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CONTENIDO EXCLUSIVO.Son tres cruces de concreto. Una celeste y dos rosadas con los nombres grabados de quienes ahí fueron masacrados hace nueve años en el sector de las Cuatro Esquinas, en la comarca Las Jagüitas, de Managua.
José Efraín Reyes Ramírez, de 11 años; Aura Marina Reyes Ramírez, de 12; y Katherine Anielka Ramírez Delgadillo, de 22. Las cruces que simbolizan el lugar donde fueron asesinados son cuidados por algunos pobladores de la zona y la familia llega cada año a limpiarlas.
No muy lejos de ahí, en el barrio Augusto C. Sandino, las familias Ramírez Delgadillo y Reyes Ramírez todavía recuerdan con dolor aquella trágica noche del 11 de julio de 2015 que ni el tiempo ni los “beneficios” pueden aliviar.
“Siempre sienten su dolorcito por lo que les pasó”, señala una fuente allegada a la familia y que solicita no revelar su nombre por temor a represalias. Los sobrevivientes tampoco pueden hablar ya que es parte del acuerdo al que llegaron en 2016 con el Gobierno.
Otra fuente familiar asegura que las autoridades “se comprometieron con ellos a darles una mensualidad por diez años por la muerte de Efraín y Aurita, pero también por las secuelas que dejó a los sobrevivientes ese horrendo crimen”.
Los padres de Katherine Ramírez también reciben una indemnización, indica la fuente. “La Alcaldía les remodeló su casa y prometieron entregarles por diez años una mensualidad por su muerte y por las secuelas que le dejó a su hija que sobrevivió al ataque”.
Lo que el acuerdo no incluía era la impunidad para los asesinos de los dos niños y la joven. “Lo que prometió Aminta Granera, y en general el Gobierno, fue justicia para las víctimas y castigo para los asesinos. Y en teoría se hizo un juicio, fueron declarados culpables y sentenciados. Sin embargo, el Gobierno incumplió su promesa y como familiares vimos como el capitán Zacarías Salgado fue ascendido dentro de las filas de la Policía en vez de estar cumpliendo una condena”, comenta la fuente.
Nueve años después de la masacre de Las Jagüitas, las familias ni siquiera pueden reclamar justicia o la falta de cumplimiento del acuerdo pues saben que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en lugar de escucharlos es capaz de convertirlos en presos políticos.
Lo único que les queda es ir al cementerio Jardines del Recuerdo para recordar a Efraín, Aura y Katherine. “En los primeros años la familia realizaba cultos para recordarlos y pedirle consuelo a Dios. Recordá que ellos son evangélicos, y justamente el día que la Policía les disparó venían de un culto cristiano”, relata la fuente.
Todos los condenados por el crimen de Las Jagüitas gozan de plena libertad. Sus confinamientos fueron efímeros y el caso puede ser recordado como una burla a la justicia y a la familia doliente.
La dictadura incluso premió al capitán que dirigió la masacre, Zacarías Salgado, y recibió un ascenso a comisionado. También fue nombrado segundo jefe de las Tropas de Intervención Rápida (Tapir) en 2018. Asimismo, fueron ascendidos y premiados otros de sus subordinados que la noche del 11 de julio de 2015 masacraron a la familia Reyes Ramírez.
Los hechos
Milton Antonio Reyes Martínez conducía su Toyota Corolla color blanco con rumbo a su casa. Lo acompañaba en el asiento del copiloto, su esposa embarazada Yelka Nohemí Ramírez, que llevaba en sus piernas a su hijo de 3 años. Atrás iba su cuñada Katherine Ramírez Delgadillo, y cuatro niños más, incluidos Efraín y Aurita.
Acababan de salir de un culto religioso en Villa Libertad y se dirigían hacia su casa en el barrio Augusto C. Sandino, para lo cual Reyes Martínez tomó una ruta por el sector conocido como las Cuatro Esquinas, en la comarca Las Jagüitas.
En ese mismo lugar, el entonces capitán de la Policía, Zacarías Salgado, daba las últimas instrucciones a sus hombres para emboscar y neutralizar un vehículo del mismo modelo y color que el de Milton Reyes, el cual transportaba drogas.
Los policías estaban divididos en tres grupos, en un tramo de 800 metros, situados al lado del camino y a la espera de la orden de Salgado para emboscar al vehículo. Eran las 8:00 de la noche.
Cuando la familia Reyes llegó a las Cuatro Esquinas, el capitán Salgado les hizo señal de alto, pero Milton Reyes pensó que se trataba de un asalto y aceleró. En respuesta, los agentes a cargo de Salgado dispararon en contra del vehículo que avanzó varios metros tratando de huir y solamente se detuvo al chocar con una camioneta gris en una esquina.
La lluvia de balas provocó la muerte de la joven Katherine y de los hermanitos Aura y Efraín.
Varios vecinos de la zona se acercaron para tratar de ayudar a la familia después de escuchar la ráfaga de disparos y los gritos de Yelka Ramírez suplicando por auxilio, pero los mismos policías lo impidieron.
—Ni verga tienen que hacer aquí. Retírense —vociferó uno de ellos.
Los vecinos después relataron a medios de comunicación que los policías incluso trataron de plantar falsa evidencia contra la familia poniendo en la cajuela del vehículo una pesa y unos paquetes que se presume era cocaína, pero desistieron porque varios vecinos los vieron y reclamaron.
Luego llegaron los medios de comunicación. “Yo vengo de la iglesia con mi familia. Me hicieron una emboscada y me cargaron a balazos, los de los Dantos. Lo que hago es huir, y me siguen cargando a balazos”, contó Milton Reyes a los periodistas con el rostro y su camiseta ensangrentados.
Los policías ni siquiera los socorrieron. “Estando aquí todos los antimotines y los policías, les pedía auxilio y ni uno me auxilió. Hasta la hora que ellos quisieron, ya estaba sacando los cuerpos. Hasta el momento que ellos quisieron fue que se llevaron a las personas al hospital”, relató Milton.
Por su parte, Yelka Ramírez contó que los policías agredieron el cadáver de uno de sus hijos. “Yo les dije que me ayudaran, que me socorrieran, pero ellos no lo hicieron. Pasé media hora esperando que llegara alguien para poder ir al hospital. Cuando ya los monté, que íbamos en la patrulla, el hombre le pegó una patada a mi niño en la cabeza. Lo tiraron como perro. Le dije yo: ¡Maldito, me lo mataste y todavía me lo vas a golpeando!”, contó Ramírez al semanario Confidencial el 17 de julio de 2015.
El expediente judicial del caso indica que la Dirección Antinarcóticos de la Policía recibió información que por el sector de las Cuatro Esquinas pasaría “un importante” cargamento de drogas en un vehículo liviano, color blanco, y con una motocicleta que les haría la avanzada.
La Policía armó el operativo para capturar a los narcotraficantes, y para ello quedó a cargo el capitán Salgado y su equipo.
El mismo expediente señala que hubo “imprudencia” por parte de Salgado, quien no siguió los protocolos para el cierre de calles, como la instalación de señales lumínicas, conos naranjas, bastones, chalecos o guantes fluorescentes, que identificaba al equipo como policías. En cambio, todos los agentes llevaban ropa oscura, pasamontañas y sin identificación.
Salgado “en una acción disfuncional, negligente y sin control de la situación” salió del escondite para dar la señal de alto, pero como este no llevaba nada que lo identificara como policía, “los ocupantes del vehículo creen que se trata de un robo, continúan y aceleran su marcha. Los agentes creen que el capitán ha sido arrollado y reaccionan con disparos al vehículo, lo que sucede a lo largo del tramo”, señala el documento judicial.
La promesa de Granera
A la escena de la masacre llegó la entonces jefa de la Policía, la primera comisionada Aminta Granera, y ante las cámaras de los medios de comunicación prometió que habría justicia.
“Esto es una tragedia que ha afectado a una familia nicaragüense, y que ha afectado de la misma forma a la Policía. Yo estoy conmocionada, cuando a mí me avisan, yo realmente estaba en estado de shock. Vengo personalmente para ver, y asegurarle al padre de estos niños, que los compañeros policías responsables hoy mismo estarán en prisión, sino es que ya lo están. Van a enfrentar un proceso judicial”, afirmó.
“El expediente va a ser pasado a la Fiscalía, así que Asuntos Internos queda fuera de esto. Esto es un asunto penal y van a someterse a juicio”, agregó Granera.
Uno de los familiares que habla con la revista DOMINGO cuenta que esa noche llegó a la escena del crimen para ayudar a Milton y a Yeska. “Ya se habían llevado a los niños al hospital y Milton andaba enseñándole a la Aminta Granera cómo había sido”.
Milton ha sido mecánico de vehículos desde que era un adolescente y a este familiar le pidió que sacara su caja de herramientas de la cajuela del carro, pero no podía encontrarla porque “estaba todo eso lleno de sangre”.
Este familiar recuerda también que esa misma noche en la morgue del Hospital Lenín Fonseca, mientras Milton y Yelka estaban esperando el cadáver de Aurita, Aminta Granera seguía con ella y les seguía prometiendo justicia.
A la casa de la familia llegó primero el cadáver de Katherine Ramírez y luego de los dos niños. Esa misma noche los velaron y el 13 de julio los enterraron en el cementerio Jardines del Recuerdo.
Culpables
Yelka Ramírez no se guardó ningún reclamo ante los policías que mataron a sus hijos y su hermana. “Así como me agarraron a balazos a mí y a mis hijos, fueron 48 balazos en el carro, no tuvieron piedad de quien venía”, declaró.
Los nueve policías se declararon culpables por la masacre en la audiencia inicial celebrada el 23 de julio de 2015. El capitán Zacarías Salgado admitió su culpa y pidió perdón a Yelka Ramírez. “Queremos pedirle perdón a la familia, a la sociedad nicaragüense. No queríamos que esto pasara. Fue un accidente. Soy responsable. Admito los hechos”.
Ella, molesta, respondió: “¿Usted cree que pidiendo perdón y diciéndome que lo siente mucho me van a regresar a mis hijos y a mi hermana? No. Yo quiero justicia y la pena máxima para ellos. Dejaron a un niño que se levanta a medianoche llorando, dejaron a una niña trastornada”.
Desde un primer momento quedó claro que los policías estaban siendo protegidos cuando la causa se radicó en la Sala Cuarta Local de Audiencia, donde se tramitan delitos y faltas menores. Esta sala estaba a cargo de la jueza Alia Dominga Ampié, vinculada al Frente Sandinista.
El mismo abogado de las víctimas, Carlos Alemán, señaló entonces a medios de comunicación que el Ministerio Público y la Policía estaban encubriendo a los agentes. “No podemos luchar contra el sistema”, dijo con frustración.
El crimen fue tipificado como un homicidio imprudente, mientras organizaciones de derechos humanos alegaban que se trataba de un asesinato y que se debía aplicar la pena máxima a los responsables.
Los policías finalmente fueron condenados a penas de entre 5 y 11 años de cárcel, más 20 años de inhabilitación dentro de la Policía y otros 20 años de prohibición para portar armas de fuego.
“Esto no es justicia. Me siento decepcionada, van a arder en la olla más grande del infierno. Yo pido justicia. Desgraciados, no tienen perdón. Aquí no hay justicia”, reaccionó entonces Yelka Ramírez.
Meses después, a inicios de 2016, la dictadura buscó a la familia para alcanzar un acuerdo. Según la fuente familiar, el acuerdo incluía que las víctimas se desligaran de las organizaciones de derechos humanos, que desistieran de demandar la pena máxima y que no dieran más declaraciones a medios de comunicación. La familia aceptó.
A Milton Reyes le repusieron su vehículo, le dieron un terreno y a los familiares de Katherine Ramírez, una casa, además de una indemnización a ambas familias, pero en ningún momento se habló de que los responsables por las muertes de sus hijos serían liberados.
En la actualidad, Milton Reyes sigue siendo mecánico, oficio que ejerce desde adolescente. Mientras que Yelka es ama de casa. “Pese a que la familia cumplió la promesa (con el Gobierno), se quedó sin opciones (para demandar justicia) porque el Frente Sandinista controla todo”, señala una de las fuentes.
Policías premiados
La sentencia indica que los nueve policías implicados en el crimen quedaban inhabilitados por 20 años para ser parte de la institución, pero el único que dejó de ser policía fue José Alejandro Fonseca Salmerón.
Las razones por las que dejó la institución son desconocidas. Él fue condenado a nueve años de prisión y debió haber sido liberado hasta este 2024. En sus redes sociales aparece ligado a actividades deportivas, e incluso fue primer vocal de la Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada.
Los otros ocho agentes que fueron condenados siguen activos en la institución. En el caso de Zacarías Salgado, fue promovido por Daniel Ortega a comisionado en 2018 y condecorado con la medalla al valor Sub Comisionado Juan Ramón Torres Espinoza “por su destacada labor en el restablecimiento del orden y seguridad en el país”. Él había sido condenado a 11 años de cárcel y debía salir de prisión hasta 2026.
En 2018 también fue ascendido a capitán el oficial Óscar José Vargas Rugama, quien para la fecha de la masacre era teniente y fue condenado a seis años por homicidio y lesiones imprudentes.
Javier Saldaña era suboficial mayor en ese entonces y hoy es teniente. Fue condenado a nueve años de prisión por homicidio imprudente, lesiones gravísimas y daños. En 2021 fue condecorado por Daniel Ortega con la medalla al valor Sub Comisionado Juan Ramón Torres Espinoza, la misma que le dieron a Zacarías Salgado en 2018.
Para el suboficial Miguel Ángel Ramos Cortés fueron cuatro años de prisión por exposición de personas al peligro y daños imprudentes, mientras que los suboficiales Augusto César Medrano, Osman Ricardo García Hüeck, Ernesto Alexander Urbina López y Harrison Osmar Ramírez Medina fueron condenados a dos años de prisión por exposición de personas al peligro.
En la actualidad, García, Ramírez y Medrano son tenientes. Este último también es instructor de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP). Urbina, por su parte, es subinspector y también fue condecorado en 2018 con la medalla al valor Sub Comisionado Juan Ramón Torres Espinoza.
El operativo estaba compuesto por 14 agentes, pero solo se procesó a nueve de ellos. El resto de los agentes que estuvieron el día de la masacre son: Jairo Antonio Aguilar Hernández, Johnny Henry Palacios Jiménez, Henry Antonio Cruz, Noel Antonio Altamirano y Wilbert José Chávez.
