El Gobierno Territorial Indígena (GTI) demandó justicia a una comisión de autoridades regionales que llegó el jueves 26 de enero a la comunidad de Musawas, en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua, luego que denunciaron que una veintena de colonos armados invadieron parte de sus tierras.
Información compartida por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) detalla que las autoridades competentes llegaron al lugar después que les notificaron que los comunitarios detuvieron a 24 colonos que, portando armas de fuego, invadieron, saquearon y destruyeron las parcelas de las familias indígenas, con el objetivo de asentarse en el lugar de manera ilegal.
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“Las autoridades del Gobierno Territorial Indígena denunciaron que el 19 de enero dos colonos armados resultaron heridos cuando se les encontró in fraganti saqueando y destruyendo las parcelas indígenas. Posteriormente se supo de la entrada de diez colonos fuertemente armados en el área de la comunidad de Suniwás; y el lunes 23 de enero a mediodía, se escuchaban las detonaciones de las armas de fuego en los alrededores de la comunidad de Musawás”, detalló Calpi.
Un comunicado de la Policía, emitido este viernes 27 de enero, dice que recibió denuncias de los pobladores de la comunidad indígena Alal, informando la presencia de colonos armados. Sin embargo, la institución solo mencionó que portaban objetos cortopunzantes y contundentes, como machetes, palos y piedras; y omitió que también usaban armas de fuego.
El documento también señala que se “capturó a 24 personas” (22 varones y 2 mujeres), pero no menciona que estas personas fueron entregadas por los comunitarios indígenas. A los implicados los trasladaron al Centro Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, en Managua, y los juzgarán por los delitos de crimen organizado, usurpación al dominio privado y delitos ambientales.
“Debido a las invasiones de colonos armados, las familias indígenas ya no pueden acceder a sus parcelas de siembra, al bosque, ni a los ríos para obtener agua y así ven comprometida su seguridad alimentaria, el acceso a sus bienes naturales y espirituales, como también su libertad de movilización. Por lo que estos pidieron a la Comisión Interinstitucional del Gobierno de Nicaragua que se hiciera presente en la Comunidad de Musawas para entregar a los 24 colonos detenidos en flagrancia durante el ataque a la comunidad”, dice el informe de Calpi.
Demandan justicia
La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia-(AJIM) mostró a través de su cuenta en Twitter imágenes de un grupo de indígenas que, con pancartas, exigieron que se aplique el peso de la ley a las personas que invaden sus tierras.
“Las madres indígenas piden clemencia al Estado nicaragüense por la crisis en los territorios por colonos, invasores internos. Pedimos justicia, justicia, justicia, ya no más impunidad”, se lee en uno de los carteles.
Según Calpi, la comisión que llegó a Musawas estaba integrada por la Policía, representantes del Gobierno regional, del Consejo Regional, la Alcaldía de Bonanza y el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de la zona.
“Solicitamos a las autoridades competentes y militantes civiles, que a los mayangnas involucrados (en los hechos de violencia) se le apliquen las leyes de Nicaragua“, por usurpación de tierras comunales, etnocidio y desplazamiento forzado, es otra de las demandas de los indígenas.
Ambiente de violencia y tensión
La organización Prilaka Community Foundation denunció también a través de su página en Facebook que este año inició “con la misma tendencia violenta de las invasiones en los territorios indígenas”.
En el territorio Wangki Twi Tasba Raya, en las comunidades Polo Lakia Sirpi, Francia Sirpi, Santa Clara y Wisconsin se realizan acciones que buscan el desplazamiento forzoso de las familias. Además que “hay unos pocos actores comunitarios con vínculos políticos que buscan imponer el arrendamiento y ventas ilegales de tierra”.
“En el territorio de Twi Yahbra, las tensiones y la inseguridad en las áreas de cultivo continúan. La violencia ha escalado incluso entre los colonos que están invadiendo el territorio (…) En el territorio de Mayangna Sauni As hay una grave situación de tensión por los conflictos de propiedad. Los comunitarios no pueden salir a sus parcelas a cosechar la producción de frijoles del ciclo de apante 2022–2023. Y hay amenazas de ataques a las comunidades”, detalla el comunicado de Prilaka.
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La fundación también recordó que a diario hay acciones de invasión en las tierras de los indígenas, pero estas ocurren “de manera silenciosa y clandestina”. Prilaka exigió una vez más al Estado de Nicaragua que asuma sus responsabilidades políticas y jurídicas en la tutela de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central manifestó que está informado de “un recrudecimiento de los conflictos” por la tierra y el territorio en la Costa Caribe Norte. Así como de la tensión que existe en las comunidades indígenas por la presencia de colonos.
“Llamamos al Estado a proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas”, declaró el organismo a través de la red social Twitter.
#Nicaragua – @OACNUDH está recibiendo información de un recrudecimiento de los conflictos por la tierra y el territorio en la Costa Caribe Norte y de tensiones en comunidades indígenas por la presencia de colonos. Llamamos al Estado a proteger los #DDHH de los pueblos indígenas. pic.twitter.com/UhytqqxMAy
— OACNUDH (@OACNUDH) January 25, 2023