las han recuperado, dice. “Desde entonces, el régimen se encerró más. Radicalizó su aparato represivo y perfeccionó su red de vigilancia. Lo que Ortega admitió el 19 de julio sobre la ‘vigilancia revolucionaria’ no fue una novedad. Fue una confesión de algo viejo, que todo el mundo ya sabe”.