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CONTENIDO EXCLUSIVO.En la Asamblea Nacional a los únicos que se les permitirá opinar sobre la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es a los representantes de las instituciones públicas bajo control de la dictadura. Al régimen no le interesa someter a un amplio debate las nuevas medidas de control que ejercerá contra las asociaciones, organizaciones y empresas.
Los que han sido citados para participar en la consulta a la iniciativa de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros son los funcionarios de la cancillería, la Policía Orteguista, Fiscalía, Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Ministerio de Gobernación, según fuentes legislativas consultadas por este Diario.
De este proceso se encargará la Comisión de Economía del Legislativo, cuyo presidente, el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, aún no ha establecido fecha para iniciar la consulta de la ley que impulsa la bancada orteguista.
Consultas podrían iniciar la próxima semana
Azucena Castillo, diputada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y miembro de la Comisión Económica, dijo a LA PRENSA que «probablemente» se les cite para el próximo martes 29 de septiembre.
Según fuentes legislativas, la bancada orteguista no permitirá que los sectores de la sociedad civil, cámaras empresariales o movimientos sociales y partidos políticos expongan sus críticas hacia el nuevo sistema de control y espionaje que han denunciado pretende instaurar la dictadura de Daniel Ortega.
«Si acaso se llamará a los sindicatos, a los movimientos de periodistas, pero que son sandinistas, y eso para aparentar que hubo una amplia consulta», afirmó un funcionario de la Asamblea, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.
Castillo, exministra de Comercio, dijo que espera que el régimen «retroceda» y no se apruebe la propuesta de ley, «porque sus consecuencias serán nefastas, no solo porque se violentarán más los derechos ciudadanos, las libertades, sino porque supone una grave amenaza para que a este país siga llegando financiamiento del exterior».
📌Bajo la calificación de “agentes extranjeros”, la iniciativa, de convertirse en ley, permitirá sancionar a líderes y lideresas nicaragüenses, amenazando su derecho a la libertad de expresión y asociación, a la protesta social y a participar de los asuntos públicos. #MESENI
— CIDH – IACHR (@CIDH) September 24, 2020
La iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros fue presentada el pasado martes por los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Se considerará potencial «agente extranjero» a todo ciudadano nicaragüense y de otra nacionalidad que reciba dinero u otro tipo de bienes, sea por trabajo, donación y financiamiento, de asociaciones, organizaciones o gobiernos extranjeros.
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El objetivo, según el documento, es acabar con el «injerencismo extranjero» en los asuntos internos de Nicaragua. El régimen podría llegar al extremo de criminalizar a las empresas, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, así como a personas naturales que reciban cooperación externa, con el supuesto de que representan una amenaza para la «seguridad del Estado».
«No sé por qué mandaron esa propuesta a la Comisión Económica, ya que siendo sus alcances más de acciones políticas, le corresponde más a la de (Comisión) Justicia. Siento que están dejando fuera a los sectores sociales, a los empresarios y a todo el que está denunciando que esto es una clara violación constitucional. Esto confirmaría que a este Gobierno le importa poco que el país se vaya al despeñadero, con tal de que Daniel Ortega siga en el poder», dijo Castillo.
La Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) así como defensores de los derechos humanos, han denunciado que el régimen pretende inhabilitar a los sectores opositores de participar en las eventuales elecciones del 2021. La Ley propuesta prohíbe que los calificados como «agentes extranjeros» participen en actividades políticas, así como optar a cargos públicos.
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CIDH: Atenta contra libertades
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros del orteguismo, al considerar que de ser aprobada «permitirá sancionar a líderes y lideresas nicaragüenses, amenazando su derecho a la libertad de expresión, asociación, a la protesta social y a participar en los asuntos públicos».
La CIDH en el pronunciamiento, en sus redes sociales, urgió al «Estado de Nicaragua a impedir que este proyecto» avance, denunciándolo como «una estrategia más amplia de cierre de los espacios democráticos».
