Tras la masacre de al menos 13 indígenas en la comunidad Kiwakumbaih, del territorio mayangna Sauni As, en el Caribe Norte del país, dos mujeres habrían sido abusadas sexualmente por colonos y una fue desmembrada frente a su pareja. Entre las víctimas fallecidas también figura un menor de seis años, según información actualizada y compartida por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) y por el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.
“Se confirma el asesinato de un menor de edad (6 años) en el cerro Kiwakumbaih, y se está en proceso de identificación de 8 cadáveres de indígenas Miskitus. Al momento llevamos 2 mujeres indígenas violadas y asesinadas, un menor de edad, dos Mayangnas, 8 Miskitus, para un total de 13 indígenas”, dijo Ruiz en su cuenta de Twitter.
LA PRENSA envió consultas al área de relaciones públicas del Ejército de Nicaragua para conocer su versión sobre este nuevo ataque y las acciones que está tomando como institución, pero hasta el cierre de esta nota este Diario no ha recibido respuesta al respecto.
Hasta la fecha, la Policía tampoco ha emitido algún pronunciamiento oficial sobre esta masacre ocurrida hace casi una semana.
Por su parte, Calpi a través de un comunicado manifestó que durante la masacre fueron abusadas sexualmente —frente a las otras víctimas y dejados desnudos los cadáveres— dos mujeres indígenas; además una de iniciales K.G., de 31 años, a quien desmembraron y otra mujer, de iniciales B.C., de 42 años de edad, “cuyo esposo fue asesinado frente a ella”, detalló.
El ataque sucedió el pasado 23 de agosto, entre las 7:00 y 9:00 de la noche en el Kiwakumbaih (Roca del diablo, en mayangna), un cerro histórico considerado sitio sagrado y como lugar de caza y pesca de los indígenas, según dijo Ruiz el martes reciente.
La organización civil aseguró que, con base a las denuncias recibidas, los atacantes forman parte de una banda denominada Kukalón, conformada por entre 40 y 100 colonos “armados con armas de guerra, liderada por Isabel Meneses —alias Chavelo—, banda delincuencial también señalada de haber perpetrado la masacre de la Comunidad de Alal en enero de 2020 y que desde hace varios años opera libremente en la Reserva de Bosawás”, denunció Calpi.
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A criterio de Calpi, estos actos de “tortura, tratos inhumanos y degradantes”, perpetrados en contra de las víctimas, principalmente en contra de las mujeres en esa comunidad indígena, solo evidencia el interés de los colonos de aterrorizar y así usurpar sus tierras ancestrales tituladas por el Estado a favor de los indígenas.
“Estos niveles de violencia y de racismo son asegurados por medio de la impunidad generada por la discriminación estructural estatal de parte de las autoridades; al incumplir con su deber legal de investigar los hechos, juzgar a los que resulten culpables, resarcir a las víctimas y garantizar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad. Ya que en casi una década de la perpetración de estos ataques no hay ni un solo detenido ni enjuiciado por estos actos”, señaló el organismo.
Dos masacres en menos de dos años
El Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) también se pronunció tras la masacre contra los indígenas y condenó estos “actos violentos y sangrientos” perpetrados de manera desproporcionada en contra de las comunidades de la Costa Caribe “por parte de colonos armados”.
“En menos de dos años el pueblo indígena mayangna ha sufrido dos masacres de esta naturaleza, lo que significa que la situación de violencia en los territorios de los pueblos indígenas persiste sin que el Estado de Nicaragua tome acciones concretas para erradicar y reducir la violencia generada por los colonos que han usurpado de manera ilegal las tierras indígenas, quedando en impunidad todos estos atroces hechos en contra del pueblo indígena mayangna y miskitus”, manifestó.
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Cejudhcan concluyó instando al Estado de Nicaragua a investigar la totalidad de los hechos ocurridos y proceda a identificar, investigar, sancionar y juzgar a todos los responsables y posteriormente informar a la población indígena.
Por su parte, Calpi hizo un llamado a la Policía y a los miembros del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua –estacionado en la Reserva de Biosfera Bosawas– a “pronunciarse sobre las investigaciones realizadas in situ en el cerro Kiwakumbaih; así como al Ministerio Público actuar en representación de las víctimas y de la sociedad nicaragüense”.