La bancada orteguista de la Asamblea Nacional propuso una Ley Especial del Ciberdelito con la que pretende criminalizar las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación como delitos contra la “seguridad del Estado”, con penas que oscilan entre uno a ocho años de cárcel.
La iniciativa fue presentada la mañana de este lunes 28 de septiembre a las 9:00 de la mañana ante la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, firmada por los 70 diputados del régimen orteguista.
En la exposición de motivos se señala que el objetivo es la “prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes”.
Se perseguirán a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicio al públicos, así como a bancos, aseguradoras y el resto del sistema financiero. La pena de cárcel será de uno a cuatro años.
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El régimen ha sufrido la filtración de documentos por parte de hakers informáticos que han revelado, por ejemplo, planillas de ministerios con supernumerario de empleados y megasalarios. También por medio de estas filtraciones fue revelado a la población los informes del Ministerio de Salud (Minsa) sobre la sutuación de la pandemia del coronavirus, cuyo contenido expuso la mentira de la dictadura sobre un bajo contagio en el país.
La dictadura de Daniel Ortega incluso por medio de la Ley del Ciberdelitos amenazará con uno a tres años de prisión para “la persona que ilegítimamente interceda cualquier tipo de comunicación escrita, o que utilizando la tecnología de la información y la comunicación, intercepte cualquier transmisión hacia, desde o dentro de un medio tecnolígico que no esté disponible al público”.
De esta forma se perseguirá a los funcionarios que faciliten documentos que la dictadura pretenda mantener censurado a los nicaragüenses, pero también a quienes las hagan públicas como los medios de comunicación.
Murillo concreta amenaza contra noticias que “incitan al odio”
Con este anteproyecto de Ley se concreta la amenaza de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien desde el estallido de la protesta antigubernamentales en abril del 2018, de perseguir a los ciudadanos que publiquen en las redes sociales los abusos contra la ciudadanía por parte de los grupos de choque, que para la dictadura son “noticias falsas”.
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En el artículo 30 de la iniciativa se considerará delito “la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”, lo que también amenaza el ejercicio del periodismo.
“Quien usando las tecnologías de la información y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se pondrá pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días de multa“, reza ese artículo, que está redactado con el mismo lenguaje de los discursos de Murillo.
Pablo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de sus redes sociales, advirtió que esta Ley del Ciberdelito “abre la brecha para criminalizar a ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos, como el uso de las “tecnologías” para divulgar “información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra”.
OJO: nueva iniciativa de Ley en #Nicaragua abre brecha para criminalizar ciudadanos y periodistas via tipos penales vagos como el uso de las “tecnologías” para divulgar "información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra". pic.twitter.com/TJcrztbFc3
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) September 28, 2020
Y es que la amenaza contra los ciudadanos y los medios de comunicación va más allá, por cuanto el mismo artículo 30 de la ley contempla de uno a tres años de prisión a quien, los jueces de la dictadura determinen de que con “la información falsa o tergiversada, perjudica el honor, prestigio, reputación de una persona o su familia”. Eso abre la vía para que los simpatizantes orteguistas puedan acusen vía judicial a periodistas alegando que las publicaciones contra la dictadura crean “zozobra”.
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El artículo 30 del anteproyecto busca censurar al periodismo independiente al criminalizarle, al crear el delito de “incitación al odio”, una práctica que Murillo como su esposo el dictador Daniel Ortega han acusado de cometer a los medios de comunicación independientes, por exponer la brutal represión contra las protestas ciudadanas desde abril del 2018, como de los abusos cometidos contra los derechos humanos, los fraudes electorales, la corrupción y la destrucción del sistema institucional en los más de 13 años que llevaen el poder Ortega.
El tercer párrafo de ese articulado se penaliza con penas de tres a cinco años de prisión (la más alta por información falsa), cuando la “publicación o difusión” “incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”.
PCIN: Pretenden silenciar al periodismo crítico
Sergio Marín Cuernavaca, de la asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), rechazó “categóricamente esta iniciativa de Ley que, en manos de la dictadura de Daniel Ortega es una daga expuesta en el cuello de cada nicaragüense”.
“Como periodista, personalmente no le temería a esa ley si aquí hubiera estado de derecho pleno, pero el objetivo real que se persigue es intimidar, coaccionar y que el periodista independiente se autocensure en el ejercicio de su profesión”, expresó Marín.
Para PCIN, “la dictadura fascista de Daniel Ortega administra las leyes a su antojo”, por lo que el ciberdelito, como se contempla “es inadmisible”. La asociación de periodistas denunciará “el atentado contra la libertad de expresión” de los nicaragüenses ante organismos de derechos humanos internacionales y en foros como la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Quienes deberían estarle temiéndole a esta ley son los miembros de los equipos del régimen, los propagandístas y simpatizantes, son los que promueven el odio en sus discursos y acciones, que son los que han partido en dos a esta sociedad”, afirmó el comunicador Marin.
Juan Sebastián Chamorro y José Dávila, de la Alianza Cívica, también identificaron una amenaza contra la libertad ciudadana. “Esta es una muestra más del cerco represivo de la dictadura, que está tratando de apretar a los opositores”, dijo Chamorro.
Dávila dijo que esta ley es una “ofensiva jurídico-represiva sin precedente” para ejercer el “control social extremo”. “Vamos para ser la Corea del Norte de Centroamérica”, afirmó Dávila.
Ataque a ciberactivismo
El politólogo Félix Maradiaga manifestó que la Ley del Ciberdelito tiene como principal objetivo frenar el ciberactivismo en las redes sociales, un espacio que ningún dictador ha podido controlar. También es un continuismo de la censura a la libertad de prensa, “porque el internet es el único espacio en este momento de libertad, donde los medios pueden seguir funcionando”.
“Recordemos que aquí a los medios (periódicos impresos) se les ha impedido incluso la importación de papel y de tinta y aún así, los medios han venido adaptándose a funcionar en medio de la gran represión y han encontrado en el internet su mecanismo de operación”, expresó Maradiaga. Observó que el régimen está utilizando los problemas reales como la trata de personas y el abuso infantil, para implemetar su maniobra de censura y bloqueo al ciberactivismo.
“El internet es el terror de los dictadores, porque es un espacio que no obedece a las reglas del poder a la que están acostumbrados los dictadores. Entonces es muy difícil, casi imposible controlarlo”, afirmó Maradiaga.
La iniciativa está redactada con un lenguaje sobrecargado de ambigüedades típicas del vocabulario de la cogobernante, Rosario Murillo, quien siempre habla de quienes “incitan al odio y a la violencia”, “ponen en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”, aunque ella desde 2018 ha justificado agresiones, asesinatos y ataques de los sandinistas contra los opositores.
Para Maradiaga la parte preocupante de la iniciativa son las tipificaciones del delito, mencionando, por ejemplo, el artículo 29, sobre la “provocación, apología e inducción a través de las tecnologías de la información y comunicación”, que establece que “quien haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, incite, instigue, provoque o promueva la comisión de delitos, ensalce el crimen o enaltezca a su autor o participes o se lo adjudique, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y doscientos a quinientos días de multas”.
“Entonces si el régimen tipifica a alguien como terrorista y una persona reproduce la opinión de quien el régimen tipificó como terrorista, eso quiere decir de que se podría emitir una orden de captura, según la lectura de la ley. O si alguien publica una noticia falsa, entonces, qué es noticia falsa donde no hay libertad de expresión”, advirtió Maradiaga.
Perseguirán en el extranjero
La pretensión de la dictadura es perseguir al ciudadano que le atribuyan el ciberdelito hasta en el extranjero, y para eso buscarán su extradicción. El artículo 43 del anteproyecto dice que “para efectos de la extradicción relacionada a la comisión de delitos tipificados en la presente ley, a falta de Tratados o Convenios internacionales de los que Nicaragua sea Estado parte, las condiciones, el procedimiento y los efectos de la extradicción estarán determinados en lo dispuesto en la Ley 406, Código Procesal Penal, lo cual se aplicarán también a los aspectos que no hayan sido previstos en los tratados o convenios respectivos”.
El Código Procesal Penal en el Título V norma lo relacionado a la extradición indicando “es activa o pasiva y alcanza a procesados y condenados como autores, cómplices o partícipes de delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional”. El proceso es autorizado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por solicitud de la Fiscalía.
Aunque por estar prohibido en la Constitución que los nicaragüenses sean extraditados por solicitud de otros gobiernos, cuando se les persiga por delitos cometidos en otros países, la dictadura de Ortega y Murillo creará un entramado legal para perseguir a sus detractores, sean nacionales o extranjeros, según la lectura de la iniciativa que hizo el diputado liberal, Maximino Rodríguez.
“Nicaragua no extradita a sus nacionales porque lo prohíbe la Constitución, pero la pareja presidencial en su utopía y locura, promueve leyes lesivas a los derechos humanos inalienables, porque quieren sancionar a los nicaragüenses como a ciudadanos extranjeros hasta cuando residan fuera, eso es consecuencia del fanatismo que los corroe”, dijo Rodríguez.