Cinco integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, y habitantes de la comunidad La Pimienta, en San Juan de Nicaragua, municipio de Río San Juan, fueron asesinados durante un conflicto vinculado al tráfico de tierra e invasión de colonos a la Reserva Biológica Indio Maíz.
El hecho se dio el pasado jueves 3 de octubre y los nombres corresponden a Pablo Calderón Espinoza, de 80 años; Lucrecia Pérez Dormu, 40 años; Yadira Pérez Martínez, de 22 años; Isaías Calderón Pérez, de 16 años; y el bebé Pablo Alonzo Calderón, de 1 año, confirmó el ambientalista Amaru Ruiz.
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“La conflictividad e inseguridad en el sureste de Nicaragua ha aumentado por el tráfico de tierra, la minería, la invasión de colonos, la falta de institucionalidad en el país y el desinterés del régimen de Ortega Murillo de atender la situación ambiental y social”, compartió Ruiz desde su perfil de Facebook.
Denuncia señala a presunto autor
Circula una denuncia en redes sociales, supuestamente elaborada por habitantes del territorio, donde señalan a alguien de nombre Camilo Dormo, un exmovilizado de la Resistencia, como el presunto autor del crimen. El documento además refiere que Dormo es conocido como “Búfalo” y que ha estado vinculado a delitos ambientales en la Reserva Indio Maíz. También manifiesta que desde el 28 de septiembre se han realizado ocho asesinatos por razones de tráfico de tierras.
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“Del 5 de agosto de 2019, guardabosques territoriales Rama y Kriol recorrieron aproximadamente 28 km del río Indio, entre Maquengue y la zona de Caño la Guinea, registrando 39 puntos afectados por actividades ilegales. En la zona se identificaron carriles nuevos, árboles marcados con iniciales y áreas que están siendo despaladas y vendidas por traficantes de tierra. La evidencia recopilada fue presentada a las autoridades del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional en San Juan de Nicaragua, quienes argumentan que no pueden investigar los hechos por razones de seguridad”, reza la denuncia.
Los territorios indígenas han denunciado la invasión de colonos o personas que emigran para áreas protegidas, amenazando la biodiversidad del lugar por el avance de la frontera agrícola y la deforestación. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega ignora los llamados de alerta de la comunidad indígena.