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Masacre de Kiwakumbaih
El 23 de agosto de 2021 cayó en lunes. Ese día ocurrió una de las peores masacres perpetradas contra mayangnas y miskitos de la Costa Caribe nicaragüense, cuando hombres armados atacaron a 37 indígenas que realizaban labores de güirisería en la mina Kiwakumbaih, en el cerro Pukna, municipio de Bonanza.
En los días siguientes se contabilizaron de manera extraoficial 13 personas muertas (según la Policía fueron nueve) y dos mujeres sobrevivientes que sufrieron abuso sexual. Entre las víctimas mortales había otras dos mujeres y una de ellas tenía una pierna mutilada.
Los indígenas que escaparon con las primeras ráfagas de balas declararon que los agresores eran alrededor de 30 y que llegaron armados con armas blancas, pistolas, escopetas y hasta con fusiles Ak-47. Los describieron como hombres mestizos colonos, que hablaban español y vestían ropa militar. El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) recogió estos testimonios, que no sirvieron de nada en las investigaciones posteriores.
El caso terminó, más bien, con ocho líderes y guardabosques mayangnas presos, acusados de pertenecer a la supuesta banda criminal “Bruno”, responsabilizada por 18 asesinatos, entre ellos los de Kiwakumbaih. Cuatro de ellos recibieron cadena perpetua y cuatro fueron condenados a 25 años de prisión, aunque en los juicios no hubo pruebas inculpatorias y sí muchas irregularidades.
Mientras tanto, se desconoce qué ocurrió con los cabecillas de la banda “Chabelo”, capturados en agosto de 2023 y presentados con gran revuelo en los medios oficialistas. Esta banda sí es reconocida por los indígenas como una de las que operan libremente en Kahkah, Daka Was y Sulun Waspuk.
Familiares de las víctimas de Kiwakumbaih dudan que los indígenas condenados sean los verdaderos asesinos y han exigido que se capture a los responsables no sólo de esta masacre, sino de muchos otros crímenes que siguen en la impunidad.
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Masacre de Wilú
Mientras la Policía se concentraba en la persecución de indígenas mayangnas, otra masacre ensangrentó el Caribe nicaragüense. La mañana del sábado 11 de marzo de 2023, alrededor de 60 colonos armados atacaron la comunidad de Wilú, del Territorio Indígena Mayangna Sauni As. Los agresores asesinaron a cinco indígenas, quemaron 15 viviendas y la iglesia de la comunidad.
Luego de matar al primero de los comunitarios, los colonos atacaron a cuatro miembros de una familia que vivían en una parcela de Wilú. Según un testigo entrevistado por el medio Divergentes ese sábado las víctimas salieron de Musawás las 4:00 de la madrugada y llegaron a la comunidad unas seis horas después, a eso de las 10:00 de la mañana. “Iban a cruzar el río y ahí se toparon con los invasores”, relató el testigo.
A uno lo rafaguearon cuando el grupo iba subiendo por “la esquina del río”, los otros se tiraron al río y ahí los alcanzaron las balas. Solo dos sobrevivieron, los que no estaban heridos de gravedad. Otros dos comunitarios, que no pertenecían a esta familia, también fueron asesinados durante ese ataque. Encontraron sus cuerpos por la tarde.
Si no hubo más víctimas fue porque las mujeres y los niños de la comunidad huyeron cuando escucharon los primeros disparos. Más tarde, al volver a Wilú, encontraron sus casas quemadas.
La Policía responsabilizó por estos crímenes a la agrupación “Chabelo”. Sin embargo, el expediente del caso no está disponible para consulta pública ni se ha sabido que recibieran alguna condena.
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Masacre de Alal
El 29 de enero de 2020 indígenas de la comunidad mayangna de Alal, en el corazón de Bosawas, pescaban en el río Kun Kun para aportar a la fiesta de acción de gracias que los comunitarios celebrarían al siguiente día. Entre ellos se hallaba Juan Emilio Devis, de 40 años, el mejor pescador de Alal, quien además era guardabosques y uno de los más preocupados por el avance destructivo de los colonos en la reserva.
Los indígenas todavía estaban en el río, ubicado a dos horas y media de camino desde Alal, cuando un grupo de colonos armados los atacó salvajemente. Los jóvenes Cristino López, de 25 años, y Amaru Hernández, de 24, murieron en el lugar. Otros comunitarios hallaron sus cuerpos la tarde del jueves 30 de enero, cuando bajaron de la montaña, adonde habían ido a cazar guardatinajas para la fiesta.
Al joven Arly Samuel lo encontraron muerto entre el camino del río Kun Kun al río Kikulang, más cerca de Alal. Los colonos le dispararon cuando corría por su vida y luego le hirieron el cuello hasta casi cercenarle la cabeza. Tres muchachos consiguieron escapar, para dar la voz de alerta en la comunidad: Centeno Indalecio, Marcony Jarquín y Becker Devis, quien venía gritando que habían matado a su papá.
Se equivocaba. Juan Emilio aún estaba vivo cuando los colonos lo trasladaron al caserío. Los comunitarios que volvieron a Alal al amanecer del 30 de enero, cuando los atacantes ya se habían marchado, encontraron al pescador en un cauce en la ribera del río Kaska. Se encontraba boca arriba, con las manos atadas a la espalda, la cabeza con huellas de golpes con palas y varios impactos de bala. Hay quienes aseguran que, al quitarle las botas de hule, descubrieron que le cortaron varios dedos.
Eran cerca de ochenta colonos. No contentos con cuatro muertos, incendiaron 16 viviendas, incluida la casa pastoral; dañaron la iglesia, la escuelita, el puesto de salud; quemaron la merienda escolar y mataron a todas las vacas que hallaron, alrededor de 20. También hirieron al joven Will Fernández, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, pero sobrevivió para esconderse toda la madrugada en el monte.
En agosto de 2023 la Policía adjudicó los crímenes de Alal a la banda “Chabelo”.
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Masacre de El Carrizo
El martes 8 de noviembre de 2011 la comunidad indígena de El Carrizo, ubicada en San José de Cusmapa, departamento de Madriz, vivió una de las jornadas más violentas que se recuerden. A eso de las 8:30 de la noche un grupo de sandinistas armados, en complicidad con agentes policiales, irrumpió en la vivienda de doña Irinea Mejía Torres y ejecutó una cacería.
La turba asesinó al esposo de doña Irinea, don Mercedes Pérez Tórrez, de 67 años, y a dos de sus hijos: Josué Zael, de 22 años, y Elmer, de 52. Otros dos hijos resultaron gravemente heridos de bala. Del lado de los agresores sólo hubo un herido, el secretario político del Frente Sandinista, quien aparentemente recibió un machetazo en la rodilla.
Los simpatizantes sandinistas llegaron a El Carrizo en dos camionetas de la Alcaldía de Cusmapa, furiosos y la mayoría borrachos, buscando liberales disconformes con los resultados de las elecciones municipales de ese año. Los lideraban el jefe municipal de la Policía, el delegado del Consejo Supremo Electoral y el secretario político del partido en Cusmapa.
El juicio se efectuó en 2012. Sólo cuatro de seis acusados recibieron condenas y, pese a la gravedad de los crímenes, las penas no superaron los tres años y medio de prisión.
La Fiscalía acusó por homicidio en lugar de asesinato, los reos no fueron expuestos ante los medios de comunicación, sino que permanecieron en una habitación especial de la delegación policial de Somoto, y el juez consideró un atenuante el que hayan actuado en estado de embriaguez. Extraoficialmente se supo que quedaron en libertad incluso antes de que se cumplieran sus condenas.
Doña Irinea perdió las ganas de vivir, pero continuó exigiendo justicia hasta el final. Murió el sábado 5 de septiembre 2020 sin haber visto un castigo real para los asesinos de su familia.
Masacre de Indio Maíz
El jueves 3 de octubre de 2019 la comunidad de La Pimienta, ubicada en la Reserva Indio Maíz, fue escenario de la matanza de cinco miembros de una familia. Entre ellos un bebé de 1 año. El hecho se dio en el contexto de un conflicto vinculado con el tráfico de tierras y la invasión de colonos en la reserva.
Las víctimas fueron Pablo Calderón Espinoza, de 80 años; Lucrecia Pérez Dormu, de 40; Yadira Pérez Martínez, de 22; Isaías Calderón Pérez, de 16, y el bebé Pablo Alonzo.
En aquel momento una denuncia supuestamente elaborada por habitantes de ese territorio remoto señalaba como posible autor de la masacre a un sujeto llamado Camilo Dormo, exmovilizado de la Resistencia Nicaragüense. Según la denuncia, que circuló en redes sociales, Dormo estaba vinculado con otros delitos en Indio Maíz. Además, detallaba el documento, desde el 28 de septiembre hasta la segunda semana de octubre en la zona se habían registrado ocho asesinatos por conflicto de tierras.
La respuesta a estos crímenes fue el silencio estatal. Lo mismo ocurrió en 2022, cuando sucedió el atroz asesinato de una pareja que llevaba cerca de un mes viviendo en una zona montañosa de Indio Maíz. Manuel de Jesús Dávila Cano, de 20 años, y Yajaira Olivas Sevilla, de 35, invirtieron 120 mil córdobas en 100 manzanas de tierra y se trasladaron con sus gallinas para iniciar una nueva vida.
Lo que hallaron fue una muerte terrible. Según el medio oficialista La Primerísima, Manuel fue torturado con un machete, le amputaron una mano y un pie. Su cráneo también presentaba fracturas. Yajaira tenía dos impactos de bala en la cabeza y “no había ni una huella de sus asesinos”.
Masacre del 30 de mayo
Lo que comenzó como una manifestación pacífica para acompañar a las madres de jóvenes asesinados durante las protestas de abril de 2018 culminó en una masacre. El 30 de mayo de 2018 miles de personas salieron a las calles para exigir justicia por los crímenes cometidos en el marco de la represión estatal. Pero la marcha, convocada por las Madres de Abril, fue blanco de un violento ataque con armas de fuego por parte de fuerzas parapoliciales y francotiradores.
Para muchos fue la manifestación más grande en la historia de Nicaragua, al menos en los últimos 47 años. Un mar azul y blanco cubría las calles desde el punto de reunión, la rotonda Jean Paul Genie, hasta la rotonda Centroamérica y la Plaza de las Victorias. También había una multitud en el sector de Metrocentro. El ataque comenzó cuando un grupo de manifestantes se desvió en dirección a la Universidad Centroamericana (UCA) y luego al portón principal de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Las primeras ráfagas de Ak-47 se escucharon hasta la rotonda Rubén Darío, donde estalló el caos, pues muchos manifestantes corrieron hacia la Catedral de Managua. Sonaron disparos provenientes del Estadio Nacional y la mayoría de las personas escapó en dirección a la rotonda Cristo Rey, pero otras se dirigieron a la UCA. Según las autoridades de la universidad, ahora usurpada por la dictadura, el recinto dio refugio a unas cinco mil personas.
El punto fuerte de la masacre tuvo lugar en la Avenida Universitaria, donde cientos de jóvenes intentaban repeler con morteros y piedras a la Policía, que se acercaba peligrosamente a la UCA.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 19 personas fueron asesinadas ese día y centenares resultaron heridas en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya. Imágenes y testimonios recabados por organizaciones nacionales e internacionales confirmaron el uso de armas de guerra contra civiles desarmados. Nadie pagó por esos crímenes.
Masacre de Las Jagüitas
El 11 de julio de 2015 una tragedia sacudió la comarca de Las Jagüitas, al sureste de Managua, cuando un operativo antinarcóticos de la Policía interceptó el vehículo de una familia que volvía de un culto evangélico celebrado en Villa Libertad.
En el carro viajaban Milton Reyes y su esposa embarazada Yelka Ramírez, quien llevaba en las piernas a su hijo de 3 años. Atrás iban Katherine Ramírez, hermana de Yelka, y cuatro niños más.
Los policías, divididos en tres grupos a lo largo de 800 metros, tenían órdenes de emboscar en ese oscuro camino un vehículo del mismo color y modelo: Toyota Corolla blanco. Cuando apareció el carro de la familia, los agentes hicieron señales de alto, pero Reyes aceleró, creyendo que se trataba de un asalto. En respuesta, la Policía rafagueó al vehículo, que avanzó varios metros y sólo se detuvo al chocar con una camioneta gris en una esquina.
La lluvia de balas provocó la muerte de tres personas: Katherine, de 22 años; José Efraín, de 11, y Aura Marina Reyes Ramírez, de 12. Los testigos de la tragedia se acercaron al escuchar los gritos de Yelka y Milton; pero los uniformados no sólo no brindaron auxilio a sus víctimas, sino que impidieron que los vecinos lo hicieran, alejándolos del lugar y decomisándoles los celulares para que no pudieran registrar los hechos.
El proceso judicial fue un guion hecho a la medida para tratar con suavidad a los culpables, con muchos vacíos judiciales para que al final no purgaran cárcel por sus crímenes. En el montaje judicial los hechos se minimizaron como actos imprudentes y no dolosos, adjudicando a los autores de la masacre penas de 5 a 11 años de prisión que no cumplieron. Por el contrario, varios policías recibieron ascensos.
El francotirador Zacarías Salgado, quien estuvo a cargo del operativo en Las Jagüitas, pasó de capitán a comisionado y segundo jefe de las Tropas de Intervención Rápida (Tapir). Incluso recibió una medalla por sus “acciones heroicas a riesgo de su vida”; es decir, por masacrar a civiles durante la “operación limpieza” de 2018 en Masaya.
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