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Desde el estallido de las protestas sociales de abril de 2018, Daniel Ortega y Rosario Murillo han negado sistemáticamente haber cometido crímenes de lesa humanidad. La narrativa oficialista ha sido simple: “Quisieron darnos un golpe de Estado y el pueblo (sandinista) se defendió”.
Y así, los muertos apenas reconocidos en 199 los han reclamado como «sandinistas asesinados por terroristas de derecha». Los crímenes documentados abundantemente por los medios son “noticias falsas” y los informes de organismos de derechos humanos detallando los abusos son “actos de injerencia” para denigrar y desestabilizar al pueblo.
Sin embargo, entre actos oficiales, entrevistas internacionales y discursos televisados, el propio dictador, su esposa y sus funcionarios más cercanos han ido dejando huellas claras de su implicación directa en las operaciones de represión, destierro, espionaje y confiscación.
Durante años los Ortega Murillo han intentado presentar la represión como acciones justas y heroicas. Sin embargo, sus propias declaraciones constituyen un archivo de autoincriminaciones que terminan dejando rastros que contradicen sus primeras negaciones, a criterio de expertos en derechos humanos.
“Estas confesiones deben ser sistematizadas por las organizaciones internacionales que investigan los crímenes cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”, dijo Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
“Estas declaraciones confirman lo que ya está documentado. Ortega está confesando lo que ya se sabe, y eso tiene valor probatorio”, dijo.
El jurista y especialista en derecho humanitario, Uriel Pineda, coincide en que los discursos del régimen no son simples expresiones ideológicas, sino admisiones directas que permiten identificar una estructura jerárquica, una cadena de mando y una política de Estado detrás de los crímenes cometidos.
“El crimen de lesa humanidad requiere dos elementos: el primero es un contexto de ataque generalizado y sistemático contra la población civil; el segundo, la comisión de actos concretos como homicidio, tortura, desplazamiento forzado o persecución. En ese sentido, declaraciones donde se admite la existencia de grupos paramilitares, la ejecución de la ‘Operación Limpieza’ o la práctica del destierro, confirman ese contexto sistemático”, explicó Pineda.
El especialista destaca que este tipo de confesiones no son incidentales: verifican que existía una metodología planificada y aprobada desde el más alto nivel del Estado nicaragüense para ejecutar esos crímenes.
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Daniel Ortega: cinismo y torpeza
En entrevistas para medios internacionales como Euronews, Fox News y CNN en Español, Ortega comenzó negando reiteradamente la existencia de grupos paramilitares encapuchados y armados, la cifra oficial de víctimas y cualquier responsabilidad de su régimen en la violencia de 2018.
No obstante, en una entrevista con Euronews, el 30 de julio de 2018, Ortega ante la abrumadora cantidad de imágenes, apenas reconoció que existía una “policía voluntaria” que actuaba enmascarada “como pueblo que son”, lo que coincidía con los abundantes testimonios sobre paramilitares armados coordinados por la Policía, para masacrar las protestas.
Luego, en noviembre de 2024, Ortega enalteció la figura de los “policías voluntarios” como “héroes de la paz”, justificó su incorporación como cuerpo armado en la nueva Constitución, y se inventó el cargo de “copresidenta” para Rosario Murillo.
En febrero del año pasado, Ortega confesó otra de sus políticas represivas: que fue Rosario Murillo, su pareja, quien ideó el destierro de los 222 presos políticos a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023.
Según su relato en un acto público en homenaje al héroe partidario Augusto C. Sandino, delante de los jefes policiales y militares a sus órdenes, fue a Murillo a quien se le ocurrió proponerle a la Embajada de Estados Unidos en Managua “llevarse en avión a los traidores a la patria”.
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Otra confesión más. El 129 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino fue el escenario donde Ortega admitió la confiscación de bienes a opositores, justificándolo como una acción contra el lavado de dinero.
“Han sido incautadas una gran cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero, propiedades donde se estafaba, para quedarse con propiedades de gente de buena intención que quería vender propiedad”, dijo Ortega en mayo del 2024
“Estas propiedades el Estado las declaró propiedad del pueblo para beneficio de los pobres”, dijo, pese a que muchas de ellas contaban con escrituras legales y estaban a nombre de ciudadanos desnacionalizados.
Y la última confesión de Ortega fue con un toque de cinismo y frialdad. El 25 de mayo de 2025, después de semanas de ausencia injustificadas y ante rumores sobre su salud, apareció un tanto demacrado y más lento que de costumbre, pero siempre frío y balbuceante.
Esa noche admitió públicamente haber ordenado la brutal represión contra los manifestantes en 2018, que dejó al menos 355 muertos a manos de policías y paramilitares.
En su declaración explicó, como si fuera una hazaña heroica, cómo se organizó y ejecutó la represión contra los tranques mientras asistían al Diálogo Nacional con la Iglesia católica y las organizaciones civiles y empresariales, admitiendo que el operativo fue rápido y violento:
“Estábamos organizando el despeje de los tranques, y el despeje de los tranques no duró mayor cosa. Fue un relampagazo. O sea, no había ahí una resistencia que iba a estar por semanas. ¡No! Fue una cuestión de horas. Apenas vieron llegar a la Policía y a los combatientes históricos, no quedó nadie, salían corriendo”, dijo riendo.
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Las confesiones de Murillo
Murillo, a contracorriente de Ortega, ha preferido adornar el lenguaje represivo con eufemismos religiosos y retórica moralista. A finales de marzo de 2025, celebró su política de destierro y exilio forzado, exaltando que los opositores anduvieran “errantes por el mundo” porque “eso es lo que merecen”.
“Y ahí andan errantes, errantes por el mundo, porque es eso lo que merecen (…) No tienen patria, no tienen carácter, no tienen cariño, no conocen el amor y no volverán”, agregó Murillo, a quien Ortega achaca la idea del destierro.
Su discurso, cargado de desprecio y deshumanización, confirmó el carácter deliberado de las expulsiones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua.
El pasado 3 de junio, Murillo expresó y celebró de nuevo sus políticas de destierro. “El mal, gracias a Dios, lo hemos ido desterrando de nuestras vidas. Unos pocos, que se dieron a sí mismos el derecho de robar, de explotar, de oprimir y, sobre todo, de llenar de conflictos dolorosos, de alterar la concordia, y de creer que el mal puede prevalecer sobre el bien, pero no pudieron porque los desterramos, ni podrán porque ya no tienen patria”, dijo.
Laureano también ha confesado
Durante el discurso en representación de la dictadura en la XIII Reunión de Representates en Moscú, el pasado 28 de mayo, el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega, dijo: “Nos hemos dado a la tarea de fortalecer la seguridad y la defensa en nuestro país, neutralizando y eliminando a los autores y actores claves del odio, mercenarios y vendepatrias que actúan bajo la bota y el pago imperial con la pretensión de entregar a nuestro país al dominio estadounidense”.
También destacó el papel del Ministerio del Interior, el Ejército y la Policía, en coordinación con el partido Frente Sandinista y con ayuda tecnológica de China y Rusia, para vigilar y reprimir cualquier intento de disidencia.
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Paco Díaz y la “orden” de Ortega
El jefe de la Policía Nacional y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, terminó por confirmar la cadena de mando en la represión desde 2018 en una entrevista para RT en febrero de este 2025.
“Nosotros cumplimos la orden que nos dio nuestro presidente de la República, nuestro jefe supremo; nuestro gobierno, como se ha sabido, siempre estuvo por el diálogo, fuimos al diálogo, sin embargo, estos terroristas, golpistas no quisieron el diálogo nunca, y la orden de nuestro jefe supremo fue, se nos dio la orden para garantizar la paz, restituir la paz en el país, la seguridad, la tranquilidad”, dijo.
Antes, en octubre de 2024, ya había reconocido la orden directa de Ortega para acabar con los tranques y las protestas: “El comandante nos ordenó desalojar los tranques del terror y obedecimos y lo logramos”.
Y aparte de Díaz, también la fiscal general Ana Julia Guido admitió en 2022 que la Fiscalía “actúa de conformidad con las órdenes de la Presidencia y en coordinación con el poder judicial y la Policía para llevar ante la justicia a los autores de terrorismo”.
Igual el exmagistrado Rafael Solís, exiliado ahora en Costa Rica, admitió que había una orden de Ortega y Murillo a jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos para que detuvieran, acusaran, condenaran y encarcelaran a personas detenidas durante las protestas.
El crimen como política pública
Al admitir públicamente que se permitió la actuación de grupos parapoliciales, que se ordenó la represión masiva conocida como “Operación Limpieza” o que se impuso el exilio forzado como castigo político, el propio Ortega está reconociendo la existencia de un patrón y de una política represiva institucionalizada, explica Uriel Pineda.
“Estas declaraciones son fundamentales en los procesos de búsqueda de verdad y justicia. Aportan prueba del elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad y podrían ser utilizadas en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional o en mecanismos de justicia universal”, subraya el especialista.
Tanto el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, como Pineda insisten en que no se trata sólo de archivos para la memoria histórica, sino de insumos clave para procesos legales a nivel internacional.
La documentación de estos discursos, en los que el propio dictador o sus voceros reconocen el uso del aparato estatal y de fuerzas irregulares para reprimir y desplazar a civiles, podrían contribuir a sustentar futuras acusaciones formales.
“Estos registros tienen un impacto jurídico y político. Refuerzan el proceso de construcción de la verdad histórica en Nicaragua y evidencian que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de una política de Estado”, concluye Pineda.
