La iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros propuesta por Daniel Ortega es inconstitucional y atenta contra los Derechos Humanos de los nicaragüenses, entre ellos la Libertad de Expresión, así lo analizan Defensores de Derechos Humanos y periodistas.
Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, indica que esta ley es la continuación de la represión y la persecución del régimen de Ortega que ya lleva 29 meses. Indicó que al hablar de candidaturas a meses de las elecciones tiene “dedicatoria” y en este punto, al prohibir la participación política es contraria a lo establecido por la Constitución.
“No puede cambiar lo que está dispuesto en la constitución. Está con dedicatoria, porque menciona incluso alianzas, coaliciones, etc. Está en el orden de la participación política, desde ya 14 meses antes de las elecciones previstas por calendario institucional en noviembre de 2021 y a estas alturas ni siquiera está garantizado que la población pueda para esa fecha ejercer su derecho universal de votar para elegir sin miedo a nada”, expresó Carrión.
“Esa ley busca cómo aplastar las expresiones de organización ciudadana, de participación política que es un derecho constitucional, es un derecho político protegido universalmente”, agregó.
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Comentó que la ley es contraria a la constitución porque en ella se establece que los nicaragüenses son los nacidos en el territorio, hijos de nicaragüenses y los nacionalizados, sin embargo la propuesta de ley define una nueva categoría. “Ellos establecen que nicaragüense vinculados por cooperación, para asistencia financiera para el funcionamiento de organizaciones los define como agentes extranjeros, desnaturalizando y distorsionando la condición de nicaragüense”, dijo.
“La rechazamos por ser violatoria de los derechos humanos, de la organización política, de nuestra condición de ciudadanos, del ejercicio de nuestra propia identidad, de participar en los asuntos públicos del gobierno, de reclamar nuestros derechos, de vivir en libertad”, indicó Carrión.
Criminalizar el apoyo internacional
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) emitió un comunicado en el que indica que esta iniciativa de ley criminaliza la cooperación de organizaciones internacionales y gobiernos amigos que apoyan el desarrollo humano
“La cooperación internacional apoya proyectos, el mayor número de esta cooperación es para los estados, pero también apoya iniciativas de la sociedad civil para reducir la pobreza, aumentar el conocimiento, habilidades, capacidades de liderazgo social en comunidades y barrios, la asistencia y acompañamiento y denuncia pública de defensoras de derechos humanos, de periodistas independientes, que facilitan el acceso a la información y la discusión de la información”, se lee en el comunicado.
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Resaltaron que con los últimos años han crecido los medios independientes y proyectos de periodistas que reciben el apoyo internacional y que entrarían de aprobarse en la ley en la categoría de agentes externos.
La CPDH señaló que este tipo de ley se ha visto en países como Cuba, Venezuela para limitar el ejercicio de los ciudadanos a defender sus derechos, evitar que los ciudadanos tengan acceso a información más allá de la oficial y controlar las organizaciones de la sociedad civil.
Intención confiscatoria
Coincide con la CPDH el periodista Alfonso Malespín quien enfatiza que el punto de partida del anteproyecto de ley es una sospecha de que personas y organismos civiles o privados son agentes extranjeros que cometen injerencia y que violan la seguridad del estado. “Si de entrada te tratan como delincuente ya te podes imaginar todo lo que viene después”, comentó.
Malespín señaló la intención confiscatoria del anteproyecto de ley, que también va en contra de la Constitución “Uno de los artículos de esta ley manda que si el Ministerio de Gobernación que es la entidad que va implementar esta ley considera que es desacatada esta ley entonces pueden confiscarte, además de enjuiciarte penalmente si así lo deciden”, explicó.
Tres prohibiciones
Manifestó que el anteproyecto de ley establece tres prohibiciones para los agentes extranjeros: prohíbe que aun siendo nicaragüense opinen sobre asuntos internos de Nicaragua; que uses tus recursos, tu patrimonio para financiar organizaciones políticas, que es un derecho que tiene cualquier nicaragüense; y en tercer lugar te inhibe de participar como funcionario o candidato de elección popular.
Efecto profundo en la libertad de expresión
Consideró que el derecho a la libertad de expresión se vería afectado porque periodistas y medios que reciban apoyo internacional podrían ser considerados agentes externos.
“Dado que reciben esta colaboración entonces los medios tendrían que reportarse como agente externo. Más aún los medios de departamentos y municipios que reciben financiamiento para comprar equipos como transmisores, consolas, cámaras, para los canales de televisión. Cualquier equipamiento que se reciba del exterior convierte automáticamente a estos medios en agente externo”, detalló Malespín.
En este caso se limitaría la capacidad de informar plenamente en Nicaragua.
