CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.Milton Antonio Reyes Martínez conducía su carro color blanco. Venía de un culto religioso con su esposa, su cuñada y cinco menores de edad, en el sector conocido como las Cuatro Esquinas, en la comarca Las Jagüitas.
Al mismo tiempo y en el mismo lugar, el capitán Zacarías Salgado —quien estaba a cargo de un operativo militar con una fuerza élite— mandó a sus hombres a preparar una emboscada para neutralizar a un vehículo narco que era del mismo color, modelo y características que el de la familia Reyes Ramírez.
En la parte de adelante del vehículo viajaba el matrimonio Reyes Ramírez con su hijo de tres años, y en la parte trasera, la hermana de Ramírez con su hija y sus tres hijos menores de edad. Cuando pasaron por la emboscada policial los agentes hicieron la señal de alto y Reyes Martínez, creyendo que eran asaltantes, por temor, aceleró la marcha mientras los policías reaccionaron abriendo fuego contra los indefensos ocupantes.
Fueron 48 disparos los que impactaron el vehículo. Esta lluvia de balas provocó la muerte de tres personas: Katherine Ramírez Delgadillo, de 22 años; Aura Marina Reyes Ramírez, de 12 años; y José Efraín Reyes Ramírez, de 11 años.
Al momento de la tragedia, cuando el vehículo quedó rafagueado, los testigos se acercaron para atender los gritos de ayuda de Yelka Ramírez y su esposo Milton Reyes, pero la reacción de los uniformados fue violenta al decirles con palabras soeces que “ni verga tienen que hacer en el lugar”.
Los policías obligaron a los vecinos a alejarse, negando de esta manera que los pobladores asistieran a los heridos dentro del carro.
Yelka Ramírez rogaba auxilio a gritos partidos al ver que su familia estaba bañada en sangre. Los agentes intentaron plantar falsa evidencia con una pesa y unos paquetes que se presumen eran cocaína y, ante semejante atrocidad, los vecinos reclamaron y usaron sus celulares para evidenciar el crimen. Esto enojó a los policías que les decomisaron los dispositivos y amenazaron con llevarlos presos si seguían en la escena del crimen.
Durante el proceso judicial a los agentes policiales, Yelka Ramírez, madre y hermana de las víctimas, exigió justicia y que se les condenara como a cualquier delincuente. “Así como me agarraron a balazos a mí y a mis hijos, fueron 48 balazos en el carro, no tuvieron piedad de quien venía”, declaró.
Tras las investigaciones, nueve uniformados fueron encontrados culpables de la atroz masacre. El capitán Zacarías Salgado, jefe de esa escuadra, admitió su culpa al igual que todos sus subordinados, pero este acto durante la audiencia enfureció más a Yelka Ramírez, la adolorida madre quien refutó a los homicidas: “¿Usted cree que pidiendo perdón y diciéndome que lo siente mucho me van a regresar a mis hijos y a mi hermana? No. Yo quiero justicia y la pena máxima para ellos. Dejaron a un niño que se levanta a medianoche llorando, dejaron a una niña trastornada”.
Esos niños que mencionó Ramírez en el proceso eran sus dos menores hijos que junto a ella y su esposo lograron sobrevivir. Desde el momento del proceso judicial se vio el favoritismo y la impunidad legalizada hacia este crimen cuando la causa se radicó en la Sala Cuarta Local de Audiencia, es decir donde están los delitos y faltas menores, tipificando el atroz crimen como un homicidio imprudente.
Carlos Alemán, abogado de las víctimas, señaló al Ministerio Público y a la Policía de estar encubriendo a los culpables para reducir penas de cárcel a los homicidas. “No podemos luchar contra el sistema”, señaló frustrado el abogado durante el proceso.
El equipo fue condenado con penas de 5 a 11 años de prisión, 20 años de inhabilitación y otros 20 años de prohibición para portar armas de fuego, pero la sentencia final aplicada por la justicia orteguista fue favorable a los agentes quienes fueron acusados por ser los presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro por imprudencia y daños.
En la actualidad todos los condenados por el crimen de Las Jagüitas gozan de plena libertad. Sus confinamientos fueron efímeros. Como una burla a la justicia nicaragüense y a la familia doliente, la dictadura premió al capitán Zacarías Salgado con un ascenso a comisionado y fue nombrado segundo jefe de las Tropas de Intervención Rápida (Tapir). Asimismo, fueron ascendidos los demás subordinados que la noche del 11 de julio masacraron y asesinaron vilmente a la familia Reyes Ramírez.
Un acuerdo presidencial, que fue publicado en La Gaceta, diario oficial, en 2018 reza: Fueron condecorados con la Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón Torrez Espinoza”, por sus “acciones heroicas a riesgo de sus vidas” y por la “protección de las personas, familias y comunidades”.
