Con la confiscación ilegal y traspaso al INSS de nueve lujosas casas costaneras valoradas en 15 millones de dólares en playa El Gavilán, municipio de Tola, Rivas, a nueve jubilados estadounidenses reportada esta semana por el medio Confidencial, el apetito confiscatorio de la dictadura adquiere una nueva dimensión.
Entre el 9 de agosto de 2024 y el 9 de octubre de 2026 la Procuraduría General de Justicia le “donó” un total de 372 propiedades al INSS, según confirmó la investigación de Confidencial, la mayoría fueron confiscadas a opositores desterrados; pero algunas a ciudadanos norteamericanos, lo que ha encendido las alarmas en Washington.
A diferencia de los años 80, ahora todas las confiscaciones ejecutadas por la PGJ se ocultan bajo nuevos números catastrales que se mantienen en secreto con el fin de dificultarles el posterior reclamo a sus legítimos dueños. La mayoría de las propiedades confiscadas están localizadas en el departamento de Managua, 131; seguida por Rivas con 104. El novedoso método de robo es como si te roban un carro y le cambian el número de serie tanto al chasis como al motor.
En el pasado, la dictadura ha regalado a las alcaldías y a otras instituciones 480 propiedades en las que no les ha suprimido los datos primordiales que ubican las propiedades, tales como linderos, el número catastral y la historia registral, pero en el caso de las nuevas “donaciones” al INSS, como las de los estadounidenses confiscados recientemente y las de los expatriados, las ha ocultado para dificultar los trámites de reclamo posteriores.
Resulta interesante y revelador que muchas de las propiedades recientemente confiscadas como las de los 9 estadounidenses están ubicadas a lo largo de las playas de Rivas, que ahora con la construcción de la Carretera Costanera se han vuelto más accesibles y seguramente han incrementado su plusvalía.
El hecho de que se las hayan ofrecido en alquiler a sus legítimos dueños, además de ser una cruel ironía, revela que el INSS está buscando cómo obtener réditos inmediatos de estas “donaciones” para compensar sus vastas pérdidas operativas. Es lógico que no las intenten vender a terceros, porque al conocerse por vox populi su origen mal habido, es muy improbable que alguien se atreva a comprarlas.
La misma fórmula: la PGJ confiscando y donando el botín al INSS, ha sido utilizada para confiscar todas sus propiedades a 454 nicaragüenses que han sido desnacionalizados a partir del vuelo de los 222 exprisioneros políticos el 9 de febrero del 2023.
Tampoco le ha bastado a Roberto López, presidente ejecutivo del INSS, confiscar ilegalmente cientos de pensiones de vejez de opositores cruelmente desterrados, que es el fruto de los ahorros de toda su vida laboral, sino que presta la institución para ocultar el robo de propiedades de una nueva piñata.
No está claro si los Estados Unidos, que tanto celo ha demostrado en el pasado para defender los intereses de sus ciudadanos, hará algo más que advertir a los incautos que invertir en Nicaragua es un juego sumamente riesgoso.
Los estadounidenses habían construido sus casas de verano a inicios de los años 2000 y se basaron en la “Ley 690 para el Desarrollo de Zonas Costeras” para pagar a la Alcaldía de Tola el contrato de arriendo de los terrenos costeros, pero el contrato fue cancelado por la Alcaldía en el 2026 y luego les quitaron las lujosas casas con todos los objetos personales y enseres, quedando además en el desempleo unas 15 familias que trabajaban en dichas propiedades.
Un reciente informe del Departamento de Estado advirtió a sus ciudadanos que deben de actuar con “extrema precaución” al invertir en Nicaragua. En una reciente alerta de viaje recordó que “las autoridades nicaragüenses podrían incautar bienes, incluyendo terrenos, viviendas, dinero en efectivo y activos financieros, sin previo aviso ni justificación legal”.
Lamentablemente, la advertencia llegó tarde para los 9 jubilados norteamericanos que invirtieron sus ahorros de buena fe en Nicaragua en una época de gobiernos democráticos y no tenían forma alguna de imaginar la dictadura que se instalaría en Nicaragua, a partir del 2007, gradualmente, y después de abril del 2018, a galope.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue codirector de LA PRENSA de 1981 a 1984.
