Tras cinco años de crisis política en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, logró imponer un clima de censura, sometimiento, exclusión, miedo y represión contra todo tipo de crítica, violentando un sinnúmero de derechos y libertades públicas de los nicaragüenses, pero también derechos humanos universales.
Casi todas las prohibiciones ilegales fueron impuestas originalmente de facto, pero en los últimos tres años la dictadura comenzó a aprobar reformas y leyes, para ajustar el marco jurídico a las arbitrariedades y represiones contra los opositores y críticos.
Aún así, se mantienen vigentes en la Constitución Política de Nicaragua los derechos a la libertad religiosa y de culto, libertad de expresión, libertad de información veraz, libertad de asociación, pero todos los días son violentados por la dictadura Ortega Murillo.
1. No protestar
En septiembre de 2018, la Policía orteguista declaró ilegales las protestas civiles por medio de una nota de prensa. En el escrito amenazó con cárcel a quienes convocaran y asistieran a las manifestaciones ciudadanas. Ese año murieron más de 300 personas por la represión policial contra los manifestantes civiles, según informes de organismos internacionales de derechos humanos.
Desde entonces, la Policía no permite ningún tipo de manifestación opositora en ninguna parte del país, ni siquiera de una persona levantando la bandera de Nicaragua en la calle y/o gritando «Viva Nicaragua». Cualquier manifestación de protesta es castigada con cárcel.
2. Libre movilización
La dictadura ha impedido de manera arbitraria que familiares de opositores y familiares de los mismos funcionarios orteguistas salgan del país. Uno de los casos más conocidos fue el de la mamá de la opositora y ex presa política, Ana Margarita Vijil, María Josefina Gurdián, mejor conocida como Pinita, a quien sin ninguna razón le impidieron salir de Nicaragua.
En septiembre de 2021, las autoridades migratorias nicaragüenses al servicio de la dictadura, impidieron que Gurdián viajara a Costa Rica donde iba a recibir un tratamiento médico por su padecimiento de cáncer. En ese momento, el personal de Migración le quitó su pasaporte y nunca se lo regresó. En agosto pasado Gurdián murió en Nicaragua, sin volver a abrazar a su hija que fue desterrada del país en febrero pasado, tras pasar más de un año presa por su oposición a la dictadura.
También fue bastante difundido el caso del periodista Mauricio Madrigal, jefe de prensa de Canal 10, que tampoco pudo realizar un viaje fuera de Nicaragua.
Igualmente se han conocido casos de funcionarios y de hijos de funcionarios que no pudieron abordar un avión para salir del país.
3. Derecho a tener un pasaporte
Cientos de opositores y periodistas nicaragüenses han denunciado que no les renovaron el pasaporte por estar en «una lista», por lo cual no tienen oportunidad de viajar ni salir legalmente del país.
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El derecho a tener un pasaporte queda a discreción de las autoridades migratorias al servicio de la dictadura Ortega Murillo.
4. Derecho a expresarse en las redes sociales
En los últimos cinco años, decenas de opositores y periodistas nicaragüenses han sido encarcelados, procesados y condenados por publicar expresiones críticas contra el régimen orteguista en las redes sociales. Además, con el propósito de criminalizar las expresiones críticas y manifestaciones de protesta, en 2020 fue aprobada la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, porque criminaliza las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación como «delitos contra la seguridad del Estado», con penas que oscilan entre uno hasta 10 años de cárcel.
5. Derecho a la salud
En 2018, por orientación de la dictadura orteguista, los hospitales públicos se negaron a atender a los manifestantes heridos de bala en su mayoría, por ataques armados de la Policía. El caso más emblemático fue el de Álvaro Conrado, un adolescente de 15 años que murió de un balazo en el cuello por falta de atención médica inmediata. Sus padres tocaron las puertas de varias clínicas y hospitales bajo el control del Estado, pero ninguno les abrió las puertas, porque el joven participó en las protestas estudiantiles.
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6. Derecho a una nacionalidad
Más de 300 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad por ser opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega, entre estos un grupo de 222 presos políticos, enviados en condición de destierro a Estados Unidos el pasado 9 de febrero.
La mayoría de los desnacionalizados viven en el exilio, sin embargo, hay algunos casos en que los afectados siguen dentro del país, pero son prisioneros en sus propias casas y también está el caso del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que sigue preso y fue desnacionalizado.
7. Derecho a elegir universidad
La dictadura ha cancelado 28 universidades privadas y las ha convertido en universidades públicas, pero pagadas. La última cancelación fue de la Universidad Centroamericana (UCA), dejando a sus estudiantes sin la continuidad de sus estudios, porque la universidad está cerrada. Quienes se inscribieron en otras universidades fueron rechazados.
La UCA y la también cancelada Universidad Politécnica (Upoli), son dos universidades donde la mayoría de sus estudiantes participaron en las protestas civiles de 2018. Desde entonces estos centros de estudio superior eran asediadas por la Policía y los líderes estudiantiles era perseguidos, hasta que fueron confiscadas por la dictadura.
8. Derecho a recibir cooperación externa
Desde 2018, han sido canceladas más de 3,500 organizaciones no gubernamentales (ONG), muchos de estas organismos sociales que trabajaban con financiamiento internacional, para ofrecer beneficios sociales, educativos y otras temáticas a la población.
Las cancelaciones arbitrarias de ONG, previo saqueo de sus oficinas, comenzaron en diciembre de 2018, sin embargo, fue hasta 2020 que se aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, llamada «Ley Putin» por los opositores, por su similitud con una ley que promulgó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para censurar a los medios de comunicación de su país. La Ley de Agentes Extranjeros dispone que todo aquel que reciba fondos de gobiernos, organizaciones o personas del exterior debe inscribirse como agente extranjero, y prohíbe que estos agentes participen en actividades políticas u ocupen cargos públicos.
9. Derecho a organizarse
En 2022 también se aprobó la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que estableció más requisitos para crear o renovar la personalidad jurídica de una ONG y también pasó la facultad de cancelar y controlar las ONG directamente al Ministerio de Gobernación, una institución que responde a los intereses de la dictadura.
Más de 3,500 ONG han sido canceladas desde 2018, muchas de estas dirigidas por personas que criticaban a la dictadura de Ortega.
Para los críticos, esto violenta los artículos 5, 103 y 49 de la Constitución Política de Nicaragua, sobre el derecho a la libertad de asociación.
10. Derecho a votar y elegir un presidente y vicepresidente
Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, las votaciones no tienen credibilidad, porque todo el sistema electoral está bajo el dominio de los miembros del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza el mismo Ortega. A partir de las votaciones municipales de 2008, los primeros partidos políticos opositores comenzaron a ser excluidos del proceso electoral, hasta llegar al año de votaciones presidenciales 2021, cuando los aspirantes presidenciales fueron encarcelados y todos los partidos opositores cancelados.
Ortega, de la mano de su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, han logrado retener el poder por 16 años, a través de manipulación de las leyes, fraudes electorales y violencia política.
11. Derecho a la libertad de culto
El régimen Ortega Murillo prohíbe las actividades públicas de la Iglesia católica, en medio de un contexto de persecución, amenazas y encarcelamiento de sacerdotes que se vive desde 2018 y que se recrudeció en 2022 tras la detención de más de 10 sacerdotes. Actualmente, siete se mantienen en la cárcel, entre ellos el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, uno de los más críticos contra el régimen de Ortega y que resistió la persecución y amenaza en el país hasta su detención.
12. Derecho a la información veraz
Todos los medios de comunicación de línea crítica e independiente han sido cancelados y confiscados.
La mayoría de los periodistas y jefes de medios han salido del país y muchos trabajan desde el exilio, debido a la persecución. Actualmente hay un periodista preso, Víctor Ticay, por informar sobre represión policial contra una procesión religiosas en Nandaime, Granada.
13. Derecho a la libre empresa
Las cámaras empresariales más importantes del país ya no existen en Nicaragua, entre estas el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y sus 18 cámaras, que fueron canceladas por el régimen orteguista en marzo de 2023.
14. Derecho a tu privacidad
La dictadura Ortega Murillo tiene una red de espionaje en todos los niveles. Particularmente en todos los barrios y sectores comunales funcionan los Consejos del Poder Ciudadano, conocidos como CPC, que vigilan a sus vecinos y ponen dedo contra quienes son opositores.
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15. Derecho a la seguridad jurídica para tus bienes
La dictadura de Ortega confisca arbitrariamente los bienes e inmuebles de ONG, de universidades, de empresarios, de organismos internacionales con sede en Nicaragua y hasta existe el caso de la embajada de Corea del Sur, que también fue ocupada por el orteguismo.
La mayoría de los 316 opositores desnacionalizados han reportado la confiscación de sus bienes, casas, negocios y otras propiedades.
