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CONTENIDO EXCLUSIVO.Inhabilitar a los candidatos opositores de las próximas elecciones presidenciales, realizar confiscaciones de forma administrativa y anular los derechos de los nicaragüenses a participar en política y sus libertades cívicas son los objetivos que identificó el constitucionalista Gabriel Álvarez en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que controlará el financiamiento que reciben asociaciones y organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, empresas y movimientos políticos, y que es promovida por el dictador Daniel Ortega.
“Hay un despropósito en esta ley. No es la manera legítima para defender la soberanía cuando se están violentando los derechos ciudadanos otorgados en la Constitución, porque esta ley lo que trata es de menoscabar los derechos de participación política y eventualmente eliminar las candidaturas de los opositores, que supongan un peligro para que el señor Ortega se mantenga en el poder», afirmó Álvarez.
Los diputados orteguistas presentaron en la Asamblea Nacional la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros para acabar la «injerencia extranjera en los asuntos internos» del país.
Según la iniciativa, se considerará como potencial «agente extranjero» y como una amenaza para la seguridad del Estado a «todo nicaragüense o de otra nacionalidad» que reciba dinero u otro tipo de bienes, sea por trabajo, financiamiento o donación, de asociaciones, organizaciones o gobiernos externos.
Para Álvarez, el orteguismo manipula la historia sobre las intervenciones militares que ha sufrido el país, así como la sentencia de la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos por la guerra promovida en la década de los ochenta en Nicaragua, y los tratados internacionales para justificar que se requieren mayores mecanismos para defender la soberanía de posibles injerencias extranjeras.
El reforzamiento de las leyes para actuar en contra de los sectores opositores lo hace el régimen ante el hecho de que la comunidad internacional no ha dudado en señalar al orteguismo de abusos contra los derechos humanos, y represión aumentada desde el inicio de las protestas sociales en abril del 2018.
Con el amplio concepto de que cualquier nicaragüense sería un “agente extranjero” por recibir financiamiento externo se «vacían los derechos constitucionales fundamentales que permiten la participación directa en asuntos políticos», afirmó Álvarez.
Esto significa que mediante una ley ordinaria se le quitan de facto derechos consagrados en la Carta Magna, lo cual, dijo el jurista, es ilegal, ilegítimo y contraviene el Estado de derecho.
Invasión a Ley Electoral
Álvarez señaló «de grave» que los legisladores orteguistas pretendan que esa propuesta de Ley sobre Agentes Extranjeros prohíba a los ciudadanos ser candidatos en las elecciones u ocupe un cargo público, pues con eso se invaden las regulaciones de la Ley Electoral. Además, se cometerá otra violación debido a que la Ley Electoral es de rango constitucional, por lo tanto no puede venir otra norma inferior a anularla.
«Con el concepto amplio y vago, prácticamente todos en Nicaragua serán encasillados como agentes extranjeros. Al inhibirles de esa manera de participar en política, es para no permitir que en el proceso electoral de noviembre haya organizaciones, candidatos opositores que enfrenten la contienda con probabilidades serias de ganar», afirmó Álvarez.
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El artículo 12 de la propuesta de ley del «agente extranjero» prohíbe «so pena de sanciones legales», a quien el Ministerio de Gobernación califique como tal, de «intervenir en cuestiones, actividades o temas políticos internos».
«Tienen también prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier otro tipo de organización» y «tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos, candidatos a cargos públicos de cualquier índole», según el proyecto legislativo.
El constitucionalista señaló que con eso el régimen pretende anular los derechos del artículo 48 de la Constitución que garantiza «la igualdad de condiciones» en el goce de sus derechos políticos». Además, se violan el artículo 50, 52, 53 y 55 de la Carta Magna en los que se garantiza que todos los nicaragüenses tienen derecho a participar en asuntos públicos, el derecho a elegir y ser electo en elecciones, como a organizarse o afiliarse en partidos políticos.
Álvarez sostuvo que el régimen orteguista pretende decidir quiénes serán sus contendientes en las eventuales elecciones del 2021, decidiendo desde ya quitar la oportunidad a personas y movimientos políticos que, tras la rebelión ciudadana, gozan de gran respaldo de la ciudadanía.
«La Ley Electoral, que repito es de rango constitucional, es la única que puede regular quiénes son candidatos en las elecciones, no puede venir el legislador a inventar otra cosa con otra ley ordinaria para censurar a personas u organizaciones opositoras que no quiere el Gobierno tener en la boleta electoral», cuestionó el constitucionalista.
Álvarez insistió que el contenido de la iniciativa de ley de «agente extranjero» atenta contra el derecho de participación política. «La idea es eliminar candidaturas eventuales en el 2021 y controlar la participación, amenazando a todas las organizaciones que han surgido de las protestas sociales, y a sus miembros como posibles candidatos, quitar de en medio a candidatos potables que amenacen a Ortega» en su afán de perpetuarse en el Gobierno, dijo.
Confiscación administrativa
La iniciativa de Ley de Regulación del Agente Extranjero faculta a las autoridades del Ministerio de Gobernación a congelar los fondos y los bienes de las personas y asociaciones que reciban financiamiento de agencias, organismos o gobiernos del exterior, si estas no se inscriben y reportan los recursos y su uso.
«Quedamos debilitados como ciudadanos como tales», advirtió el constitucionalista Álvarez. Esto es porque el orteguismo podrá a través del Ministerio de Gobernación confiscar administrativamente los bienes y dinero de personas u organizaciones que, discrecionalmente, determinen como infractor.
La ley le da un poder excesivo al Ministerio de Gobernación y en la práctica vemos que a los periodistas Miguel Mora y Carlos Fernando Chamorro les intervinieron y confiscaron sus medios de comunicación por vía administrativa.
Con esta ley (del agente extranjero) «la medida administrativa para congelar las operaciones financieras de cualquiera esconde una medida confiscatoria», sostuvo Álvarez.
