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CONTENIDO EXCLUSIVO.Profesionales como abogados, contadores, economistas, periodistas y cualquier otro que reciba un salario o financiamiento de una asociación, fundaciones o personas naturales que desarrollen actividades con fondos provistos por otras entidades, gobierno o personas en el exterior, serán considerados por la dictadura orteguista una potencial amenaza de injerencia a los asuntos internos de Nicaragua, por lo que, tanto el profesional como la organización, serán sometidos a la vigilancia en base a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Defensores de derechos humanos, economistas y juristas consultados por LA PRENSA, refirieron en que por el amplio concepto de “agente extranjero” del anteproyecto de Ley — como el hecho de que no habrá límites en la actuación de los funcionarios del Ministerio de Gobernación (Migob) — que será la entidad reguladora- prácticamente todos los ciudadanos serán sospechosos y por tanto expuestos a las represalias legales.
El jurista José Pallais explicó que por el alcance de esta ley, “por ejemplo, si vos trabajas como asesor, de secretaria hasta el vigilante en una ONG (Organismo No Gubernamental), cuyos programas, sea uno o todos sus programas, se financian con dinero de gente de afuera, entonces esa persona por el simple hecho de trabajar en esa ONG ya será un agente extranjero, y por tanto deberá registrarse, como tal en el Ministerio de Gobernación, donde quedará “fichado” como una amenaza para la seguridad del Estado”.
“La Ley Putin” propuesta por el orteguismo, considerada así por ser una copia de la legislación impuesta en 2012 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, criminaliza a todos los profesionales y a cualquier persona, nicaragüense o de otra nacionalidad, cuando las actividades que realicen involucren dinero que reciben de organismo o gobiernos extranjeros.
También serán afectados, aseguró Pallais, los abogados independientes o bufetes que sean buscados por asociaciones, empresas o un ciudadano común, ya sea que operen en Nicaragua o sean extranjeros, para que les realicen una evaluación jurídica sobre cualquier caso en el país. Como ese servicio jurídico será pagado con fondos provenientes del exterior, entonces el abogado y el bufete jurídico se convierte para el Ministerio de Gobernación en un sospechoso y por tanto le exigirán registrar todas sus actividades.
Lo mismo sucederá con quien realice asesorías igual a fundaciones, organizaciones o programas dirigidos, por ejemplo, para promover los valores democráticos o de cualquier otra índole como de desarrollo social o comunitario, si esa actividad se paga con dinero de ONG o gobiernos extranjeros, quedan sujetos a las obligaciones de la “Ley Putin”, afirmó Pallais.
La iniciativa de la “Ley Putin” orteguista la presentó la semana pasada la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ante la Asamblea Nacional. Está previsto que el martes 29 de septiembre inicie la consulta en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, proceso en el que solo participarían representantes de instituciones públicas como el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, la Unidad de Análisis Financieros (UAF), la Policía Orteguista (PO) entre otras. No habrá acceso al sector privado, a las ONG, medios de comunicación ni a otros sectores que han expresado su rechazo contra la norma, calificada de inconstitucional por anular los derechos a la participación política y de organización social.
Tampoco hay límites sobre el control y espionaje que practicará la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por medio de esta Ley que le copian a su aliado el presidente ruso, aseguraron los consultados.
Censura extrema
El ejercicio del periodismo es nuevamente criminalizado. Gonzalo Carrión, defensor de los derechos humanos, explicó que si un medio de comunicación obtiene recursos de sociedades de periodismo o establece programas de colaboración con otros medios de comunicación fuera del país, entonces queda “expuesto a la persecución, espionaje de sus finanzas como en riesgo de que se cierren las instalaciones de la radio, del periódico, el canal de televisión o las plataformas digitales” de periodismo, afirmó.
Carrión señaló que “los medios de comunicación, plataformas de información periodística que han surgido, sobre todo en el contexto de la represión desde abril del 2018, que se rigen con cooperación internacional, con todo derecho para difundir la verdad de los abusos que comete este régimen, caerán en la comisión del crimen de atentar contra la seguridad del Estado” por la “Ley Putin”.
El artículo 4 de la iniciativa incluye como parte del concepto de “sujetos obligados” a “personas que dentro de Nicaragua, actúen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de gobiernos, fundaciones, asociaciones, empresas o asociaciones extranjeras”, que sean pagados con recursos del exterior, proporcionados por asociaciones o gobiernos.
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Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, dijo que el periodista que ejerce su profesión de informar en un medio de comunicación tradicional, como el que se desempeña como relacionista público en empresas, fotógrafos hasta el técnico de informática, que esté contratado por una compañía, ONG, fundaciones o cualquier asociación, incluido una agencia de noticias internacionales, entonces queda obligado a registrarse ante el Ministerio de Gobernación porque el régimen lo considera “agente extranjero” operando en Nicaragua.
“Las voces que difunden la verdad serían perseguidas. Igual las iglesias que reciben cooperación internacional, sobre todo la católica porque el régimen la tienen como su enemiga, serían consideradas una amenaza para la seguridad nacional, porque los coloca como actores que buscan derrocar al gobierno por medio de la injerencia en asuntos políticos”, advirtió Carrión.
El objetivo del régimen es anular a los grupos opositores, a las ONG y a todo grupo que le hace frente a su sistema totalitario en demanda de justicia por los abusos a los derechos humanos en los 13 años de dictadura, pero en ese fin de “instaurará un sistema en el que cualquier podrá ser confiscado, enjuiciado y sentenciado por supuestamente ser un agente que interviene en los asuntos políticos internos, aún siendo nicaragüense”, dijo el jurista José Pallais.
Recetan cárcel por delitos contra la seguridad del Estado
Una vez aprobada y en vigencia la Ley, el Ministerio de Gobernación deberá crear el Departamento de Registro de Agentes Extranjeros. Se darán sesenta días a las organizaciones, personas y asociaciones para que voluntariamente revisen si sus operaciones caben en la regulación, y de ser así inscribirse. Aunque los funcionarios del ministerio podrán decidir discrecionalmente quiénes son “agentes extranjeros”, procediendo a notificarles que deben registrarse en un plazo de cinco días, con riesgo de ser multados de no hacerlo.
“En caso de que la persona física o jurídica, una vez notificada dentro del plazo de cinco días hábiles, no se inscriba el Ministerio podrá ejercer multas y cancelación de la personería jurídica a las autoridades competentes”, reza el artículo 13 del anteproyecto de ley. No se establecen el monto económico de la multa por lo que será lo que decida el funcionario de Gobernación, así como tampoco hay procedimiento de los criterios para que les despojen la personería jurídica a las asociaciones, fundaciones, ONG, empresas y medios de comunicación.
Esta ley supone una amenaza real para encarcelar a quien el régimen desee. El mismo artículo 13 indica que la sanción administrativa y económica que aplique el Ministerio de Gobernación contra quien califique como “agente extranjero”, serán adoptadas “sin perjuicio de la responsabilidad penal determinada por autoridad competente por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado”.
“El principio de presunción de inocencia se acaba en este país. Con esa ley, todos los nicaragüenses somos culpables de conspirar contra el régimen de Ortega y Murillo. El Ministerio de Gobernación no tiene capacidad para andar espiando a todos en el país, por eso la van a ejercer con criterios selectivos contra todo opositor, a un sandinista que se les voltee le van a caer”, dijo Pallais.
El registro de los sujetos obligados a enlistarse serán públicos en el sitio web del Ministerio de Gobernación, según la iniciativa. La información que deben presentar serán “el nombre del o de los gobiernos extranjeros, partidos políticos extranjeros, empresas y otras personas físicas o jurídicas que financien, proporcionen fondos, o de cualquier manera, faciliten medios económicos y materiales o de cualquier otro tipo que desempeñen su labor como agentes extranjeros”.
Diversos sectores han señalado que Ortega y Murillo quieren decidir quiénes serán los candidatos y el tipo de oposición a la que se le permitirá participar en las eventuales elecciones del 2021. La “Ley Putin” inhabilitará al ciudadano que reciba financiamiento exterior de ser candidato en las elecciones o ser empleado público. Igual restricción sufrirá el movimiento y partido político, coalición o alianza, los cuales también serán asfixiados económicamente al prohibirse en esa legislación, recibir recursos del exterior, sean de agencias o gobiernos, para desarrollar “actividades de política interna”.
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La Unión Europea, Estados Unidos, organizaciones opositoras, defensores de derechos humanos y juristas se han pronunciado contra esas acciones con las que Ortega y Murillo anula los derechos políticos de la Constitución Política del país, con el fin de allanar el camino para otro fraude electoran en el 2021 y perpetuarse en el poder.
Las iglesias expuestas
Una iglesia, sea católica, evangélica o cualquier denominación, que en Nicaragua reciba donaciones de personas particulares, de congregaciones religiosas y asociaciones de otros países, será considerada también por la “Ley Putin” orteguista, como “una amenaza a la seguridad del Estado”, por lo que igual estará obligada a registrarse como “como “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación.
El monto de la donación recibida, sea en dinero o en bienes, cómo se usarán y quiénes son los donantes o financiadores deberán reportarlos las congregaciones religiosas, de no hacerlo podrían ser embargadas, multadas e incluso abrirles procesos judiciales por violar la nueva ley.
“Se quiere con esta ley monstruosa cerrar la boca a los sacerdotes para que no sigan denunciando las arbitrariedades de este régimen, y exigiendo democracia, que sigan instando a unirse para conseguir un cambio de gobierno por la vía pacífica”, advirtió Carrión.
Ortega y Murillo están confrontados con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) al acusar a sus obispos de participar en el supuesto intento de “golpe de Estado”, como consideran las protestas antigubernamentales surgidas a partir de abril del 2018. Los obispos y sacerdotes católicos han sido acosados, amenazados y varios templos profanados y sufrido atentados, como el que ocurrió a la Catedral de Managua, el pasado 31 de julio.
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El control con las donaciones será total, debido a que para que sean utilizadas por las entidades que las reciban, deberán notificarlas primero al Ministerio de Gobernación, donde si se considere que se podría desviar el uso original para intervenir en temas político, entonces paralizarán las donaciones.
El artículo 8 de la iniciativa establece que las donaciones que reciban los calificados como agentes extranjeros” “no podrán ser utilizadas para financiar actividades no declaradas previamente; ejecutarlas sin registrarlas en el portal web” que habilitará el Ministerio. Tampoco se podrán cambiar el propósito previamente declarado” de las donaciones, sin el visto bueno del régimen.
La dictadura prohibirá que las personas físicas o jurídicas inscritas como “agentes extranjeros” recibir donaciones anónimas.
El jurista y exembajador Carlos Tünnermann cuestionó que se pretenda criminalizar sobre todo la labor de las ONG solo por recibir cooperación externa, sin que se midan las consecuencias que tendrá en la población, porque la persecución del régimen causará que muchas organizaciones prefieran suspender y cancelar programas de asistencia humanitaria.
“La gente que trabaja en promover los derechos humanos, en ayudar con programas de educación, salud a llevar esa asistencia a poblaciones en áreas de pobreza, será afectada, todo porque se criminaliza la cooperación que reciben las ONG para servir al pueblo, a la ciudadanía, en la defensa de las niñez, proporcionando viviendas y techos. Mucha gente pobre sufrirá si las ONG deciden cerrar para no exponerse” a la represión, dijo Tünnermann,