Después de 11 días de la masacre ocurrida en la comunidad Kiwakumbaih, del territorio mayangna Sauni As, en el Caribe Norte del país, en la cual se contabilizan al menos 13 muertes indígenas, las autoridades del país no se han pronunciado oficialmente. Pero además, los mayangnas, a través de la Fundación del Río, denuncian que recientemente la Policía orteguista ha ejecutado al menos dos allanamientos en sus comunidades, incluso bajo el resguardo de soldados del Ejército de Nicaragua.
LA PRENSA por segunda ocasión envió consultas al área de relaciones públicas de la institución castrense para conocer su versión y responda por los señalamientos que hacen los indígenas en su contra, sin embargo, las comunicaciones no han sido contestadas ni por vía celular ni por correo electrónico. La Policía tampoco ha emitido ningún informe donde aclare que efectivamente han iniciado un proceso de investigación sobre este caso.
«La Policía entró al territorio mayangna, primero entró para determinar los datos de los muertos, que imagino que ellos tienen esa información y después entraron para — entre comillas— continuar las investigaciones, pero lo que ha sucedido es que más bien hay allanamientos y según las denuncias el Ejército entró en el primer allanamiento acompañando a la Policía y darle mayor seguridad. Ellos andan en busca de armas y de guardabosques comunitarios», manifestó Ruiz a LA PRENSA.
Para el ambientalista, con estos allanamientos el régimen de Daniel Ortega buscaría desvirtuar el móvil de los hechos y atribuirlo a un conflicto interétnico entre mayangnas y miskitus —quienes históricamente tienen algunas diferencias—, con el objetivo de «ocultar» la invasión de los colonos y asegurar los intereses económicos que ciernen sobre esos territorios mineros y de explotación de recursos naturales.
«Algunas familias de los que murieron eran esposas mayangnas y el esposo miskitu, así que no tiene una lógica de conflicto interétnico porque muchos de ellos tienen relación y han conformado familias, pero además, ese nivel de saña y utilización de armas no es una característica de mayangnas y miskitus, sino que es un patrón que ha sucedido con ya cuatro ataques a la comunidad desde el 2019, entonces será muy difícil responsabilizar a un conflicto interétnico, pero sabemos que la Policía se inventa cada cosa», dijo Ruiz.
Asesinatos con saña
De acuerdo con la denuncia hecha por las organizaciones civiles, el ataque se dio el pasado 23 de agosto, cuando un grupo de colonos, armados con fusiles, entraron a las comunidades asesinando al menos a 13 indígenas de la Reserva Bosawas. Las víctimas no solo fueron baleadas, sino mutilados sus cuerpos, según relataron los familiares a la Fundación del Río.
«Cuando obtuvimos las imágenes de los cuerpos, nos encontramos que hubo un proceso de tortura y saña, es decir, no solo fueron simples asesinatos, sino implicó manipulación de los cuerpos, aperturas de los cráneos, de sus vísceras, con un nivel de saña que se describe como un crimen de lesa humanidad, un crimen de odio», manifestó Ruiz.
A su criterio, el mensaje que mandan los civiles armados al ejecutar esta mutilación de los cuerpos es «decir a las comunidades mayangnas e indígenas que ellos están dispuestos a hacer todo lo que se tenga que hacer para que ellos (los indígenas) se vayan de sus territorios, aquí hay un nivel donde incluye torturas, violación de las mujeres y saña a los cuerpos, estamos hablando de gente que no está bien de la cabeza, que tiene un gran nivel de odio», agregó.
Comunitarios ya habían denunciado ante la Policía
El presidente de la Fundación del Río, a través de Twitter compartió una carta que el gobierno territorial mayangna Sauni As dirigió a la Policía de Bonanza el 11 de agosto, donde planteaba la situación de emergencia que estaban atravesando los indígenas con las amenazas de despojo por parte de colonos, sin embargo, las autoridades no atendieron la denuncia.
«A través de este medio solicitamos sus buenos oficios, para que coadyuven con el acompañamiento policial a la ciudadana Bercinia Celso Lino y a su esposo Armando Medina, de oficio güirisero artesanal comunitario, quienes son supuestas víctimas de amenaza de despojo de su propiedad (…) los ciudadanos presentaron una situación de emergencia en el sector propiamente en Kiwakumbaih (Cerro del Diablo) del territorio mayangna Sauni As, las autoridades del gobierno territorial vieron la necesidad de gestionar el acompañamiento del orden público, para que se pueda resolver con medidas alternas de solución de conflictos para reine la paz y armonía entre comunitarios», describe la carta.
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El ambientalista declaró por su parte que no descarta elevar la denuncia a nivel internacional, pero primero se está enfocando en documentar el caso, «tratar de tener todas las evidencias necesarias para establecer una descripción de la masacre. Se deben de agotar las vías nacionales para determinar si habrán procesos a nivel internacional», explicó Ruiz.
Entre los organismos que ya están al tanto de la situación figuran las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y otras organizaciones de derechos humanos, «quienes están al corriente con base a la información preliminar que hemos compartido, pero no es un reporte final», agregó el ambientalista.