Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, Nicaragua enfrenta una cruda realidad: siete mujeres continúan privadas de libertad por razones políticas, y cinco de ellas se encuentran en desaparición forzada. Esto refleja la gravedad del encarcelamiento por motivos políticos de las mujeres, según el informe más reciente del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, correspondiente al período del 14 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025.
Las presas políticas, al igual que sus compañeros varones, enfrentan condiciones carcelarias inhumanas, con acceso limitado a agua potable, alimentación deficiente y falta de atención médica adecuada. Además, la denuncia de torturas psicológicas, aislamiento extremo y amenazas constantes ha sido una constante en los reportes sobre las condiciones de las prisioneras.
El informe también advierte que tres de estas mujeres están en desaparición forzada, debido a la negativa del Estado de informar a sus familias sobre su paradero y estado de salud. Este tipo de represión no solo busca castigar a quienes el régimen considera opositoras, sino también enviar un mensaje de intimidación a toda la sociedad nicaragüense.
Las siete presas políticas
El régimen mantiene bajo arresto a Angélica Chavarría Altamirano, Eveling Carolina Matus, Fabiola Tercero, Lesbia Gutiérrez, Carmen Sáenz, Nancy Henríquez y Eveling Guillén.
Angélica Patricia Chavarría Altamirano fue detenida en su domicilio el 19 de mayo de 2024 junto con su pareja, el excomandante sandinista Humberto Ortega, quien padecía graves problemas de salud. Desde entonces, sus familiares han perdido todo contacto con ella. El 30 de septiembre de 2024, Humberto Ortega falleció bajo custodia de la dictadura, lo que aumentó la preocupación sobre el paradero de Chavarría. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud de medidas cautelares el 23 de diciembre de 2024, alegando que Chavarría podría estar desaparecida y en grave riesgo.
Eveling Matus, propietaria de la agencia de envíos ASAP Nicaragua, fue detenida el 25 de junio de 2024 en Managua por agentes policiales que allanaron su negocio sin orden judicial. La Policía la trasladó al Distrito III, donde fue interrogada sobre su presunta vinculación con opositores al régimen y el supuesto uso de su empresa para ingresar chalecos antibalas en 2018. Desde entonces, su familia ha buscado información en el Sistema Penitenciario La Esperanza, pero las autoridades niegan su presencia.
La periodista nicaragüense y promotora de la lectura Fabiola Tercero Castro desapareció el 12 de julio de 2024, luego de que su vivienda en Managua fuera allanada por la Policía. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio, mientras organismos internacionales han denunciado su desaparición forzada y señalan al Estado como responsable.
Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, administradora del programa Apoyo Financiero Urbano y Rural de Cáritas Diocesana de Matagalpa, fue detenida el 10 de agosto de 2024 por agentes policiales, quienes la sacaron de una finca en Matagalpa sin presentar orden de captura ni informar los motivos de su arresto. Desde entonces, su paradero es incierto.
Carmen María Sáenz Martínez, abogada y exasesora en derecho canónico en la Diócesis de Matagalpa, fue detenida el 10 de agosto de 2024 por agentes policiales que allanaron su vivienda sin presentar una orden judicial. Tras su arresto, fue trasladada a un destino desconocido, y desde entonces sus familiares han intentado ubicarla en distintas dependencias policiales y penitenciarias sin éxito.
Nancy Elizabeth Henríquez, líder indígena miskita y diputada suplente del partido Yatama, fue detenida el 1 de octubre de 2023 mediante engaños y condenada en un «juicio exprés» dentro de la prisión de mujeres La Esperanza a ocho años de cárcel por «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas».
LA PRENSA/ARCHIVO
Evelyn Guillén, presa política en Nicaragua, fue excluida del grupo de 135 excarcelados enviados a Guatemala el 5 de septiembre de 2024 debido a una crisis de ansiedad provocada por el abuso en la administración de medicamentos dentro del penal La Esperanza. Según el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex), Guillén sufrió un colapso emocional al abordar el autobús que la trasladaría al aeropuerto, tras lo cual una funcionaria penitenciaria le suministró pastillas que la dejaron incapacitada para decidir sobre su salida.
Su estado de salud mental se ha deteriorado gravemente debido a las torturas sufridas en 2018 y la falta de atención psiquiátrica adecuada en prisión, a pesar de que la CIDH emitió medidas cautelares a su favor en agosto de 2024. Su proceso judicial ha estado marcado por irregularidades, incluyendo la modificación arbitraria de cargos y la falta de acceso a una defensa legal efectiva.
Medidas reflejan el doble discurso de la dictadura
A consideración de Yaritza Mairena, de la Unión de Presas y Presos Políticos (UPPN), el encarcelamiento de mujeres por razones políticas también responde a una forma de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia los movimientos feministas.
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“En este contexto, la situación actual de las mujeres presas políticas refleja una clara contradicción entre el discurso oficialista de Murillo y las acciones represivas que implementa, particularmente en la persecución y criminalización de opositoras”, señaló Mairena.
Desaparición de tres mujeres
Mairena expuso que las mujeres encarceladas enfrentan una violencia marcada por su género.
“En prisión, sufren agresiones que incluyen violencia sexual y reproductiva, además del impacto de la separación familiar. Asimismo, las autoridades penitenciarias imponen sobre ellas un sentimiento de culpa, castigándolas por no someterse a los roles tradicionales de género y por ejercer su ciudadanía, ya sea en el ámbito político o periodístico, como en el caso de Fabiola Tercero”, dijo Mairena.
