Esposados de manos y pies, semidesnudos y apartados en celdas de máxima seguridad se encuentran desde diciembre pasado los cuatro indígenas condenados a cadena perpetua, por ser los supuestos autores de la masacre en la comunidad Kiwakumbaih, del territorio mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua. Dicha masacre ocurrió en agosto de 2021.
“Siguen con vida los cuatro”, es el reporte que recibió recientemente el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) —que ha llevado de cerca este caso—, luego que conociera que los indígenas Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías enfrentan pésimas condiciones carcelarias, así como torturas físicas, emocionales y sexuales.
Los cuatro ciudadanos guardan prisión en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, de Tipitapa y su vida en esa cárcel es un constante sufrimiento. Los mantienen encadenados las 24 horas del día, sus baños son baldazos de agua por las tardes y son golpeados y hasta abusados sexualmente. Si tienen algún dolor o padecimiento, les niegan la atención médica, denuncia Calpi.
Sus familiares han logrado verlos una vez al mes y solo por cinco minutos, pero de lejos, no de cerca. Es decir que los reos no pueden recibir un abrazo de sus parientes.
Para Calpi, la saña con la que los custodios torturan a estos indígenas no es más que una manera de “aterrorizar” a las comunidades mayangnas, de las cuales ellos eran líderes. También para enviarles un mensaje a los comunitarios que quieran defender sus tierras de la invasión de colonos.
“(La tortura es) para que las personas de las comunidades no sigan resistiendo a los ataques que sufren a manos de bandas armadas de colonos, que actúan en total impunidad desde hace años en sus territorios de Bosawas, Waspam y el Río Coco, o Wangki, a como lo llaman ellos”, señala Calpi.
La masacre
El 23 de agosto de 2021, hombres armados llegaron hasta donde se encontraban unos 37 indígenas miskitos y mayangnas y los atacaron mientras ellos realizaban labores de minería artesanal en la mina de Kiwakumbaih, en el cerro Pukna, del territorio mayangna Sauni As.
En el ataque se contabilizaron 13 personas muertas y a dos mujeres sobrevivientes las violaron. Entre las víctimas mortales hubo dos mujeres, a una de ellas le mutilaron la pierna. A la fecha, se cree que en realidad fueron 18 los fallecidos.
En su momento, los sobrevivientes compartieron a Calpi que denunciaron ante la Policía que aproximadamente eran 30 los agresores que llegaron fuertemente armados con armas blancas, pistolas, escopetas y hasta con fusiles AK-47. Estos eran mestizos o colonos, que hablaban español y vestían ropa militar.
“Los que huyeron lo hicieron cuando comenzaron a escuchar las ráfagas y los tiros de las armas de los atacantes”, expone Calpi en uno de sus reportes sobre este ataque.
Calpi señala que antes de esta masacre, el Gobierno y la Secretaría Territorial Indígena (GTI) Mayangna Sauni As enviaron el 11 de agosto de 2021 una carta a la Policía de Bonanza, Costa Caribe Norte, solicitando el acompañamiento de la institución a la mina de Kiwakumbaih debido a “una situación de emergencia (…) de conflicto que presentaban”, sin embargo, las autoridades no respondieron.
Policía distorsiona declaraciones
El 8 de septiembre de 2021, los medios oficialistas informaron sobre la detención de los hermanos Argüello Celso Lino e Ignacio Celso Lino, y de Bruno Arcángel. Posteriormente capturaron a Robins Zacarías. Según la información de la Policía, el motivo de la masacre fue “por rencillas de los delincuentes, quienes pretendían apropiarse por la fuerza del punto de güirisería, donde laboraban las personas asesinadas”.
La Policía —principal brazo represor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo— afirmó en ese momento que los hermanos Celso Lino eran los autores materiales e intelectuales de los crímenes, y además hermanos de una de las víctimas de abuso sexual.
Sin embargo, información recopilada por Calpi apunta que la Policía “falseó las declaraciones de los sobrevivientes de la masacre”. Una de las sobrevivientes, quien fue ultrajada y es hermana de Argüello e Ignacio Celso Lino, responsabilizó de los hechos a los mestizos y no a los indígenas, tal y como lo confirmara el resto de testigos. La Policía señala que los implicados fueron 14 indígenas, de los cuales cuatro están detenidos.
“Nosotros tenemos el testimonio de ella (de la víctima de abuso sexual), cuando cuenta cómo llegaron los hombres y mataron a su marido, a su padre y como se llevaron a su hija para violarla. Ella testificó, pero nunca dijo que (los culpables) fueron sus hermanos“, plantea Calpi.
Caso está en la CIDH
Este caso está expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitaron medidas cautelares para las personas implicadas en este hecho, y también para defender el territorio indígena.
“Esta gente está presa por defender su territorio, los acusaron injustamente para quitarlos del camino y seguir apoderándose, entre las mineras y colonos, de los territorios indígenas, y para infligir temor a los demás, a que no defienden su tierra. Es como decir: ‘Mirá, yo agarro a tu líder y hago con tu líder esto (apresar)’, ese es el mensaje que está enviando el Estado a través de estos hombres (condenados)”, expone Calpi.
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Desde finales de 2015 las comunidades indígenas miskitas y mayangnas, en la Reserva de la Biosfera de Bosawas y en el resto de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, sufren ataques constantes. Los ataques los realizan sistemáticamente bandas criminales conformadas por hombres no indígenas —mestizos, ispel o ispayul, colonos o terceros—, con equipamiento, vestimenta y entrenamiento militar, portando armas de guerra o de alto calibre, sin que el Estado, hasta la fecha, proteja a estas comunidades.
Desde entonces, constantemente los comunitarios temen ser atacados, y en los últimos años la migración de indígenas ha incrementado debido a que ya no pueden sembrar en sus tierras o traer agua desde lejos, por temor a que las mujeres sean violadas y los hombres asesinados, dice Calpi.